Estamos más que acostumbrados a comprobar que la igualdad formal recogida en algunas -que no en todas- leyes y en algunas -que no en todas- políticas públicas se queda en mero papel mojado sin ningún reflejo en la realidad, donde la brecha de desigualdad de género no sólo no mengua sino que se va agrandando con el paso del tiempo.
Hace tiempo que se demostró la inexistencia de las políticas neutras en materia de género; cuando se legisla o se planifican políticas pretendidamente neutras lo que ocurre realmente es que no se atacan las causas y por ello se perpetúa y ensancha la brecha de la desigualdad.
Existe una Ley, la 30/2003 heredera de los compromisos internacionales que en materia de igualdad se tomaron en la conferencia de Beijin y los que se recogen en el Tratado de Amsterdam o en la carta de derechos fundamentales de la cumbre de Niza y aunque apenas cabe en un folio señala que los anteproyectos de cada Ley o reglamento deberán incorporar un estudio de impacto de género, es decir, una previsión de cómo cada norma afectará diferencialmente y en qué sentido lo hará a hombres y a mujeres.
No todas las leyes incorporan el estudio de impacto de género al que obliga la 30/2003. La primera Ley de Presupuestos Generales del Estado que lo hizo fue la del año 2009. Más vale tarde que nunca.
Ni que decir tiene que la reciente normativa que el Gobierno ha dado en llamar medidas para salir de la crisis no incluye informe de impacto alguno, ni de género ni de ningún otro calibre con lo que desconocemos el impacto que puedan tener sobre los y las trabajadoras de forma diferencial. Ni los recortes del RDL 8/2010 ni la Reforma del Mercado de Trabajo RDL 10/2010 dan cuenta de nada de esto y la Ministra de Igualdad, hasta la fecha, tampoco se ha pronunciado, que sepamos, en ningún sentido.
Tenemos la impresión de que no sólo se toman medidas improvisadas que no corrigen el orden neoliberal sino que sumergen en él a nuestra sociedad y lo mismo ocurre con el sistema patriarcal. Nos tememos que la brecha de desigualdad aumentará drásticamente con estas mal llamadas soluciones a la crisis que no lo son.
Han congelado las pensiones pero la pensión media de una mujer es el 69% de la de un hombre. El extinto cheque bebé, si bien era una medida arbitraria en la que no se hacía distinción de renta ni situación, lo cierto es que su retirada incumple un compromiso que afecta a las mujeres que están embarazadas.
El índice de temporalidad de las empleadas públicas es casi cinco puntos mayor que la de sus compañeros.
Gran parte de los 800 millones menos que el Gobierno detraerá entre 2010 y 2011 de la ayuda oficial al desarrollo va destinada a proyectos que inciden en la mejora de la calidad de vida de las mujeres y la infancia de los países empobrecidos. “La clase política ha mentido a la sociedad civil incumpliendo sus compromisos y este sector tiene que redoblar los esfuerzos para evitar que se vean afectados los más vulnerables". Ésa fue una de las conclusiones a las que llegaron los cerca de 80 directores/as y presidentes/as de ONGD y CCAA reunidos en Madrid junto a la Coordinadora ONGD-España.
Las mujeres que han desarrollado casi en exclusividad el rol de cuidadoras de personas dependientes durante años y que por ello han visto mermadas sus posibilidades de incorporación al mercado laboral o su permanencia dentro de él no obtendrán las prestaciones de la dependencia que, de alguna manera, podían compensar esta merma para su carrera profesional.
Por otra parte, no invertir en materias como la salud, la educación, los cuidados y la protección social a parte de incidir negativamente en los colectivos afectados con incidencia en el aumento de la pobreza femenina, contribuye a la debilitación y precarización de nichos de empleo mayoritariamente femeninos.
Por último el incumplimiento de los acuerdos negociados pone en peligro el derecho a la negociación colectiva de los empleados y las empleadas públicas y de la clase trabajadora en general. Hoy no sólo se ven amenazados los acuerdos en materia salarial, contratación, despido o condiciones de trabajo sino que también y por si fuera poco queda comprometida la posibilidad de implementación de planes de igualdad negociados en las empresas y en las Administraciones.
Una razón más para acudir a la huelga el próximo día 29 de septiembre.
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