Lo fácil ante la huelga es
decir, como hace el CSI.F, que como no se ha agotado la vía parlamentaria
(¿¿ignoran que el PP tiene mayoría absoluta??) o que como todavía no se han
presentado los presupuestos generales del Estado (se presentan al día siguiente
de la huelga), no hay motivos segundar la huelga; o como hace el STAJ, al que
no le parece bien el ataque a los trabajadores pero que como no afecta de
momento a los funcionarios de Justicia no ve razones para unirse a la huelga.
Lo difícil es comprometerse en la defensa de nuestros derechos y de los
servicios públicos y hacer huelga; sin embargo, en CCOO estamos convencidos que
la única forma de avanzar, o simplemente de no retroceder en nuestros derechos,
es comprometiéndose y enfrentándose a quien quiera recortarlos.
Que nadie se engañe: la reforma
laboral no se ha hecho para crear trabajo, o posibilitar que una vez que la
crisis mejore algo haya mejores condiciones para la creación de empleo. La
crisis es simplemente la excusa perfecta para recortar derechos a los
trabajadores e
inclinar definitivamente la balanza a favor del empresario o la Administración,
a los que hay que dar todo tipo de posibilidades y facilidades para contratar y
despedir, para modificar condiciones de trabajo, de horarios, de movilidad, de
reducciones de jornada, de no cumplir lo pactado en el convenio colectivo, de
rebajar el sueldo, de no pagar indemnización alguna en caso de despido, etc,
haciendo del trabajador una herramienta de usar y tirar. No quieren
trabajadores, sino esclavos de un sueldo con el que poder sustentar a nuestras
familias aun a costa de la renuncia de nuestros derechos, conseguidos tras años
y años de lucha y compromiso de todos los trabajadores. Todos tenemos un
pariente, familiar o amigo que trabaja en el sector privado y que es
directamente afectado por esta reforma laboral; pero no solo ellos: los
funcionarios de Correos, desde que se privatice, podrán ser despedidos; los
laborales de la propia Dirección General de Justicia de Aragón (limpiadoras,
psicólogos, asistentes sociales, peritos, etc), podrán ser despedidos, como
lo están siendo ya las limpiadoras del Ministerio de Defensa, y ellos también
pasaron un proceso selectivo para su nombramiento, como los funcionarios.
De todas las huelgas generales
que ha habido en España, ésta es la que más justificación tiene. Los derechos
que perdamos ahora, como consecuencia de esta reforma o de la inminente
aplicación de la misma a los funcionarios públicos, no los vamos a volver a
recuperar. No
estamos ante una rebaja de sueldo, que al final se recupera. Estamos ante una
pérdida de derechos laborales como nunca la ha habido. La crisis puede
justificar medidas que impliquen mejorar la competitividad, pero estas medidas
no la mejoran, el Gobierno aprovecha la ocasión para recortar derechos a los
trabajadores. Estas medidas tampoco ayudan a los parados, pues no crean empleo y éste se vuelve precario,
esclavo y bajo el absoluto dominio del empresario o la Administración.
Las circunstancias justifican
más que de sobras que todos los funcionarios de Justicia nos unamos a la huelga
general. Estamos
ante una huelga en defensa del respeto y de los derechos de todos los
trabajadores, que se ven gravemente atacados con la reforma laboral. Los
funcionarios también somos trabajadores, y que nadie lo dude, las mismas
medidas que se van a aplicar a los trabajadores, a través de la modificación
del Estatuto de los Trabajadores, son
aplicables a los funcionarios, bastando para ello con una modificación del
Estatuto Básico del Empleado Público o de la LOPJ, para lo que basta la mayoría
absoluta del PP en el Congreso. ¿O es que hay que esperar a que reformen
estas leyes y recorten, ahora sí directa e inevitablemente, nuestros derechos,
para ponerse en huelga? Ya será tarde, no habría nada que hacer, y no
esperemos que los demás trabajadores y opinión pública en general se
solidaricen con nosotros si nosotros, los funcionarios públicos, somos los
primeros en excluirnos en esta huelga general en defensa de los derechos de los
trabajadores, como si nosotros no fuésemos trabajadores. Difícil
será, por ser funcionarios, que nos despidan, pero que van a cambiar
sustancialmente nuestras condiciones de trabajo a peor si no podemos
remedio cuanto antes, no lo dudéis.
Estamos también ante una
huelga en defensa de los servicios públicos, incluida la Administración de
Justicia. Cada día vemos en televisión las concentraciones en Cataluña,
Valencia, Castilla La Mancha, Galicia, etc, debido a que los recortes en los
servicios públicos están suponiendo un grave deterioro de los mismos, que va a
afectar directamente a cómo realizamos nuestro trabajo. Lo que está pasando
en Cataluña es un claro ejemplo de lo que puede pasar en el resto de España.
El Gobierno de Cataluña, con el
apoyo del PP, ha aprobado numerosos recortes en el sector público, incluida la
Administración de Justicia, acordando entre otras medidas la no contratación de
interinos para cubrir bajas, la rebaja del sueldo del 3% en la paga extra de verano,
un nuevo recorte del 2% en la paga extra de navidad , la reducción de jornada y
sueldo del 15% a interinos , la congelación del plan de pensiones, la reducción
del número de asuntos propios, etc. Asimismo prevé la posibilidad de que
los departamentos de la Generalitat (salvo Educación y Sanidad) varíen a
técnicos y administrativos sus condiciones de trabajo, sea el horario, las
funciones de su puesto de trabajo e incluso su ubicación geográfica. Y ello,
con el apoyo del PP. ¿ Y si todas estas medidas se hiciesen, con carácter
global, para todos los funcionarios públicos de España, incluida la
Administración de Justicia?.
Muchos piensan que aun habiendo
motivos más que justificados para hacer huelga, con la huelga general no se
conseguirá nada, el Gobierno seguirá adelante y lo único de lo que nos valdrá
será para que nos descuenten un día de sueldo, motivo por el cual no harán
huelga. Quizás tengan razón. Pero en
nuestras manos está, con el apoyo unánime y decidido de todos los
funcionarios, que la huelga sólo suponga un descuento de un día de sueldo, y que
el Gobierno, ante el apoyo masivo a la convocatoria de huelga, vea cómo todos,
trabajadores y funcionarios, estamos en contra de los recortes a nuestros
derechos, no justificados por crisis alguna; vea que estamos en contra del
recorte de los servicios públicos, como la Administración de Justicia, en la
que trabajamos, y dé marcha atrás. Y sólo si el Gobierno ve que nuestra
queja es unánime, y que estamos todos unidos en defensa de nuestros derechos,
tomará conciencia de que no todo vale en esta crisis, y que existen otras
salidas de la misma que nada tienen que ver con el recorte a los derechos
conseguidos por los trabajadores y funcionarios a lo largo de los últimos años.
Recuerda: los derechos que
perdamos ahora no los volveremos a recuperar.
Y estos derechos valen mucho más que un día de sueldo.
EL
29- M DEFIENDE TUS DERECHOS, DEFIENDE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
CONTRA LOS RECORTES LABORALES Y SOCIALES
EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTRA
LA REFORMA LABORAL
29-M HUELGA GENERAL
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