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2016: el año en que la Directora General de Justicia y el Gobierno PSOE-CHA recortaron en Juzgados de Violencia sobre la Mujer


30 dic 2016


Tiene guasa que un gobierno supuestamente progresista haya sido el que, tras años de crisis económica, haya recortado el salario de funcionarios destinados en los Juzgados de Violencia sobre la mujer, pero así ha sido. El año que acaba ha sido el de la tremenda injusticia con los funcionarios y funcionarias del Juzgado de Violencia 1 de Zaragoza. Pese a realizar su trabajo como siempre el empeño de María Angeles Julvez, Directora General de Justicia e Interior de Aragón,  en aprobarse un plan de actuación diferente del aprobado desde 2009 hasta 2015 inclusive les ha supuesto que en relación con el primer trimestre del año 2016 su complemento retributivo haya sido mucho menor, entre 60 y 90 € al mes. Y todo ello con la anuencia del Sr. Consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Guillén y del Gobierno PSOE-CHA.  Una minucia, para éstos, pero algo fundamental en las retribuciones de unos funcionarios y funcionarias que tienen que dar la cara día a día en un juzgado que no es precisamente una balsa de aceite.

Hasta el año 2015 en Plan de Actuación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer establecían tres tramos para tener derecho al cobro mensual del complemento:
-          Primer tramo: Juzgados cuya carga de trabajo en cómputo anual supere las 600 diligencias previas y/o 213 diligencias urgentes.

-          Segundo tramo: Juzgados no incluidos en el grupo anterior, cuya carga de trabajo en cómputo anual supere 100 diligencias previas y/o 100 diligencias urgentes.

-          Tercer tramo: Juzgados no incluidos en el grupo anterior, cuya carga de trabajo, en cómputo anual, supere 40 diligencias urgentes.

Tramos
Médicos Forenses
Gestión P. y A.
Tramitación P. y A.
Auxilio Judicial
Primer tramo
60
191,80
150,70
109,60
Segundo tramo
60
123,30
95,90
68,50
Tercer tramo
60
89,05
68,50
47,95

En la negociación del plan de violencia para este año 2016 la Directora General de Justicia propuso la modificación de estos tramos, que quedarían de la siguiente forma:

-          Primer tramo: Juzgados cuya carga de trabajo en el año 2015 en cómputo anual supere las 360 diligencias urgentes.

-          Segundo tramo: Juzgados no incluidos en el grupo anterior, cuya carga de trabajo en el año 2015 en cómputo anual supere 36 diligencias urgentes.

Tramos
Médicos Forenses
Gestión P. y A.
Tramitación P. y A.
Auxilio Judicial
Primer tramo
60
191,80
150,70
109,60
Segundo tramo
60
89,05
68,50
47,95

Es decir, ya de inicio la Directora General planteaba un incremento muy sustancial de las diligencias urgentes para tener derecho a cobrar el primer tramo sin justificación alguna, aunque ella lo que realmente quería era suprimir directamente el Plan de los Juzgados de Violencia.

En la reunión del día 2 de junio, y al texto del acta nos remitimos, la Directora General “advierte” que ha habido un error en el texto de su propuesta, y que las diligencias urgentes a tener en cuenta ya no son las de cómputo anual del año 2015, sino trimestrales este año, es decir, de 90 diligencias urgentes para cobrar el primer tramo. Esto, evidentemente, no es un error mecanográfico después de meses negociando el complemento para los Juzgados de Violencia, ni puede traerse de repente a una mesa de negociación sin previa remisión a las organizaciones sindicales para su estudio. Pero la Directora General  así lo hizo. Según consta el acta de la Mesa, las organizaciones sindicales inicialmente rechazamos el cómputo trimestral por entender que el cómputo debe ser anual, pero tras la propuesta del Secretario General Técnico sobre que el plan tendría carácter retroactivo a 1 de enero (otro de los caballos de batalla de la negociación, cuando hasta que llegó María Angeles Julvez a la Dirección General de Justicia no había habido ningún problema en aprobar el plan en octubre y cobrarlo desde enero del mismo año), las organizaciones sindicales  aceptamos el plan, condicionado a dicho carácter retroactivo. Caímos en la trampa preparada por la Directora General de Justicia, sobre el cómputo trimestral.  

En este blog ya hemos contado reiteradas veces la historia del desencuentro entre las organizaciones sindicales y la Directora General de Justicia en esta materia, como en tantas otras, y adjuntamos enlaces al respecto al final de este post. A nuestro juicio, ni estaba justificado aumentar el número de juicios rápidos en ratio anual para tener derecho a cobrar el primer tramo del complemento establecido, tal y como se había hecho hasta el año 2015 inclusive, ni existía justificación para dividir esta ratio por tramos trimestrales para tener derecho a cobrar cada trimestre. Si a ello añadimos que la Directora General de Justicia sabía perfectamente, cuando propuso en la mesa sectorial del 2  de junio, que el Juzgado nº 1 de Violencia de Zaragoza no llegaba a la ratio trimestral propuesta  para tener derecho al cobro del primer tramo, y que ocultó dicha información a los representantes de las organizaciones sindicales, haciendo caso omiso a la denuncia inmediata del principio de acuerdo alcanzado en dicha mesa sectorial, y que siguió adelante con la tramitación de un texto rechazado por todos menos por ella misma, su complot para ahorrarse 4 euros a costa de unos pocos funcionarios y funcionarias destinados en un Juzgado con competencia en materia tan sensible y que precisa de plantilla consolidada y experta  es digno de todo elogio… salvo que quien lo lleva a cabo es la alta responsable del Gobierno de Aragón PSOE-CHA, supuestamente progresista,  en materia de Administración de Justicia. Y a todo esto, el Plan de Actuación, pese a que está ya siendo abonado, no ha aparecido publicado en el BOA ni en la página web del Gobierno de Aragón, y seguimos desconociendo el texto de los informes del Consejo General del Poder Judicial sobre dicho plan, así como el de intervención de la DGA previo al Consejo de Gobierno que supuestamente lo aprobó.

Pero veamos lo injusto del criterio impuesto por la Sra. Directora General de Justicia, con las cifras del Juzgado de Violencia 1 de Zaragoza, cuyos funcionarios y funcionarias han sido los damnificados por la política de este Gobierno. El plan de actuación que supuestamente ha aprobado el Gobierno de Aragón establece que para tener derecho a cobrar el primer tramo del plan de violencia hace falta haber tramitado 90 diligencias urgentes en el trimestre. Según datos facilitados por dicho Juzgado, durante el primer trimestre tramitaron 84 diligencias urgentes (el equivalente al 93 %  del primer tramo), razón por la cual por los tres primeros meses del año 2016 han cobrado entre 60 y 90 € menos al mes. La Directora General de Justicia no ha querido tener en cuenta que este año la semana santa cayó en el mes de marzo, y que por ello Duds correspondientes a marzo se registraron en abril.

Los datos dicen mucho más. En el segundo trimestre de 2016 se tramitaron 169 Duds, lo que equivale a un 187 % del mínimo establecido para tener derecho a cobrar el primer tramo. En el tercer trimestre 157 Duds, lo que equivale a un 174 % sobre dicho mínimo; y en los dos primeros meses del cuarto trimestre ya superaban en 10 el número mínimo de 90 diligencias urgentes. ¿Y qué pasa con este exceso, Sra. Directora? Tras faltar en el primer trimestre un exiguo 7 % de las diligencias urgentes para tener derecho a cobrar el primer tramo, ¿cómo va a compensar que en los siguientes trimestres se haya excedido en más de un 75 %  la ratio mínima para tener derecho a cobrar el primer tramo del plan de violencia? ¿No sería más justo establecer que, si en el cómputo anual, el número de diligencias urgentes supera un determinado porcentaje (un 40 %, por ejemplo) el establecido para cada tramo, se tiene derecho a cobrar el tramo durante los cuatro trimestres, cualquiera que sea el número de diligencias tramitadas en cada trimestre? Porque si en su día se estableció que el plan de actuación era sobre cómputo anual fue precisamente para evitar las disfunciones que festividades como semana santa o navidad crea en las estadísticas de los juzgados de violencia, pues en días festivos permanecen cerrados. ¿No cobran los Letrados de la Administración de Justicia su productividad en términos semestrales, para evitar precisamente lo que nos ha pasado este año?

Si la Directora general de Justicia y el Consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón tuviesen  la Justicia como algo más que el apelativo de su cargo, deberían reconocer con carácter retroactivo lo propuesto en el párrafo anterior, e incluirlo en el próximo acuerdo de violencia. Y no es mucho pedir, pues el dinero presupuestado para la cantidad que han dejado de pagar existe, simplemente hace falta voluntad. Y no se olviden que queda mucha legislatura por delante, para proyectos muy ambiciosos para el que precisan de un clima absolutamente distinto del que han creado con este y otros muchos temas. Tiempo tienen para solucionarlo.

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Traslado de la Audiencia Provincial de Zaragoza: los funcionarios no tienen que empaquetar los expedientes


17 dic 2012


Con motivo del traslado de las instalaciones de la Audiencia Provincial de Zaragoza al nuevo edificio la Directora General de Justicia ha remitido una comunicación, entre otras, a las organizaciones sindicales relativa al calendario y la operativa del traslado. Según dicha comunicación la Unidad Administrativa de los Tribunales de Aragón es la que va a coordinar en todo momento la operativa del traslado; Pilar Torralba Ancho, Jefe de la Unidad Administrativa estará a disposición de todo aquel que precise cualquier consulta o resolución de incidencias en el teléfono 976 208 063 (abreviado desde las instalaciones de Justicia: 1063) y en la dirección de correo: ptorralbaa@aragon.es

Según dicha comunicación el calendario de traslados previsto para la puesta en funcionamiento de la nueva sede de la Audiencia Provincial de Zaragoza es el siguiente:


Unidad de traslado
Días de traslado
Unidad Administrativa Tribunales
20 y 21 de noviembre
Centralita de teléfonos TSJA
29 de noviembre
Servidor TSJA
13 de diciembre (a partir 15:30 h.)
Sección 5ª Civil
18 de diciembre
Sección 4ª Civil
19 de diciembre
Centralita de teléfonos y servidor Pablo Gargallo
19 de diciembre (a partir 15:30 h.)
Sección 2ª Civil
20 de diciembre
Secretaria Coordinadora
20 de diciembre
Aula de formación
21 de diciembre
Presidencia Aud. Provincial
10 y 11 de enero de 2013
Secretaría Aud. Provincial
Jurado
Sección 1ª Penal
Sección 3ª Penal
14 y 15 de enero
Sección 6ª Penal
16 y 17 de enero

La comunicación dice que "la operativa del traslado se fundamenta en la contratación de una empresa que realiza la recogida, transporte y entrega del material y mobiliario de oficina, correspondiendo a cada empleado público empaquetar en cajas que les serán facilitadas, toda la documentación y enseres de su responsabilidad, etiquetar las mismas con la codificación personal que se les asigne, y su posterior recepción y ordenación en el nuevo destino."

A este respecto CCOO ha difundido una hoja entre los funcionarios de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial, por ser los primeros en trasladarse, en la que recordamos que sin perjuicio de la colaboración que de forma VOLUNTARIA cada funcionario de los cuerpos al Servicio de la Administración de Justicia quiera realizar para favorecer su propia organización, corresponde a la Administración la realización de la mudanza del contenido de cada una de las secciones. La referencia que hace la comunicación a la “documentación y enseres de su responsabilidad” sólo se puede entender referente a todos aquellos elementos que tenemos en nuestras mesas y que no se corresponden con los diferentes procedimientos y expedientes procesales de los que como todos sabemos, la responsabilidad en su custodia corresponde a los Secretarios Judiciales.  

Señalar, por otra parte, que esta posición ha sido mantenida por nuestro Sindicato, de forma reiterada en todas las reuniones mantenidas con la Administración referentes al tema del traslado, dejando claro que la responsabilidad de la mudanza y en especial el empaquetado de los asuntos, no era en ningún caso obligación del funcionario implicado.

En cuanto a las fechas, contradiciendo la Administración sus manifestaciones de que serían fijadas de forma consensuada y en la reunión técnica del traslado, nos hemos encontrado con ellas ya fijadas, aunque al parecer otros colectivos implicados ya las conocían, comportamiento que hará a CCOO plantearnos la asistencia a otras reuniones posteriores. 


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Mientras la Administración de Justicia se va al garete, Gallardón recibe condecoraciones


23 oct 2012


No hay imagen que demuestre lo inmensamente alejado que el Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón que la propia página web del Ministerio de Justicia, que se ha convertido desde hace poco menos de un año en el facebook particular del Sr. Gallardón, en vez de afrontar los graves problemas de la administración de justicia. 

Mientras la administración de justicia clama contra la reforma del proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley de Tasas, las desigualades entre los jueces y los demás funcionarios, la dejación del servicio público de la justicia, la fallida implantación de la NOJ, el proyecto de supresión de partidos judiciales, etc; mientras miles de funcionarios de justicia claman contra todos los recortes en sus derechos, para el Ministerio de Justicia lo noticiable es que el Sr. Ministro recibe una condecoración de Chile, y ojo, hace un recuerdo de los españoles perseguidos por el franquismo que abandonaron España y de los chilenos perseguidos por Pinochet que vinieron a España, el muy demócrata Sr. Gallardón. 

Quizás el Sr. Gallardón debería hacer como sus compatriotas elogiados y marchar de una vez a Chile u otro país todavía más lejano, a dar clase o a ejercer como fiscal, porque su gestión como ministro es desastrosa. Cuanto antes y más lejos se largue, mejor. 
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GALLARDÓN RECORTA GRAVÍSIMAMENTE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES MIENTRAS OTORGA A JUECES Y MAGISTRADOS UN TRATO DIFERENCIADO REFLEJADO EN LA CONCESIÓN DE 12 DÍAS DE PERMISO Y EL PAGO HASTA 2.750 EUROS POR LAS SUSTITUCIONES


15 oct 2012



La decisión del ministro de Justicia de proceder a la reforma de la LOPJ para recortar gravemente los derechos de los trabajadores de la Administración de Justicia y, sin embargo, otorgar a Jueces y Magistrados un trato claramente diferenciado con el resto de los empleados públicos, supone un ataque intolerable a la igualdad de derechos entre todos los empleados públicos.

Que el ministro de Justicia reforme la LOPJ para eliminar seis días de permiso por asuntos particulares y los días adicionales de vacaciones por antigüedad, para suprimir la paga extra de navidad, para dejar de abonar el 100% del salario en los casos de baja por IT (incapacidad temporal) y para establecer la movilidad geográfica obligatoria a los trabajadores de la Administración de Justicia, es un agresión intolerable contra los derechos conquistados por los trabajadores en los últimos años.

Pero el ministro Gallardón en esa misma reforma de la LOPJ establece que los Jueces y Magistrados sí dispondrán de 12 días de permiso y se les abonarán entre 1.500 y 2.750 euros por las sustituciones de forma que compense, entre otras, la eliminación de la paga extra.

Que al mismo tiempo, el ministro Gallardón, en la reforma de la LOPJ, dé un trato claramente diferenciado para un colectivo de empleados públicos como son los Jueces y Magistrados, y otro muy diferente para el resto de trabajadores, es una demostración más del clasismo inaceptable de un ministro que gobierna para unos pocos contra los derechos de la inmensa mayoría.

Esta actuación del ministro Gallardón, avalada por Rajoy y su gobierno en el Consejo de Ministros del pasado 11 de octubre, no podemos más que calificarla como miserable, y llevará a este sindicato junto al resto de los sindicatos a convocar las movilizaciones unitarias más contundentes contra esta reforma.
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Baldosas despegadas en los Juzgados de Teruel solo 3 años después de las obras y cambios en fotocopiadoras por otras de peores prestaciones.


11 oct 2012


El Heraldo de Aragón de ayer publicó que dos placas de marmol que recubren parte de una de las paredes del patio de entrada al Palacio de Justicia de Teruel han tenido que ser retiradas tras advertirse que no estaban bien sujetas y que podrían caerse al suelo. La intervención, que empezó el martes, se ha ampliado a todo el muro con el fin de lograr una reparación más completa y segura y un desarrollo de las obras más fácil. 

Lo más grave de todo es que el desperfecto se ha producido antes de que se cumplan tres años desde la reforma de dicho Palacio de Justicia; las baldosas del patio del edificio original, inutilizado ahora como punto de acceso, con más de 25 años de antigüedad, permanecen en su sitio, mientras que las colocadas recientemente en la zona nueva, de similar aspecto y dimensiones, se han movido. 

Desde el Gobierno de Aragón indicaron que el daño ha podido producirse por los fríos intensos que registra Teruel (se ve que las obras de Teruel se adaptan perfectamente a su climatología; por eso no se ha puesto aire acondicionado en determinadas plantas...). Añadieron que las obras de reparación han sido consideradas como de "mantenimiento" y que apenas supone un coste económico para las arcas públicas. Lo que no dicen es el coste que sí supondrá para dichas arcas la adaptación del Palacio de Justicia a las necesidades reales de la Nueva Oficina Judicial, ya que el Ministerio de Justicia no las tuvo en cuenta cuando realizó las obras y la DGA se negó a asumir la gestión de las mismas, pese a las constantes denuncias y reclamaciones efectuadas por CCOO.

Por otro lado, la DGA está cambiando fotocopiadoras en algunos juzgados por otras de peores prestaciones. Con la excusa de que no necesitamos fotocopiadoras con tantas prestaciones, nos ponen otras peores, y así, cuando llegue el momento de que Lexnet permita enviar documentos de gran volumen, tendrán que volver a cambiar las fotocopiadoras. Las nuevas fotocopiadoras escanean a color (qué bonito!!!), pero no vienen con módulo de fax como las anteriores, lo que va a obligar a rescatar las antiguallas de faxes que había en dichos Juzgados y que afortunadamente se habían cambiado por el envío de faxes a través de las fotocopiadoras. 

A este paso, la DGA acabará contratando a Pepe Gotera y Otilio para el mantenimiento de las instalaciones judiciales. 


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CCOO ARAGON RECLAMA A LA DGA UN CAMBIO TOTAL DE ACTITUD HACIA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y SUS FUNCIONARIOS


23 jul 2012



Tras un año de gestión por parte de los nuevos responsables de la Justicia en el Gobierno de Aragón, y aun cuando muchos de sus representantes en la Mesa Sectorial son caras conocidas de los años anteriores, CCOO reclama un cambio total y radical de su actitud ante la administración de Justicia de Aragón y ante sus funcionarios y funcionarias. 

Lo sucedido este año en la negociación y aprobación de la acción social es una muestra más de lo mal que está tratando el Gobierno de Aragón a los funcionarios de Justicia de Aragón, y que es preciso que se conozca. Tras 4 años defendiendo CCOO la supresión del límite de rentas en la acción social del Ministerio de Justicia, en el mes de abril CCOO presentó a la DGA un escrito solicitando de nuevo la supresión del límite de rentas, al que se adhirieron todas las organizaciones sindicales, para lo que bastaba con modificar dos artículos de la propuesta de la  DGA. Dicha supresión, como hemos informado reiteradamente, no suponía incremento del gasto, pues sigue siendo el mismo, sino una “redistribución interna” de las ayudas, de forma que el presupuesto de cada ayuda se reparte entre más solicitantes, llegando de esta forma la acción social en aspectos tan esenciales como minusvalía, hijos o sanitaria a personas que superan los injustos límites de rentas establecidos en la acción social.

Dicha propuesta fue presentada una semana antes de la reunión en que se iba a negociar y cerrar, en definitiva, la acción social.

En la citada reunión los representantes de la DGA rechazaron la propuesta de CCOO, a la que se habían adherido todas las demás organizaciones sindicales, con la justificación de que dicha modificación era sustancial (suponía suprimir dos artículos del Plan de acción social, sin incremento de gasto), necesitaban estudiar su impacto (no habían tenido tiempo para estudiar esta propuesta que hemos hecho durante 4 años ni siquiera a la vista de la propuesta escrita presentada una semana antes ) y porque les preocupaba que los funcionarios con rentas más bajas pudieran percibir menos acción social ( y sin embargo la DGA no tiene pudor alguno en proponer la supresión de la ayuda de transporte, que llega a 500 funcionarios; que cada uno le ponga el adjetivo a esto).

Y para rematar su posición, tras insistir en que no podían aceptar la propuesta conjunta de los cuatro sindicatos de suprimir el límite de rentas porque la modificación era  “sustancial” y no habían tenido tiempo de estudiarla, ¡¡¡ volvieron a proponer que nos pasemos a la acción social de la DGA que sí que es un cambio total en la concepción y programas de la acción social!!!  Y de nuevo, nos emplazaron a septiembre de este año para negociar la acción social … 

Esto pasó en el mes de mayo, y la acción social de  Justicia se acaba de publicar ahora, en el mes de julio, para el que sí han tenido tiempo para estudiar la “modificación sustancial” que supone recortar las ayudas en un 35 %, sin previa audiencia de las organizaciones sindicales.

CCOO ha dado a la Dirección General de Justicia un amplísimo margen durante este primer año de gestión, con sus nuevos responsables. Pero ese margen se acaba. Lo sucedido además con la vergonzosa negociación del Plan de Actuación para los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (en que un día ponen un dinero en la mesa de negociación, y a la siguiente lo quitan); lo que está pasando con la negociación de la nueva oficina judicial, no teniendo en cuenta ninguna de  nuestras aportaciones, optando por un modelo que supondrá una grave lesión a los derechos de los funcionarios de Justicia, que supondrá una inagotable fuente de conflictos y que además empeorará el funcionamiento de la Administración de Justicia; la dejación de funciones que hace la Dirección  General de Justicia omitiendo concretar el diseño de la NOJ y dejando que sean los protocolos de actuación los que lo hagan, cuando dichos protocolos son herramientas procesales, son motivos más que suficientes para que CCOO demande a la DGA en general, a sus representantes en la Mesa Sectorial de Justicia en particular y a la Dirección General de Justicia de Aragón un cambio total y radical de actitud hacia la Administración de Justicia de Aragón y sus funcionarios.

Porque, Sr. Consejero de Presidencia y Justicia, no basta con invertir más dinero, que se va en instalaciones ya programadas antes de que usted llegara al cargo, sino que además hay que gestionar, y hay que gestionar con tino en esta situación de crisis que se está cebando también con los derechos de los trabajadores de la Administración de Justicia. No se puede “marear la perdiz” en temas esenciales como es la implantación de la nueva oficina judicial, haciendo propuestas de consenso que luego a la primera de cambio rompe la propia DGA. Si el Presidente del TSJA y el Juez Decano de Zaragoza se quejan de que este primer año ha sido un “año perdido”, por algo será. Señoras y Señores de la DGA y de la Dirección General de Justicia: sean humildes, escuchen a quienes saben de esto porque casi ninguno de  ustedes tiene conocimiento o experiencia de lo que es trabajar en un Juzgado, y no jueguen con nosotros, porque la paciencia de los funcionarios de Justicia, con ustedes y con el Gobierno de la Nación, se está acabando. 
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¡¡ NO A LOS RECORTES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA!!


19 jul 2012



La Administración de Justicia con los recortes se ve inmersa en una situación que a la larga no lleva sino al desprestigio intencionado del Sector Público, y la adopción de medidas de privatización como en el resto de sectores de la Administración. 

Mientras tanto el Gobierno Nacional se comporta de una manera mentirosa, incapaz e irresponsable. 

MENTIROSA porque sus acciones van contra todo lo que prometió en su programa electoral, arbitrando medidas que van siempre en perjuicio de Sector Publico, mientras sostiene a los que nos han llevado a esta Crisis Económica. 

INCAPAZ, porque no es capaz de dar confianza a esos mercados que al parecer son la panacea y que lo que hacen es aprovechar las oportunidades que les da un gobierno inútil, para especular. 

IRRESPONSABLE, porque sus actos y declaraciones, no hacen sino ahondar en esta situación en la que el país se encuentra a merced de aquellos que nos quieren ver completamente dependientes e intervenidos, para seguir haciendo negocios sin cortapisa a costa de todos los españoles. 

¿Y el Gobierno de Aragon? 

El Gobierno de Aragón, se mueve siempre a remolque de lo que acuerda el Gobierno Central, sin iniciativa propia. 

Mientras que otras comunidades, en ejercicio de su acción de Gobierno – son administraciones independientes, aunque en nuestro caso no lo parezca,- oponen alguna resistencia a la aplicación ciega de las medidas que se acuerdan en Madrid, aquí eligen aplicar todas ellas siempre de la manera más perjudicial para el personal funcionario. 

Tras mantenernos apartados en los trabajos de elaboración del modelo de NOJ, en los que se nos cito en ultimo lugar, NO TIENE EN CUENTA NINGUNA DE NUESTRAS APORTACIONES, optando, por un modelo que ocasiona graves perjuicios a nuestros derechos al puesto de Trabajo, manteniendo una indefinición de funciones que como los que trabajamos en los Juzgados y Tribunales, sabemos de sobra, es fuente continua de conflicto entre los compañeros, y desechando elaborar un modelo completo, remitiendo a una adecuación del mismo una vez comience su funcionamiento. 

La NOJ nacerá enferma por su mismo diseño, sin necesidad de acudir a la crisis para evidenciar sus carencias y falta de eficacia, pues empeñados como están en no acudir a refuerzos – como ha sucedido en todas las ciudades en las que se ha implantado - y con su comienzo parcial, no solucionará ninguno de los problemas existentes, y sí traerá todos los nuevos que se han evidenciado en otras ciudades. 

Además, en cuanto a las medidas adoptadas en nuestra contra por el Gobierno Aragonés PP-PAR, nos hurtan derechos que no se nos habían concedido graciosamente sino que eran fruto de la negociación y compensación a las perdidas que, en términos de valor adquisitivo, nuestras retribuciones han experimentado desde hace mucho tiempo. Son ejemplos, la no aportación al Plan de Pensiones, faltando al acuerdo con los trabajadores, la minoración de las cantidades correspondientes a la Acción Social, Acuerdo cuya retirada ha solicitado CCOO, - bastante ahorran ya quitándonos la Paga Extra -. También es así en la disminución de los días por asuntos particulares y los que obtenemos de vacaciones por antigüedad. No solo es el Gobierno nacional que el actúa en nuestra contra, sino que su ideología, de desprestigio de lo Publico, actúa desde todos los ámbitos de Gobierno, atacándonos directamente. 

Por eso creemos que ha llegado el momento de hacerles saber nuestro cansancio y REACCIONAR con contundencia frente a estos recortes, 

No debemos pagar sólo nosotros por SU INCOMPETENCIA, mientras no toman medidas en otros ámbitos, directamente culpables, en los que no hay lugar ni a la petición de RESPONSABILIDAD de los gestores que nos han llevado a esta situación. 

TENEMOS QUE ACUDIR A LOS LLAMAMIENTOS QUE SE HAGAN, HACER VER NUESTRO DESCONTENTO DE UNA FORMA EVIDENTE Y PARTICIPAR CON EL RESTO DE LOS CIUDADANOS PERJUDICADOS EN CUANTAS MOVILIZACIONES SE ACUERDEN.

¡¡¡MOVILIZAOS!!!

¡¡¡Bajad a las puertas de vuestros centros si hay convocatoria!!!

¡¡¡Gritad vuestro desacuerdo!!!

¡¡¡¡LOGREMOS QUE EL GOBIERNO RETIRE ESTE REAL DECRETO LEY!!!
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EL MINISTRO DE JUSTICIA EN 100 DÍAS RECIBE A TODO EL MUNDO MENOS A LOS REPRESENTANTES DE LOS FUNCIONARIOS DE JUSTICIA


12 abr 2012



El Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, en sus 100 días de gobierno, se ha reunido entre otros con la Consejera de Justicia de Cataluña, el Consejo General del Poder Judicial, el Presidente del Consejo General del Notariado, el Consejero de Justicia y Bienestar Social de Valencia, el Consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de Galicia, el Embajador de Francia en España, la Presidenta de la Asociación de afectados del vuelo JK5022 de Spainair, el Presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, el Presidente del Consejo General de Procuradores, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, la Asociación de Jueces para la Democracia, el Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad de Canarias, sus antecesores en el cargo de Ministro de Justicia, los representantes de la Asociación de Fiscales, el Consejero de Administración Pública del Gobierno de la Junta de Extremadura, los representantes de la Unión Progresista de Fiscales y la Ministra de Justicia de Serbia, según resulta de las notas de prensa que publica el Ministerio de Justicia en su página web.

Sin embargo, en estos 100 días no ha tenido ni un minuto para reunirse con los representantes de los más de 50.000 funcionarios y trabajadores de la Administración de Justicia, pese a que CCOO insistentemente le ha reclamado una reunión para tratar las numerosas cuestiones pendientes con el Ministerio. Su respuesta ya la vamos viendo: mientras Gallardón incrementa en un 25,9% las partidas presupuestarias para la formación de los Fiscales (6,21 millones de euros), reduce un 53,26% la formación del personal de la Administración de Justicia (funcionarios y laborales) destinando más de 2.500€ por fiscal para formación frente a los 15€ por funcionario de Justicia. ¿Será porque pertenece a la carrera fiscal, en la que nunca ejerció por dedicarse a la política?

Gallardón tenía engañados a todos los españoles (excepto a los de Madrid, claro está) sobre su falso talante dialogador y progresista dentro del PP. Hoy se ve claramente que se sitúa a la derecha más derecha del PP, que es tremendamente corporativista, que pretende lesionar gravemente el derecho de todos los ciudadanos a la tutela judicial efectiva mediante el establecimiento de tasas disuasorias y que carece de capacidad de diálogo con los representantes de los trabajadores de Justicia, a los que desprecia con su silencio y con las medidas que adopta.


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29-M, JUSTICIA TAMBIEN EN HUELGA


26 mar 2012


Conforme se acerca el 29 de marzo, día de la huelga general, muchos funcionarios de Justicia muestran sus dudas sobre si apoyar la huelga, o creen que la reforma laboral no afecta a los funcionarios y que si bien no están conformes con la misma no existen motivos para hacer huelga. Para CCOO Justicia Aragón no hay duda alguna: hay que apoyar la huelga porque están en juego, más que nunca, los derechos que hemos conseguido a lo largo de los años todos los trabajadores.

Lo fácil ante la huelga es decir, como hace el CSI.F, que como no se ha agotado la vía parlamentaria (¿¿ignoran que el PP tiene mayoría absoluta??) o que como todavía no se han presentado los presupuestos generales del Estado (se presentan al día siguiente de la huelga), no hay motivos segundar la huelga; o como hace el STAJ, al que no le parece bien el ataque a los trabajadores pero que como no afecta de momento a los funcionarios de Justicia no ve razones para unirse a la huelga. Lo difícil es comprometerse en la defensa de nuestros derechos y de los servicios públicos y hacer huelga; sin embargo, en CCOO estamos convencidos que la única forma de avanzar, o simplemente de no retroceder en nuestros derechos, es comprometiéndose y enfrentándose a quien quiera recortarlos.

Que nadie se engañe: la reforma laboral no se ha hecho para crear trabajo, o posibilitar que una vez que la crisis mejore algo haya mejores condiciones para la creación de empleo. La crisis es simplemente la excusa perfecta para recortar derechos a los trabajadores e inclinar definitivamente la balanza a favor del empresario o la Administración, a los que hay que dar todo tipo de posibilidades y facilidades para contratar y despedir, para modificar condiciones de trabajo, de horarios, de movilidad, de reducciones de jornada, de no cumplir lo pactado en el convenio colectivo, de rebajar el sueldo, de no pagar indemnización alguna en caso de despido, etc, haciendo del trabajador una herramienta de usar y tirar. No quieren trabajadores, sino esclavos de un sueldo con el que poder sustentar a nuestras familias aun a costa de la renuncia de nuestros derechos, conseguidos tras años y años de lucha y compromiso de todos los trabajadores. Todos tenemos un pariente, familiar o amigo que trabaja en el sector privado y que es directamente afectado por esta reforma laboral; pero no solo ellos: los funcionarios de Correos, desde que se privatice, podrán ser despedidos; los laborales de la propia Dirección General de Justicia de Aragón (limpiadoras, psicólogos, asistentes sociales, peritos, etc), podrán ser despedidos, como lo están siendo ya las limpiadoras del Ministerio de Defensa, y ellos también pasaron un proceso selectivo para su nombramiento, como los funcionarios.

De todas las huelgas generales que ha habido en España, ésta es la que más justificación tiene. Los derechos que perdamos ahora, como consecuencia de esta reforma o de la inminente aplicación de la misma a los funcionarios públicos, no los vamos a volver a recuperar. No estamos ante una rebaja de sueldo, que al final se recupera. Estamos ante una pérdida de derechos laborales como nunca la ha habido. La crisis puede justificar medidas que impliquen mejorar la competitividad, pero estas medidas no la mejoran, el Gobierno aprovecha la ocasión para recortar derechos a los trabajadores. Estas medidas tampoco ayudan a los parados, pues no  crean empleo y éste se vuelve precario, esclavo y bajo el absoluto dominio del empresario o la Administración. 

Las circunstancias justifican más que de sobras que todos los funcionarios de Justicia nos unamos a la huelga general. Estamos ante una huelga en defensa del respeto y de los derechos de todos los trabajadores, que se ven gravemente atacados con la reforma laboral. Los funcionarios también somos trabajadores, y que nadie lo dude, las mismas medidas que se van a aplicar a los trabajadores, a través de la modificación del Estatuto de los Trabajadores,  son aplicables a los funcionarios, bastando para ello con una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público o de la LOPJ, para lo que basta la mayoría absoluta del PP en el Congreso. ¿O es que hay que esperar a que reformen estas leyes y recorten, ahora sí directa e inevitablemente, nuestros derechos, para ponerse en huelga? Ya será tarde, no habría nada que hacer, y no esperemos que los demás trabajadores y opinión pública en general se solidaricen con nosotros si nosotros, los funcionarios públicos, somos los primeros en excluirnos en esta huelga general en defensa de los derechos de los trabajadores, como si nosotros no fuésemos trabajadores. Difícil será, por ser funcionarios, que nos despidan, pero que van a cambiar sustancialmente nuestras condiciones de trabajo  a peor si no podemos remedio cuanto antes, no lo dudéis.

Estamos también ante una huelga en defensa de los servicios públicos, incluida la Administración de Justicia. Cada día vemos en televisión las concentraciones en Cataluña, Valencia, Castilla La Mancha, Galicia, etc, debido a que los recortes en los servicios públicos están suponiendo un grave deterioro de los mismos, que va a afectar directamente a cómo realizamos nuestro trabajo. Lo que está pasando en Cataluña es un claro ejemplo de lo que puede pasar en el resto de España.

El Gobierno de Cataluña, con el apoyo del PP, ha aprobado numerosos recortes en el sector público, incluida la Administración de Justicia, acordando entre otras medidas la no contratación de interinos para cubrir bajas, la rebaja del sueldo del 3% en la paga extra de verano, un nuevo recorte del 2% en la paga extra de navidad , la reducción de jornada y sueldo del 15% a interinos , la congelación del plan de pensiones, la reducción del número de asuntos propios, etc. Asimismo prevé la posibilidad de que los departamentos de la Generalitat (salvo Educación y Sanidad) varíen a técnicos y administrativos sus condiciones de trabajo, sea el horario, las funciones de su puesto de trabajo e incluso su ubicación geográfica. Y ello, con el apoyo del PP. ¿ Y si todas estas medidas se hiciesen, con carácter global, para todos los funcionarios públicos de España, incluida la Administración de Justicia?.

Muchos piensan que aun habiendo motivos más que justificados para hacer huelga, con la huelga general no se conseguirá nada, el Gobierno seguirá adelante y lo único de lo que nos valdrá será para que nos descuenten un día de sueldo, motivo por el cual no harán huelga. Quizás tengan razón.  Pero en nuestras manos está, con el apoyo unánime y decidido de todos los funcionarios, que la huelga sólo suponga un descuento de un día de sueldo, y que el Gobierno, ante el apoyo masivo a la convocatoria de huelga, vea cómo todos, trabajadores y funcionarios, estamos en contra de los recortes a nuestros derechos, no justificados por crisis alguna; vea que estamos en contra del recorte de los servicios públicos, como la Administración de Justicia, en la que trabajamos, y dé marcha atrás. Y sólo si el Gobierno ve que nuestra queja es unánime, y que estamos todos unidos en defensa de nuestros derechos, tomará conciencia de que no todo vale en esta crisis, y que existen otras salidas de la misma que nada tienen que ver con el recorte a los derechos conseguidos por los trabajadores y funcionarios a lo largo de los últimos años.

Recuerda: los derechos que perdamos ahora no los volveremos a recuperar.  Y estos derechos valen mucho más que un día de sueldo.

EL 29- M DEFIENDE TUS DERECHOS, DEFIENDE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

CONTRA LOS RECORTES LABORALES Y SOCIALES
EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTRA LA REFORMA LABORAL

29-M HUELGA GENERAL
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LOS FUNCIONARIOS DEBEMOS MOVILIZARNOS PARA PARAR LA REFORMA LABORAL. SI NO LO HACEMOS, LUEGO VENDRÁ LA REFORMA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN TÉRMINOS SIMILARES Y NADIE NOS APOYARÁ


14 feb 2012



Ante las próximas movilizaciones contra la reforma laboral, algunos podrían pensar que como las reformas laborales no afectan los empleados públicos, no es preciso que nos movilicemos, y que si un día nos tocan nuestros derecho, pues bueno, ya veremos. Gran error.

La reforma laboral, en principio, no afecta a los derechos de los funcionarios públicos ni a los interinos, cuyos derechos y obligaciones se rigen por el Estatuto Básico del Empleado Público, y en nuestro caso, además, por la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero sí afecta a personas que trabajan junto a nosotros, los contratados laborales de la Administración de Justicia (Peritos, limpiadoras, psicólogos, etc), que pueden ser sujetos de un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) por causas económicas y ser despedidos con una indemnización de 20 días por año trabajado sin que la autoridad laboral les de el visto bueno. Bastaría para ello justificar la “insuficiencia presupuestaria” del organismo o administración de la que dependen. Ahora bien, si en el caso de las Administraciones son ellas mismas las que aprueban sus propios presupuestos, bastaría con dotar insuficientemente el Capítulo I, que es el dedicado al personal, para provocar una insuficiencia presupuestaria que daría lugar a justificar el posterior despido.

Además, ¿quién decide a quién se despide? ¿Qué criterios presumiblemente objetivos va a tener en cuenta una administración o un organismo autónomo, decidir quién sigue en el puesto de trabajo y quién se va al paro?. Dado que los puestos de trabajo hasta ahora ocupados por contratos laborales podrán ser luego ocupados por desempleados perceptores de la prestación por desempleo, cuya contratación está bonificada, ¿quién asegura que algunas Administraciones no se dedicarán a despedir contratados laborales y a contratar desempleados para ahorrarse costes?

A diferencia del resto de los trabajadores, en caso de “insuficiencia presupuestaria” la Administración no puede, según el texto de la reforma laboral, acordar una reducción horaria con reducción de retribuciones, dejándole sólo la posibilidad del despido del trabajador.

Que nadie se engañe: después de la reforma laboral, que ya afecta a compañeros de trabajo, viene la reforma de la Administración Pública, pues hay que cumplir los requisitos de déficit exigidos por Europa. Y con la justificación de hacer una Administración pública más eficiente, más dinámica y más flexible derechos que hoy consideramos intocables de los funcionarios públicos (no sólo derechos económicos) se verán gravemente afectados. Ya no hablamos sólo de pensiones ( el Gobierno no tardará mucho en ampliar la edad de jubilación de los funcionarios públicos a los 67 años, y suprimir ciertos derechos propios de los funcionarios como la posibilidad de jubilación voluntaria con el 100 % del salario por parte de los funcionarios con más de 35 años de servicios que hayan cumplido los 60 años), ni hablamos sólo de salarios (ay, las pagas extras…) sino de derechos mucho más fundamentales y esenciales de la función pública que, al igual que respecto del resto de los trabajadores, se pondrán en cuestión para hacer una supuesta administración más eficiente y con menos gasto.

Por todo ello o los funcionarios nos unimos a los trabajadores y parados para parar esta reforma laboral, o una vez que sea impuesta y el Gobierno, por medio de Soraya Saenz de Santamaría que parece que disfruta cada vez que anuncia una medida que perjudica a la clase media y Cristóbal Montoso, que también es ministro de Administraciones Públicas, anuncie la reforma de la función pública no habrá forma de pararla ni habrá nadie que pelee junto a nosotros. 
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Propuestas de la Asamblea de la Puerta del Sol


1 jun 2011



Adjuntamos enlace a las propuestas realizadas en la Asamblea celebrada ayer en la Puerta del Sol, que hemos colgado en nuestro facebook, para su conocimiento y difusión general.
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Los juzgados de Vigo prestarán serviciolas 24 horas del día, con una dotación complementaria pagada por el Ministerio de Justicia


26 may 2011



Se ve que hay clases entre Comunidades Autónomas, o que el Ministro de Justicia es gallego. El Ministerio de Justicia ha concedido una dotación económica complementaria, que asciende a 212.102,27 euros, para que los juzgados de instrucción de Vigo presten servicio de guardia, en régimen de presencia, las 24 horas del día y todos los días de la semana. Vigo cuenta con 8 Juzgados de Instrucción, con lo que de esta forma se equipara a las poblaciones que tienen 10 o más Juzgados de Instrucción, como Zaragoza. Así lo anuncia en su página web el Ministerio de Justicia.

En definitiva, Zaragoza y Vigo, con una diferencia considerable de población y extensión, tienen el mismo régimen de servicio de guardia. Aquí la DGA se olvidó de pedir la dotación del segundo Juzgado de Guardia de Zaragoza al negociar las transferencias, y así nos va, con tremendos retrasos en la celebración de juicios rápidos los fines de semana y festivos. Adivinad quien tendrá que pagarla cuando por fin se implante.
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