El
Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, en sus 100 días de gobierno, se ha
reunido entre otros con la Consejera de Justicia de Cataluña, el Consejo
General del Poder Judicial, el Presidente del Consejo General del Notariado, el
Consejero de Justicia y Bienestar Social de Valencia, el Consejero de
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de Galicia, el Embajador de
Francia en España, la Presidenta de la Asociación de afectados del vuelo JK5022
de Spainair, el Presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, el Presidente
del Consejo General de Procuradores, la Asociación de Jueces Francisco de
Vitoria, la Asociación de Jueces para la Democracia, el Consejero de
Presidencia, Justicia e Igualdad de Canarias, sus antecesores en el cargo de
Ministro de Justicia, los representantes de la Asociación de Fiscales, el Consejero
de Administración Pública del Gobierno de la Junta de Extremadura, los representantes
de la Unión Progresista de Fiscales y la Ministra de Justicia de Serbia, según
resulta de las notas de prensa que publica el Ministerio de Justicia en su página
web.
Sin embargo, en estos 100 días no ha tenido ni un
minuto para reunirse con los representantes de los más de 50.000 funcionarios y
trabajadores de la Administración de Justicia, pese a que CCOO insistentemente
le ha reclamado una reunión para tratar las numerosas cuestiones pendientes con
el Ministerio. Su respuesta ya la vamos viendo: mientras Gallardón
incrementa en un 25,9% las partidas presupuestarias para la formación de los
Fiscales (6,21 millones de euros), reduce un 53,26% la formación del personal
de la Administración
de Justicia (funcionarios y laborales) destinando más de 2.500€ por fiscal para formación
frente a los 15€ por funcionario de Justicia. ¿Será porque pertenece a la
carrera fiscal, en la que nunca ejerció por dedicarse a la política?
Gallardón tenía engañados a
todos los españoles (excepto a los de Madrid, claro está) sobre su falso
talante dialogador y progresista dentro del PP. Hoy se ve claramente que se sitúa
a la derecha más derecha del PP, que es tremendamente corporativista, que
pretende lesionar gravemente el derecho de todos los ciudadanos a la tutela
judicial efectiva mediante el establecimiento de tasas disuasorias y que carece
de capacidad de diálogo con los representantes de los trabajadores de Justicia,
a los que desprecia con su silencio y con las medidas que adopta.
