Los sindicatos de la Administración de Justicia en Aragón plantearon ayer la amenaza de una huelga en el sector, motivada por la falta de respuesta de la Dirección de Justicia e Interior de la DGA sobre el pago de un complemento a los juzgados de Violencia sobre la mujer. Un conflicto que, según fuentes de la consejería de Presidencia, no existe, pues hay un acuerdo cerrado en la última mesa sectorial de Justicia, adoptado este mismo mes.
El acta de esta reunión no está firmada y por tanto no es firme ni pública, pero ayer fuentes sindicales negaban que se hubiera alcanzado ningún acuerdo en este ámbito. Por ello emitieron un comunicado conjunto --de CCOO, UGT, CSIF y STAJ-- en el que criticaban la falta de respuesta de la dirección general y el "deterioro" que pueden sufrir los servicios de estos juzgados "como consecuencia del número de horas de más y el estrés que supone el tipo de trabajo". Por ello las organizaciones sindicales, en una amenaza poco concreta, "se plantean la convocatoria de huelga" en este ámbito.
INQUIETUD
Las mismas fuentes indicaron que tras este comunicado subyace el temor a la falta del abono de este complemento, que oscila entre los 60 y los 190 euros al mes, según categorías laborales. Sobre todo porque llevan ocho meses negociando y esperaban que para comienzos de este año el tema estuviese solucionado. Era habitual, explicaban, que los funcionarios cobren a trimestre vencido el complemento, pero este año aún no se lo han abonado.
El motivo, según fuentes del Ejecutivo autonómico, es que el acuerdo se alcanzó este mismo mes. La "intención y voluntad" de la Dirección General de Justicia e Interior es mantener la cuantía de esta partida como todos los años (unos 83.000 euros), pero estará condicionado a un informe de Intervención. Esta deberá decidir si es legal que se aplique un pago retroactivo, desde enero, a un acuerdo alcanzado a estas alturas del año.
La negociación de este plus, que se venía abonando de forma prácticamente automática, fue motivada por los últimos cambios legislativos.
Por ejemplo, argumentan desde la DGA, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha reducido sensiblemente los casos que llegan a los juzgados penales, ya que los que no tienen autor conocido no llegan al juzgado, por ejemplo. Esto ha supuesto una reducción de hasta el 80% de casos a nivel general, calculan, aunque en los especializados en violencia sobre la mujer la carga no se ha reducido tanto, ni mucho menos.
Más aún cuando han asumido competencias como los casos de quebrantamiento --saltarse una condena o una medida preventiva impuesta por el juez-- que afecten a su jurisdicción y que antes trataban los juzgados de lo Penal.
Por ello, según fuentes del Ejecutivo aragonés, tras meses de negociaciones se llegó al citado acuerdo de mantener el complemento en los mismos términos que antes, considerando en cierta forma que la reducción de casos se compensaba con la asunción de estos nuevos.
Para los sindicatos, sin embargo, la regulación que quiere establecer la DGA es injusta, ya que supone aumentar "hasta un 70%" la ratio de casos que debe atender un juzgado para poder cobrar el mismo complemento que hasta el año pasado. Además de no tener en cuenta la penosidad del mismo --por ejemplo, al haber solo dos juzgados especializados en Zaragoza han de actuar una semana sin otra como juzgado de guardia-- y la carga emocional que conlleva.
Además, sostienen, es una compensación que se está pagando en el resto de España y no entienden por qué en Aragón se ponen tantas pegas para su abono. Ven una falta de reconocimiento a los funcionarios a la que han decidido responder con este potencial plante.
