El pasado 4 de noviembre de 2009 se publicó en el BOE la reforma de las leyes procesales para la implantación de la nueva Oficina judicial, entre las que se han introducido algunas reformas que atentan gravemente a los derechos de los ciudadanos en el acceso a la Justicia y al ejercicio del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.
A partir del 5 de noviembre de 2009, es obligatorio para cualquier ciudadano que pretenda interponer un recurso ante los Tribunales de Justicia constituir un depósito en cuantía desde 30 euros hasta 50 euros según los casos, en los órdenes jurisdiccionales civil, social y contencioso-administrativo (en el orden penal sólo se le exigirá a la acusación particular)
El depósito se deberá consignar al interponer el correspondiente recurso y sólo se devolverá al ciudadano si se estima total o parcialmente el recurso.
El Ministerio Fiscal, el Estado, las CCAA, las entidades locales y los organismos autónomos quedarán exentos de constituir el depósito referido. Además, en el orden social y en los procedimientos concursales, los trabajadores o pensionistas de la Seguridad Social quedarán exentos de la constitución de tales depósitos, pero no así los empleados públicos que tienen que ejercitar sus derechos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que sí estarán obligados a constituir el depósito correspondiente, lo que supone una discriminación, totalmente consciente, entre todos los trabajadores.
El dinero que la Administración de Justicia “recaude” de esta manera se destinará a sufragar los gastos derivados de la modernización e informatización de esta Administración, que, por otro lado, ya sufragamos todos los ciudadanos mediante los impuestos correspondientes y distribuidos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
El Ministerio de Justicia justificó tal medida en una racionalización de los recursos que acceden a la Administración de Justicia, pero desde CCOO denunciamos que su única pretensión ha sido y es la obstaculización para los ciudadanos a la defensa de sus derechos e intereses legítimos en función de su situación económica, pues, en definitiva, a la Administración de Justicia sólo acudirán los ciudadanos que puedan costearse tales depósitos.
El retraso en la duración de los procedimientos en la Administración de Justicia, el incremento en la litigiosidad, en definitiva, la saturación en la Administración de Justicia, no puede resolverse a golpe de encarecer su acceso, sino de adoptar medidas como incremento de plantilla, acumulación de demandas y recursos idénticos,…
Lo lamentable es que ningún partido político, en el trámite parlamentario, haya hecho mención alguna a ello y sólo hayan discutido sobre qué parte de las cuantías así recaudadas se transferirán a las CCAA.
Asimismo, en las reformas publicadas se da competencia a los Procuradores para realizar actos de comunicación, que hasta la fecha sólo son competentes para ello los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial, y en la práctica esto significa la privatización parcial de la Administración de Justicia, pues entrega a las partes interesadas, y a su costa, en el proceso judicial una de las herramientas imprescindibles para el buen funcionamiento de la Justicia. Y que nunca puede estar en manos privadas y menos en la de los actores interesados en el procedimiento.
Y como colofón de una reforma inaceptable en estos contenidos, se limita la jurisdicción universal al negar el legítimo derecho de las víctimas a acceder a mecanismos efectivos de procesamiento y reparación por las graves violaciones de los derechos humanos en delitos como el genocidio, terrorismo.
CCOO DENUNCIA QUE LOS CONTENIDOS DE ESTAS REFORMAS SON UN ENGAÑO A LOS CIUDADANOS, PORQUE LA REFORMA VA A SER SUFRAGADA POR ELLOS DOS VECES, CON SUS IMPUESTOS Y CON LOS DEPÓSITOS JUDICIALES CITADOS.
EN SEGUNDO LUGAR, SIGNIFICA LA PUESTA EN MARCHA DE OBSTÁCULOS PARA QUE LOS CIUDADANOS ACUDAN A LOS TRIBUNALES A DEFENDER SUS LEGÍTIMOS DERECHOS. EN LA PRÁCTICA ES UN ATAQUE DIRECTO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA PORQUE MUCHAS PERSONAS NO VAN A PODER UTILIZAR EL RECURSO CON LA INSTAURACIÓN DE LOS DEPÓSITOS JUDICIALES.
A partir del 5 de noviembre de 2009, es obligatorio para cualquier ciudadano que pretenda interponer un recurso ante los Tribunales de Justicia constituir un depósito en cuantía desde 30 euros hasta 50 euros según los casos, en los órdenes jurisdiccionales civil, social y contencioso-administrativo (en el orden penal sólo se le exigirá a la acusación particular)
El depósito se deberá consignar al interponer el correspondiente recurso y sólo se devolverá al ciudadano si se estima total o parcialmente el recurso.
El Ministerio Fiscal, el Estado, las CCAA, las entidades locales y los organismos autónomos quedarán exentos de constituir el depósito referido. Además, en el orden social y en los procedimientos concursales, los trabajadores o pensionistas de la Seguridad Social quedarán exentos de la constitución de tales depósitos, pero no así los empleados públicos que tienen que ejercitar sus derechos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que sí estarán obligados a constituir el depósito correspondiente, lo que supone una discriminación, totalmente consciente, entre todos los trabajadores.
El dinero que la Administración de Justicia “recaude” de esta manera se destinará a sufragar los gastos derivados de la modernización e informatización de esta Administración, que, por otro lado, ya sufragamos todos los ciudadanos mediante los impuestos correspondientes y distribuidos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
El Ministerio de Justicia justificó tal medida en una racionalización de los recursos que acceden a la Administración de Justicia, pero desde CCOO denunciamos que su única pretensión ha sido y es la obstaculización para los ciudadanos a la defensa de sus derechos e intereses legítimos en función de su situación económica, pues, en definitiva, a la Administración de Justicia sólo acudirán los ciudadanos que puedan costearse tales depósitos.
El retraso en la duración de los procedimientos en la Administración de Justicia, el incremento en la litigiosidad, en definitiva, la saturación en la Administración de Justicia, no puede resolverse a golpe de encarecer su acceso, sino de adoptar medidas como incremento de plantilla, acumulación de demandas y recursos idénticos,…
Lo lamentable es que ningún partido político, en el trámite parlamentario, haya hecho mención alguna a ello y sólo hayan discutido sobre qué parte de las cuantías así recaudadas se transferirán a las CCAA.
Asimismo, en las reformas publicadas se da competencia a los Procuradores para realizar actos de comunicación, que hasta la fecha sólo son competentes para ello los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial, y en la práctica esto significa la privatización parcial de la Administración de Justicia, pues entrega a las partes interesadas, y a su costa, en el proceso judicial una de las herramientas imprescindibles para el buen funcionamiento de la Justicia. Y que nunca puede estar en manos privadas y menos en la de los actores interesados en el procedimiento.
Y como colofón de una reforma inaceptable en estos contenidos, se limita la jurisdicción universal al negar el legítimo derecho de las víctimas a acceder a mecanismos efectivos de procesamiento y reparación por las graves violaciones de los derechos humanos en delitos como el genocidio, terrorismo.
CCOO DENUNCIA QUE LOS CONTENIDOS DE ESTAS REFORMAS SON UN ENGAÑO A LOS CIUDADANOS, PORQUE LA REFORMA VA A SER SUFRAGADA POR ELLOS DOS VECES, CON SUS IMPUESTOS Y CON LOS DEPÓSITOS JUDICIALES CITADOS.
EN SEGUNDO LUGAR, SIGNIFICA LA PUESTA EN MARCHA DE OBSTÁCULOS PARA QUE LOS CIUDADANOS ACUDAN A LOS TRIBUNALES A DEFENDER SUS LEGÍTIMOS DERECHOS. EN LA PRÁCTICA ES UN ATAQUE DIRECTO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA PORQUE MUCHAS PERSONAS NO VAN A PODER UTILIZAR EL RECURSO CON LA INSTAURACIÓN DE LOS DEPÓSITOS JUDICIALES.
EN TERCER LUGAR, SIGNIFICA LA PRIVATIZACIÓN PARCIAL DE LA JUSTICIA Y LA LIMITACIÓN A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN UN ESTADO DE DERECHO.
