El pasado 19 de julio la Dirección General de Justicia remitió a las organizaciones sindicales un correo electrónico en que se remitía adjunta una Estadística de Gestión y cargas de trabajo de los Juzgados del Orden jurisdiccional civil del año 2009, extraida del Punto Neutro Judicial, y su propuesta de dotación del Servicio Común de Ejecutorias Civiles de Zaragoza así como de la puesta en marcha parcial del Servicio Común General y otros servicios en dicha ciudad, que afecta al Decanato, SACE, y Secretarías del TSJA y Audiencia Provincial de Zaragoza, solicitándonos que presentemos alegaciones con anterioridad al 23 de agosto de 2010 para pasar luego directamente a negociar las relaciones de puestos de trabajo.
Se adjunta en los siguientes links la propuesta de reordenación del personal que tiene en mente hacer la Dirección General de Justicia. No se acompaña a dicho proyecto ni memoria, ni dato alguno que justifique su propuesta.
Propuesta - Servicio Común General
Se adjunta en los siguientes links la propuesta de reordenación del personal que tiene en mente hacer la Dirección General de Justicia. No se acompaña a dicho proyecto ni memoria, ni dato alguno que justifique su propuesta.
Propuesta - Servicio Común General
Propuesta - Resumen
En contestación a dicha propuesta, CCOO ha dirigido carta al Director General de Justicia, y copia al Consejero de Justicia Sr. Silva que luego dice que no se entera y que nada pasa en la Administración de Justicia de Aragón, en la que en primer lugar exigimos que cumplan con su compromiso de abril de este año de integrar a los representantes de los funcionarios en el grupo de trabajo sobre la nueva oficina judicial, flagrantemente incumplido por parte de la Administración, sin que se ajuste a dicho compromiso que la participación de los representantes de los trabajadores se limite a un mero traslado para alegaciones.
Además les avisamos, para que luego nadie se llame a engaño ni se eche las manos a la cabeza: de persistir en el incumplimiento de su compromiso, se abriría un nuevo conflicto con los funcionarios de la Administración de Justicia, cuyo futuro profesional depende en buena parte de dicha reforma, con consecuencias de difícil previsión.
En cuanto a la propuesta que nos han remitido, no se acompaña ninguna memoria justificativa sino que ésta se limita a una enumeración de órganos y servicios judiciales y una propuesta de distribución de los funcionarios de los Cuerpos de Administración de Justicia en dichos órganos y servicios sin justificación alguna, y además ahora se incluye en el proyecto piloto la puesta en marcha parcial del Servicio Común General, que incluye al Decanato de Zaragoza, Oficinas de Secretaría de Gobierno del TSJA y de la Audiencia Provincial de Zaragoza, y SACE.
Afectando la propuesta a casi 200 funcionarios de la Administración de Justicia, para CCOO resultaría temerario abordar un proyecto piloto que afecta a tan elevado número de funcionarios si no existe un estudio detallado previo que justifique que con dicha propuesta se va a mejorar el servicio que presta la Administración de Justicia a los ciudadanos. No hay sino que comparar la propuesta que hizo el Ministerio de Justicia antes de las transferencias cuando eligió a Zaragoza como ciudad piloto y la propuesta actual de la DGA, para observar que la primera tenía detrás un soporte y trabajo previo considerable, mientras que de la propuesta de la DGA no sabemos de dónde han sacado los datos para su propuesta, más allá de copiar algo de la propuesta original del Ministerio de Justicia a la que hacemos mención. Y una reforma tan importante, por mucho proyecto piloto que sea dado que luego tendrá carácter definitivo, no puede depender de la “iluminación” del Director General de Justicia Sr. Borrás, que un buen día vio la luz y empezó a creer en la reforma de la oficina judicial en la que antes no creía.
Por eso, CCOO ha solicitado, al objeto de poder informar y participar en la propuesta, que se complemente la documentación remitida con una larga relación de datos estadísticos, organizativos y relacionados con la prestación actual del servicio de los departamentos afectados por dicho plan piloto, así como la justificación de por qué la DGA adopta este diseño y distribución de personal y no otro.
Asimismo hemos solicitado que una vez se nos remita la documentación y justificación del proyecto, que se nos conceda un plazo razonable para que podamos realizar las alegaciones y se convoque a una reunión a quienes participamos en la reunión que tuvo lugar en mayo de 2010 (representantes de los Colegios de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, representantes de asociaciones judiciales, de secretarios y sindicatos) para que cada uno presente y pueda explicar sus alegaciones y la Dirección General de Justicia pueda defender su posición. ¿O es que la Dirección General de Justicia tiene miedo de que los planteamientos defendidos por CCOO coincidan con los de asociaciones de Jueces, Secretarios y otras organizaciones sindicales, como sucedió en la reunión del mes de abril, en que todos defendimos mantener los refuerzos de los Juzgados de 1ª Instancia que luego acabaron quitando?
CCOO no discute que la responsabilidad y competencia de la Dirección General de Justicia de Aragón sobre la implantación en Aragón de la Nueva Oficina Judicial, tal y como establece la LOPJ. Pero CCOO también tiene muy claro que dicha nueva oficina supone un cambio esencial en las condiciones de trabajo de los funcionarios de justicia que deben ser negociadas al detalle, que el objetivo de la reforma es mejorar el servicio que presta la Administración de Justicia y no que unos cuantos secretarios puedan cobrar elevados complementos específicos, y que las nuevas oficinas y servicios no pueden nacer deficitarias de medios materiales y humanos, por lo que nuestra participación en su debate y diseño es no solo esencial sino imprescindible. Y que no se olvide el Sr. Director General de Justicia Sr. Borrás, ni el Sr. Consejero de Justicia Sr. Silva: sin los funcionaros de Justicia no hay reforma, y si la reforma es contra los trabajadores, no nos quedaremos quietos.
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En contestación a dicha propuesta, CCOO ha dirigido carta al Director General de Justicia, y copia al Consejero de Justicia Sr. Silva que luego dice que no se entera y que nada pasa en la Administración de Justicia de Aragón, en la que en primer lugar exigimos que cumplan con su compromiso de abril de este año de integrar a los representantes de los funcionarios en el grupo de trabajo sobre la nueva oficina judicial, flagrantemente incumplido por parte de la Administración, sin que se ajuste a dicho compromiso que la participación de los representantes de los trabajadores se limite a un mero traslado para alegaciones.
Además les avisamos, para que luego nadie se llame a engaño ni se eche las manos a la cabeza: de persistir en el incumplimiento de su compromiso, se abriría un nuevo conflicto con los funcionarios de la Administración de Justicia, cuyo futuro profesional depende en buena parte de dicha reforma, con consecuencias de difícil previsión.
En cuanto a la propuesta que nos han remitido, no se acompaña ninguna memoria justificativa sino que ésta se limita a una enumeración de órganos y servicios judiciales y una propuesta de distribución de los funcionarios de los Cuerpos de Administración de Justicia en dichos órganos y servicios sin justificación alguna, y además ahora se incluye en el proyecto piloto la puesta en marcha parcial del Servicio Común General, que incluye al Decanato de Zaragoza, Oficinas de Secretaría de Gobierno del TSJA y de la Audiencia Provincial de Zaragoza, y SACE.
Afectando la propuesta a casi 200 funcionarios de la Administración de Justicia, para CCOO resultaría temerario abordar un proyecto piloto que afecta a tan elevado número de funcionarios si no existe un estudio detallado previo que justifique que con dicha propuesta se va a mejorar el servicio que presta la Administración de Justicia a los ciudadanos. No hay sino que comparar la propuesta que hizo el Ministerio de Justicia antes de las transferencias cuando eligió a Zaragoza como ciudad piloto y la propuesta actual de la DGA, para observar que la primera tenía detrás un soporte y trabajo previo considerable, mientras que de la propuesta de la DGA no sabemos de dónde han sacado los datos para su propuesta, más allá de copiar algo de la propuesta original del Ministerio de Justicia a la que hacemos mención. Y una reforma tan importante, por mucho proyecto piloto que sea dado que luego tendrá carácter definitivo, no puede depender de la “iluminación” del Director General de Justicia Sr. Borrás, que un buen día vio la luz y empezó a creer en la reforma de la oficina judicial en la que antes no creía.
Por eso, CCOO ha solicitado, al objeto de poder informar y participar en la propuesta, que se complemente la documentación remitida con una larga relación de datos estadísticos, organizativos y relacionados con la prestación actual del servicio de los departamentos afectados por dicho plan piloto, así como la justificación de por qué la DGA adopta este diseño y distribución de personal y no otro.
Asimismo hemos solicitado que una vez se nos remita la documentación y justificación del proyecto, que se nos conceda un plazo razonable para que podamos realizar las alegaciones y se convoque a una reunión a quienes participamos en la reunión que tuvo lugar en mayo de 2010 (representantes de los Colegios de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, representantes de asociaciones judiciales, de secretarios y sindicatos) para que cada uno presente y pueda explicar sus alegaciones y la Dirección General de Justicia pueda defender su posición. ¿O es que la Dirección General de Justicia tiene miedo de que los planteamientos defendidos por CCOO coincidan con los de asociaciones de Jueces, Secretarios y otras organizaciones sindicales, como sucedió en la reunión del mes de abril, en que todos defendimos mantener los refuerzos de los Juzgados de 1ª Instancia que luego acabaron quitando?
CCOO no discute que la responsabilidad y competencia de la Dirección General de Justicia de Aragón sobre la implantación en Aragón de la Nueva Oficina Judicial, tal y como establece la LOPJ. Pero CCOO también tiene muy claro que dicha nueva oficina supone un cambio esencial en las condiciones de trabajo de los funcionarios de justicia que deben ser negociadas al detalle, que el objetivo de la reforma es mejorar el servicio que presta la Administración de Justicia y no que unos cuantos secretarios puedan cobrar elevados complementos específicos, y que las nuevas oficinas y servicios no pueden nacer deficitarias de medios materiales y humanos, por lo que nuestra participación en su debate y diseño es no solo esencial sino imprescindible. Y que no se olvide el Sr. Director General de Justicia Sr. Borrás, ni el Sr. Consejero de Justicia Sr. Silva: sin los funcionaros de Justicia no hay reforma, y si la reforma es contra los trabajadores, no nos quedaremos quietos.
