Listas de funcionarios interinos sin aprobar, teniendo que seguir tirando de las que caducaron a 31 de septiembre de 2007; ante el agotamiento de las listas, personas contratadas como interinos con muchas ganas pero nulo conocimiento de la administración de justicia; cambios en el programa de gestión procesal sin previamente comprobar su adecuado funcionamiento y sin darnos cursos específicos sobre cómo trabajar con dicho programa, con lo cual no es posible sacarle todo el rendimiento posible; mal funcionamiento de dicho programa, que hay que ir continuamente trampeando para avanzar aunque sea lentamente; abandono de programas formativos para actualizar conocimientos en materias procesales o de derecho aragonés, a cambio de cursos sobre Excel o Word; obligación de asistir a cursos de formación para la reforma de la oficina judicial, sin previa negociación, ni compensación horaria alguna para quienes se desplazaban desde sus localidades; cambios del horario de verano sin negociación alguna; chanchulletes y presiones a las limpiadoras para que acepten limpiar a las 6 de la mañana en verano, coincidiendo parte de su jornada con las horas de audiencia de los Juzgados; ordenadores que se cuelgan cuando se tienen abiertos ficheros word y se trabaja con el Minerva; responsables políticos que achacan el mal funcionamiento del programa de gestión procesal a la avanzada edad media de los funcionarios de Justicia; interinos de refuerzo en la jurisdicción civil que sólo duran 6 meses, pese a que no se ha incrementado el número de Juzgados civiles en muchos años y ahora es cuando más carga de trabajo tienen; expedientes disciplinarios a funcionarios que se niegan a seguir sustituyendo sin norma o habilitación expresa que regule dicha sustitución y la retribuya; servidores que no funcionan en verano o no tienen capacidad suficiente para soportar los programas como el Lexnet; falta de scanners; 7 meses de retraso en el abono de las retribuciones complementarias en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer o con competencias en la materia, que además fueron los únicos Juzgados de toda España que no cobraron un euro durante el año 2008; el mismo número de Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz que en el año 1987; oficinas recién reformadas sin aire acondicionado “porque los veranos en Teruel son muy fresquitos”, o que se pasan días sin teléfono ni fax; personas nombradas a dedo y sin proceso selectivo previo para ocupar jefaturas en las Unidades Administrativas; abandono del Servicio de Apoyo de TSJA, para no pagarles dietas, mientras se crean Juzgados casi por entero con interinos sin experiencia; incremento muy sustancial del personal para gestionar la Justicia, mientras han negado el refuerzo adecuado a los Juzgados de lo Social, con más carga de trabajo que en toda su historia; ordenadores “nuevos” que fallan más que una escopeta de ferias; supresión del segundo Juzgado de Guardia en Zaragoza a los 6 meses de crearse, tras decir reiteradas veces que lo iban a mantener; la misma acción social que hace 3 años, con su injusto límite de rentas para poder acceder a ella; rosario de funcionarios acudiendo al despacho del Director General para pedir comisiones de servicio u otros favores; reorganización de oficinas judiciales acordada desde la Secretaría de Gobierno del TSJA sin tener competencia alguna sobre la materia; un Fiscal viviendo en un edificio judicial; retraso injustificado en el abono del cuarto punto; incumplimiento de los acuerdos firmados y de los compromisos asumidos en Mesa Sectorial, nombramiento de asesores que no tienen ningún conocimiento de la Administración de Justicia, etc…
No es una pesadilla. Son dos años y medio de gestión de las competencias de la Administración de Justicia por parte de la DGA. Y lo peor, es que piensan que lo están haciendo bien.
Parafraseando a Alfonso Guerra, Silva y Borrás van a dejar a la Administración de Justicia que no la va a conocer ni la madre que la parió.
Imprimir artículo
