Nota de prensa del Colegio de Abogados de Zaragoza. El Boletín Oficial de Aragón del pasado 17 de noviembre, publicaba el Decreto 161/2016, de 8 de noviembre, de modificación parcial del Decreto 110/2014, de 8 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de la Asistencia Jurídica Gratuita en la Comunidad Autónoma de Aragón.
El texto aprobado por el Gobierno de Aragón no recoge ni una sola de las observaciones y sugerencias que, debidamente razonadas, formuló el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza en el período de información pública a invitación de la Dirección General de Justicia. Tampoco nadie se ha molestado en decirnos el por qué dichas observaciones no han sido estimadas.
El Decreto ignora los derechos de los abogados del turno de oficio, pues no se resuelven los graves problemas existentes en la actualidad, que obligan a muchos abogados del turno de oficio a prestar la asistencia jurídica gratuita sin que se les remunere su intervención profesional.
El Decreto ignora los derechos de los Colegios, pues se reducen en prácticamente un 60% los fondos que el Gobierno de Aragón aporta para mantener los gastos que supone la infraestructura que soporta la asistencia jurídica gratuita. Aunque paradójicamente se obliga a incrementar esa infraestructura, y por consiguiente sus gastos, al aumentar los requisitos burocráticos para la justificación del servicio.
La reducción de los fondos para gastos de infraestructura va a tener importantes repercusiones en las posibilidades de prestación del Servicio y redundará en un evidente perjuicio para los ciudadanos. Prejuicio en el que este Colegio rechaza toda responsabilidad, al deberse exclusivamente a la decisión unilateral del Gobierno de Aragón y su Dirección General de Justicia.
El Decreto ignora el espíritu que la Constitución confiere a la asistencia jurídica gratuita, garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a la Justicia sin que su situación económica sea un impedimento para ello, para lo cual encomienda a la Administración y a los Colegios de Abogados organizar la prestación de dicho derecho. A los Colegios de Abogados seleccionado y supervisando la actuación de los abogados de oficio que lo prestan y a la Administración financiando el coste del servicio, pagando a los abogados por su trabajo y atendiendo los costes que la infraestructura del servicio produce. En modo alguno la Constitución plantea que la organización de la asistencia jurídica gratuita pueda ser impuesta unilateralmente por una de las partes, la Administración, a su exclusiva conveniencia.
Todos los intentos de razonar con la Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón han resultado baldíos. Esa falta de soluciones ya obligó al Colegio de Abogados a impugnar en vía administrativa, como paso previo para acceder a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, las liquidaciones de la asistencia jurídica gratuita de los cuatro trimestres de 2015 y asumir el pago de los abogados del turno que la Dirección General de Justicia se negaba a reconocer pese a que los abogados habían desempeñado el trabajo que se les había encomendado. Y otro tanto habrá que hacer con las liquidaciones de los trimestres de 2016 vencidos.
Pero la aprobación del Decreto citado ha supuesto ya un paso inadmisible si se quiere mantener la dignidad y eficacia de la asistencia jurídica gratuita que siempre la ha caracterizado: Por eso hoy mismo, tras tomar posesión como Decano del Real e Ilustre Colegio de bogados de Zaragoza, una vez reelegido para el cargo, mi primera decisión como Decano ha sido informar al Exmo., Sr. Presidente del Gobierno de Aragón que el malestar y enojo del Colegio de Zaragoza es compartido por los Colegios de Huesca y Teruel y que se va a impugnar ante los Tribunales de Justicia el citado Decreto.
