Tiene
guasa que un gobierno supuestamente progresista haya sido el que, tras años de
crisis económica, haya recortado el salario de funcionarios destinados en los
Juzgados de Violencia sobre la mujer, pero así ha sido. El año que acaba ha
sido el de la tremenda injusticia con los funcionarios y funcionarias del
Juzgado de Violencia 1 de Zaragoza. Pese a realizar su trabajo como siempre el
empeño de María Angeles Julvez, Directora General de Justicia e Interior de
Aragón,  en aprobarse un plan de
actuación diferente del aprobado desde 2009 hasta 2015 inclusive les ha
supuesto que en relación con el primer trimestre del año 2016 su complemento
retributivo haya sido mucho menor, entre 60 y 90 € al mes. Y todo ello con la
anuencia del Sr. Consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Guillén y del Gobierno
PSOE-CHA.  Una minucia, para éstos, pero
algo fundamental en las retribuciones de unos funcionarios y funcionarias que
tienen que dar la cara día a día en un juzgado que no es precisamente una balsa
de aceite.
Hasta
el año 2015 en Plan de Actuación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer
establecían tres tramos para tener derecho al cobro mensual del complemento:
-         
Primer tramo: Juzgados cuya carga de trabajo en
cómputo anual supere las 600 diligencias previas y/o 213 diligencias urgentes.
-         
Segundo tramo: Juzgados no incluidos en el grupo
anterior, cuya carga de trabajo en cómputo anual supere 100 diligencias previas
y/o 100 diligencias urgentes.
-         
Tercer tramo: Juzgados no incluidos en el grupo
anterior, cuya carga de trabajo, en cómputo anual, supere 40 diligencias
urgentes.
| 
   
Tramos 
 | 
  
   
Médicos Forenses 
 | 
  
   
Gestión P. y A. 
 | 
  
   
Tramitación P. y A. 
 | 
  
   
Auxilio Judicial 
 | 
 
| 
   
Primer
  tramo 
 | 
  
   
60 
 | 
  
   
191,80 
 | 
  
   
150,70 
 | 
  
   
109,60 
 | 
 
| 
   
Segundo
  tramo 
 | 
  
   
60 
 | 
  
   
123,30 
 | 
  
   
95,90 
 | 
  
   
68,50 
 | 
 
| 
   
Tercer
  tramo 
 | 
  
   
60 
 | 
  
   
89,05 
 | 
  
   
68,50 
 | 
  
   
47,95 
 | 
 
En
la negociación del plan de violencia para este año 2016 la Directora General de
Justicia propuso la modificación de estos tramos, que quedarían de la siguiente
forma:
-         
Primer tramo: Juzgados cuya carga de trabajo en el
año 2015 en cómputo anual supere las 360 diligencias urgentes.
-         
Segundo tramo: Juzgados no incluidos en el grupo
anterior, cuya carga de trabajo en el año 2015 en cómputo anual supere 36 diligencias
urgentes.
| 
   
Tramos 
 | 
  
   
Médicos Forenses 
 | 
  
   
Gestión P. y A. 
 | 
  
   
Tramitación P. y A. 
 | 
  
   
Auxilio Judicial 
 | 
 
| 
   
Primer
  tramo 
 | 
  
   
60 
 | 
  
   
191,80 
 | 
  
   
150,70 
 | 
  
   
109,60 
 | 
 
| 
   
Segundo
  tramo 
 | 
  
   
60 
 | 
  
   
89,05 
 | 
  
   
68,50 
 | 
  
   
47,95 
 | 
 
Es
decir, ya de inicio la Directora General planteaba un incremento muy sustancial
de las diligencias urgentes para tener derecho a cobrar el primer tramo sin justificación
alguna, aunque ella lo que realmente quería era suprimir directamente el Plan
de los Juzgados de Violencia. 
En
la reunión del día 2 de junio, y al texto del acta nos remitimos, la Directora
General “advierte” que ha habido un error en el texto de su propuesta, y que
las diligencias urgentes a tener en cuenta ya no son las de cómputo anual del
año 2015, sino trimestrales este año, es decir, de 90 diligencias urgentes para
cobrar el primer tramo. Esto, evidentemente, no es un error mecanográfico
después de meses negociando el complemento para los Juzgados de Violencia, ni
puede traerse de repente a una mesa de negociación sin previa remisión a las
organizaciones sindicales para su estudio. Pero la Directora General  así lo hizo. Según consta el acta de la Mesa,
las organizaciones sindicales inicialmente rechazamos el cómputo trimestral por
entender que el cómputo debe ser anual, pero tras la propuesta del Secretario
General Técnico sobre que el plan tendría carácter retroactivo a 1 de enero
(otro de los caballos de batalla de la negociación, cuando hasta que llegó
María Angeles Julvez a la Dirección General de Justicia no había habido ningún
problema en aprobar el plan en octubre y cobrarlo desde enero del mismo año),
las organizaciones sindicales  aceptamos
el plan, condicionado a dicho carácter retroactivo. Caímos en la trampa
preparada por la Directora General de Justicia, sobre el cómputo trimestral.  
En
este blog ya hemos contado reiteradas veces la historia del desencuentro entre
las organizaciones sindicales y la Directora General de Justicia en esta
materia, como en tantas otras, y adjuntamos enlaces al respecto al final de
este post. A nuestro juicio, ni estaba justificado aumentar el número de
juicios rápidos en ratio anual para tener derecho a cobrar el primer tramo del
complemento establecido, tal y como se había hecho hasta el año 2015 inclusive,
ni existía justificación para dividir esta ratio por tramos trimestrales para
tener derecho a cobrar cada trimestre. Si a ello añadimos que la Directora
General de Justicia sabía perfectamente, cuando propuso en la mesa sectorial
del 2  de junio, que el Juzgado nº 1 de
Violencia de Zaragoza no llegaba a la ratio trimestral propuesta  para tener derecho al cobro del primer tramo,
y que ocultó dicha información a los representantes de las organizaciones
sindicales, haciendo caso omiso a la denuncia inmediata del principio de acuerdo
alcanzado en dicha mesa sectorial, y que siguió adelante con la tramitación de un
texto rechazado por todos menos por ella misma, su complot para ahorrarse 4
euros a costa de unos pocos funcionarios y funcionarias destinados en un
Juzgado con competencia en materia tan sensible y que precisa de plantilla
consolidada y experta  es digno de todo
elogio… salvo que quien lo lleva a cabo es la alta responsable del Gobierno de
Aragón PSOE-CHA, supuestamente progresista,  en materia de Administración de Justicia. Y a
todo esto, el Plan de Actuación, pese a que está ya siendo abonado, no ha
aparecido publicado en el BOA ni en la página web del Gobierno de Aragón, y
seguimos desconociendo el texto de los informes del Consejo General del Poder
Judicial sobre dicho plan, así como el de intervención de la DGA previo al
Consejo de Gobierno que supuestamente lo aprobó.
Pero
veamos lo injusto del criterio impuesto por la Sra. Directora General de
Justicia, con las cifras del Juzgado de Violencia 1 de Zaragoza, cuyos
funcionarios y funcionarias han sido los damnificados por la política de este
Gobierno. El plan de actuación que supuestamente ha aprobado el Gobierno de
Aragón establece que para tener derecho a cobrar el primer tramo del plan de
violencia hace falta haber tramitado 90 diligencias urgentes en el trimestre.
Según datos facilitados por dicho Juzgado, durante el primer trimestre
tramitaron 84 diligencias urgentes (el equivalente al 93 %  del primer tramo), razón por la cual por los
tres primeros meses del año 2016 han cobrado entre 60 y 90 € menos al mes. La
Directora General de Justicia no ha querido tener en cuenta que este año la
semana santa cayó en el mes de marzo, y que por ello Duds correspondientes a
marzo se registraron en abril.
Los
datos dicen mucho más. En el segundo trimestre de 2016 se tramitaron 169 Duds,
lo que equivale a un 187 % del mínimo establecido para tener derecho a cobrar
el primer tramo. En el tercer trimestre 157 Duds, lo que equivale a un 174 %
sobre dicho mínimo; y en los dos primeros meses del cuarto trimestre ya
superaban en 10 el número mínimo de 90 diligencias urgentes. ¿Y qué pasa con
este exceso, Sra. Directora? Tras faltar en el primer trimestre un exiguo 7 %
de las diligencias urgentes para tener derecho a cobrar el primer tramo, ¿cómo
va a compensar que en los siguientes trimestres se haya excedido en más de un
75 %  la ratio mínima para tener derecho
a cobrar el primer tramo del plan de violencia? ¿No sería más justo establecer
que, si en el cómputo anual, el número de diligencias urgentes supera un
determinado porcentaje (un 40 %, por ejemplo) el establecido para cada tramo,
se tiene derecho a cobrar el tramo durante los cuatro trimestres, cualquiera
que sea el número de diligencias tramitadas en cada trimestre? Porque si en su
día se estableció que el plan de actuación era sobre cómputo anual fue
precisamente para evitar las disfunciones que festividades como semana santa o
navidad crea en las estadísticas de los juzgados de violencia, pues en días
festivos permanecen cerrados. ¿No cobran los Letrados de la Administración de
Justicia su productividad en términos semestrales, para evitar precisamente lo
que nos ha pasado este año?
Si
la Directora general de Justicia y el Consejero de Presidencia y Justicia del
Gobierno de Aragón tuviesen  la Justicia
como algo más que el apelativo de su cargo, deberían reconocer con carácter
retroactivo lo propuesto en el párrafo anterior, e incluirlo en el próximo
acuerdo de violencia. Y no es mucho pedir, pues el dinero presupuestado para la
cantidad que han dejado de pagar existe, simplemente hace falta voluntad. Y no
se olviden que queda mucha legislatura por delante, para proyectos muy
ambiciosos para el que precisan de un clima absolutamente distinto del que han
creado con este y otros muchos temas. Tiempo tienen para solucionarlo.