El 90% de la población aragonesa coincide en que es necesaria una
reforma urgente en la Justicia española. El 84% piensa que es lenta y el 42% que
está anticuada. Así se desprende del IV Barómetro Externo de Opinión del Consejo
General de la Abogacía Española.
La Administración de Justicia española no atraviesa su
mejor estado de forma. O al menos eso piensan los aragoneses, quienes
otorgan un exiguo 3,2 a los órganos judiciales del Estado. Se trata de
una calificación por debajo de la otorgada por el conjunto de la nación, que ha
puntuado con un 3,5 al entramado de juzgados y tribunales españoles. Este es
sólo uno de los reveladores datos recogidos en el IV Barómetro Externo de
Opinión que, cada tres años, encarga el Consejo General de la Abogacía Española
(CGAE) a la empresa de estudios de opinión Metroscopia.
Las conclusiones
que se extraen de la publicación son definitivamente negativas: el 84%
de los aragoneses consultados consideran que la Administración de Justicia es
"tan lenta" que, siempre que se pueda, vale más "evitar acudir a ella"
y el 42% que su imagen está "más bien anticuada". La práctica totalidad -nueve
de cada diez- piensan que, tal y como están ahora las cosas, la Justicia
española necesita "una reforma profunda y urgente".
La percepción
empeora
El intento por proyectar una imagen de modernización,
por parte de las instituciones jurídicas, parece no haber calado entre la
ciudadanía. De este modo, entre los consultados en la Comunidad Autónoma
aragonesa, el 27% afirma que, en comparación con hace tres o cuatro
años, la Justicia funciona peor. El 51% considera que desempeña su
trabajo "más o menos igual" (56% ) y sólo el 10% tiene una visión optimista de
la evolución de los mecanismos legales españoles.
A nivel nacional,
son mayoría absoluta (54%) los españoles que creen que la situación del
Estado de derecho es, en España, peor que en los países más avanzados.
Hace tres años sólo daba esta respuesta un 30%. Desde el CGAE achacan esta
notable erosión a la coyuntura económica: "Uno de los efectos colaterales de la
profunda crisis de nuestra economía es haber dañado severamente la sensación que
tienen los españoles de estar viviendo en un Estado de Derecho de la máxima
calidad", explican.
Otro amplio porcentaje de la población española opina
que los jueces están "fuera de onda", alejados de los problemas reales de la
sociedad, y que sus sentencias se convierten en "papel mojado" ya que "no se
cumplen o se cumplen tarde y mal".
Calabazas para
todos
La percepción que los aragoneses tienen de los principales
grupos sociales e instituciones es, en general, muy negativa. Ocupando
el vagón de cola, los peor parados son los políticos, que reciben una
nota media de 2,4, seguidos de los partidos políticos (2,7) y
los bancos (2,9). Una opinión que podría estar definida por la
profunda crisis económica y la elevada tasa de paro. Algo por encima de ellos se
encuentran los sindicatos (3,1) y el Gobierno (3,3), quienes también han
recibido un duro revés a la hora de ser calificados. En el otro extremo están
los científicos y los cuerpos de seguridad del Estado, que pueden presumir de
unos holgados 7,6 y 6,7 respectivamente.
Dentro del mundo judicial, casi
todo son suspensos: tribunales de Justicia (4,3), jueces (4,8) y notarios (4,9)
se acercan al aprobado, algo que sólo consiguen los abogados, con un
apurado 5,2. Unas calificaciones que, en líneas generales, coinciden
con la media obtenida en todas las Comunidades.
"Hace falta un
grandísimo pacto de Estado"
Para el presidente del CGAE, Carlos
Carnicer, el balance del barómetro arroja que "estamos en un momento
extraordinario" para acometer "la gran reforma de la Justicia" a través de un
pacto de Estado, más prolongado del suscrito en 2001.
"Hace
falta un grandísimo pacto de Estado que empiece por que el Ministerio de
Justicia se llame Ministerio de relaciones con la Administración de Justicia,
por que el Consejo General del Poder Judicial sea Consejo General de
Magistratura y que las comunidades autónomas aclaren sus competencias para no
liar a la ciudadanía", añade el jurista en este sentido.
Heraldo de Aragón, 20.11.2011
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