2016: el año en que la Directora General de Justicia y el Gobierno PSOE-CHA recortaron en Juzgados de Violencia sobre la Mujer


30 dic 2016


Tiene guasa que un gobierno supuestamente progresista haya sido el que, tras años de crisis económica, haya recortado el salario de funcionarios destinados en los Juzgados de Violencia sobre la mujer, pero así ha sido. El año que acaba ha sido el de la tremenda injusticia con los funcionarios y funcionarias del Juzgado de Violencia 1 de Zaragoza. Pese a realizar su trabajo como siempre el empeño de María Angeles Julvez, Directora General de Justicia e Interior de Aragón,  en aprobarse un plan de actuación diferente del aprobado desde 2009 hasta 2015 inclusive les ha supuesto que en relación con el primer trimestre del año 2016 su complemento retributivo haya sido mucho menor, entre 60 y 90 € al mes. Y todo ello con la anuencia del Sr. Consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Guillén y del Gobierno PSOE-CHA.  Una minucia, para éstos, pero algo fundamental en las retribuciones de unos funcionarios y funcionarias que tienen que dar la cara día a día en un juzgado que no es precisamente una balsa de aceite.

Hasta el año 2015 en Plan de Actuación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer establecían tres tramos para tener derecho al cobro mensual del complemento:
-          Primer tramo: Juzgados cuya carga de trabajo en cómputo anual supere las 600 diligencias previas y/o 213 diligencias urgentes.

-          Segundo tramo: Juzgados no incluidos en el grupo anterior, cuya carga de trabajo en cómputo anual supere 100 diligencias previas y/o 100 diligencias urgentes.

-          Tercer tramo: Juzgados no incluidos en el grupo anterior, cuya carga de trabajo, en cómputo anual, supere 40 diligencias urgentes.

Tramos
Médicos Forenses
Gestión P. y A.
Tramitación P. y A.
Auxilio Judicial
Primer tramo
60
191,80
150,70
109,60
Segundo tramo
60
123,30
95,90
68,50
Tercer tramo
60
89,05
68,50
47,95

En la negociación del plan de violencia para este año 2016 la Directora General de Justicia propuso la modificación de estos tramos, que quedarían de la siguiente forma:

-          Primer tramo: Juzgados cuya carga de trabajo en el año 2015 en cómputo anual supere las 360 diligencias urgentes.

-          Segundo tramo: Juzgados no incluidos en el grupo anterior, cuya carga de trabajo en el año 2015 en cómputo anual supere 36 diligencias urgentes.

Tramos
Médicos Forenses
Gestión P. y A.
Tramitación P. y A.
Auxilio Judicial
Primer tramo
60
191,80
150,70
109,60
Segundo tramo
60
89,05
68,50
47,95

Es decir, ya de inicio la Directora General planteaba un incremento muy sustancial de las diligencias urgentes para tener derecho a cobrar el primer tramo sin justificación alguna, aunque ella lo que realmente quería era suprimir directamente el Plan de los Juzgados de Violencia.

En la reunión del día 2 de junio, y al texto del acta nos remitimos, la Directora General “advierte” que ha habido un error en el texto de su propuesta, y que las diligencias urgentes a tener en cuenta ya no son las de cómputo anual del año 2015, sino trimestrales este año, es decir, de 90 diligencias urgentes para cobrar el primer tramo. Esto, evidentemente, no es un error mecanográfico después de meses negociando el complemento para los Juzgados de Violencia, ni puede traerse de repente a una mesa de negociación sin previa remisión a las organizaciones sindicales para su estudio. Pero la Directora General  así lo hizo. Según consta el acta de la Mesa, las organizaciones sindicales inicialmente rechazamos el cómputo trimestral por entender que el cómputo debe ser anual, pero tras la propuesta del Secretario General Técnico sobre que el plan tendría carácter retroactivo a 1 de enero (otro de los caballos de batalla de la negociación, cuando hasta que llegó María Angeles Julvez a la Dirección General de Justicia no había habido ningún problema en aprobar el plan en octubre y cobrarlo desde enero del mismo año), las organizaciones sindicales  aceptamos el plan, condicionado a dicho carácter retroactivo. Caímos en la trampa preparada por la Directora General de Justicia, sobre el cómputo trimestral.  

En este blog ya hemos contado reiteradas veces la historia del desencuentro entre las organizaciones sindicales y la Directora General de Justicia en esta materia, como en tantas otras, y adjuntamos enlaces al respecto al final de este post. A nuestro juicio, ni estaba justificado aumentar el número de juicios rápidos en ratio anual para tener derecho a cobrar el primer tramo del complemento establecido, tal y como se había hecho hasta el año 2015 inclusive, ni existía justificación para dividir esta ratio por tramos trimestrales para tener derecho a cobrar cada trimestre. Si a ello añadimos que la Directora General de Justicia sabía perfectamente, cuando propuso en la mesa sectorial del 2  de junio, que el Juzgado nº 1 de Violencia de Zaragoza no llegaba a la ratio trimestral propuesta  para tener derecho al cobro del primer tramo, y que ocultó dicha información a los representantes de las organizaciones sindicales, haciendo caso omiso a la denuncia inmediata del principio de acuerdo alcanzado en dicha mesa sectorial, y que siguió adelante con la tramitación de un texto rechazado por todos menos por ella misma, su complot para ahorrarse 4 euros a costa de unos pocos funcionarios y funcionarias destinados en un Juzgado con competencia en materia tan sensible y que precisa de plantilla consolidada y experta  es digno de todo elogio… salvo que quien lo lleva a cabo es la alta responsable del Gobierno de Aragón PSOE-CHA, supuestamente progresista,  en materia de Administración de Justicia. Y a todo esto, el Plan de Actuación, pese a que está ya siendo abonado, no ha aparecido publicado en el BOA ni en la página web del Gobierno de Aragón, y seguimos desconociendo el texto de los informes del Consejo General del Poder Judicial sobre dicho plan, así como el de intervención de la DGA previo al Consejo de Gobierno que supuestamente lo aprobó.

Pero veamos lo injusto del criterio impuesto por la Sra. Directora General de Justicia, con las cifras del Juzgado de Violencia 1 de Zaragoza, cuyos funcionarios y funcionarias han sido los damnificados por la política de este Gobierno. El plan de actuación que supuestamente ha aprobado el Gobierno de Aragón establece que para tener derecho a cobrar el primer tramo del plan de violencia hace falta haber tramitado 90 diligencias urgentes en el trimestre. Según datos facilitados por dicho Juzgado, durante el primer trimestre tramitaron 84 diligencias urgentes (el equivalente al 93 %  del primer tramo), razón por la cual por los tres primeros meses del año 2016 han cobrado entre 60 y 90 € menos al mes. La Directora General de Justicia no ha querido tener en cuenta que este año la semana santa cayó en el mes de marzo, y que por ello Duds correspondientes a marzo se registraron en abril.

Los datos dicen mucho más. En el segundo trimestre de 2016 se tramitaron 169 Duds, lo que equivale a un 187 % del mínimo establecido para tener derecho a cobrar el primer tramo. En el tercer trimestre 157 Duds, lo que equivale a un 174 % sobre dicho mínimo; y en los dos primeros meses del cuarto trimestre ya superaban en 10 el número mínimo de 90 diligencias urgentes. ¿Y qué pasa con este exceso, Sra. Directora? Tras faltar en el primer trimestre un exiguo 7 % de las diligencias urgentes para tener derecho a cobrar el primer tramo, ¿cómo va a compensar que en los siguientes trimestres se haya excedido en más de un 75 %  la ratio mínima para tener derecho a cobrar el primer tramo del plan de violencia? ¿No sería más justo establecer que, si en el cómputo anual, el número de diligencias urgentes supera un determinado porcentaje (un 40 %, por ejemplo) el establecido para cada tramo, se tiene derecho a cobrar el tramo durante los cuatro trimestres, cualquiera que sea el número de diligencias tramitadas en cada trimestre? Porque si en su día se estableció que el plan de actuación era sobre cómputo anual fue precisamente para evitar las disfunciones que festividades como semana santa o navidad crea en las estadísticas de los juzgados de violencia, pues en días festivos permanecen cerrados. ¿No cobran los Letrados de la Administración de Justicia su productividad en términos semestrales, para evitar precisamente lo que nos ha pasado este año?

Si la Directora general de Justicia y el Consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón tuviesen  la Justicia como algo más que el apelativo de su cargo, deberían reconocer con carácter retroactivo lo propuesto en el párrafo anterior, e incluirlo en el próximo acuerdo de violencia. Y no es mucho pedir, pues el dinero presupuestado para la cantidad que han dejado de pagar existe, simplemente hace falta voluntad. Y no se olviden que queda mucha legislatura por delante, para proyectos muy ambiciosos para el que precisan de un clima absolutamente distinto del que han creado con este y otros muchos temas. Tiempo tienen para solucionarlo.

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