La semana pasada el Gobierno anunció una medida que se ha
convertido en todo un clásico en la crisis actual: recortar el salario de los
empleados públicos para cuadrar sus cuentas y así cumplir con los objetivos de
déficit pactados con Bruselas. Pues bien, aunque no estaba previsto en el guión
inicial, Moncloa cumplió con la tradición y en 2014 se congelarán los salarios
de los trabajadores de las distintas administraciones.
Con esta
devaluación salarial –que según los sindicatos ya es de un 20% acumulada en los
últimos cuatro años– se perjudicará aún más al consumo y la renta disponible de
millones de familias, lo que incidirá directamente en la recaudación y, por
tanto, en los ingresos del Estado, por no hablar ya del impacto en el
crecimiento económico, ha señalado el sindicato de Técnicos del Ministerio de
Hacienda (Gestha).
Todavía está por ver cuál será el ahorro que el
Ejecutivo obtendrá de esta medida, pero lo que sí tenemos claro los técnicos del
Ministerio de Hacienda es que será inferior al que se obtendría por otras vías
menos perjudiciales para este colectivo y el conjunto de la economía. Entre las
alternativas, Gestha reclama la aplicación de un nuevo tipo impositivo del 35%
en el impuesto de sociedades a los beneficios que superen el millón de euros
anuales -declarados sobre todo por las grandes empresas que superan los 45
millones en ventas- para elevar los ingresos en 13.943 millones de euros
anuales, equivalente de por sí a todas las medidas exigidas desde el
exterior.
Además, a esto se sumaría la necesaria reorganización del
Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria para aflorar 1,6 puntos
porcentuales de la economía sumergida (actualmente en el 23,3% del PIB) y
mejorar el control del gasto público. Esto elevaría la recaudación en el corto
plazo en otros 6.200 millones de euros, llegando, a medio plazo, a la
recuperación de los 38.500 millones de euros que supone el diferencial de
nuestra economía sumergida con la de los países europeos de nuestro entorno.
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