Como ya se ha informado en anteriores posts las cuatro organizaciones sindicales estamos recogiendo firmas contra las modificaciones de las enmiendas del proyecto de reforma de la LOPJ
que, entre otros ataques, hacen desaparecer nuestros actuales centros
de destino, desde el jueves 12 de abril en todos los
órganos judiciales aragoneses. Es muy importante que todo el personal de la Administración de Justicia de Aragón secunde esta recogida de firmas, porque la reforma que pretende el Ministerio de Justicia, y que ha presentado como enmiendas a través del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, constituye un ataque directo a los derechos de todo el personal, tanto titulares como interinos.
En los órganos judiciales de Zaragoza capital, se está procediendo por las organizaciones sindicales, a recoger personalmente las hojas ya firmadas en cada órgano judicial.
En el resto de órganos judiciales de Zaragoza Provincia, Huesca y Teruel, una vez firmadas, habrán de remitirse por correo ordinario a la siguiente dirección:
A/A de los Sindicatos de Justicia
Ciudad de la Justicia de Zaragoza
Edificio Fueros de Aragón
c) José Atarés, 89-98
50018ZARAGOZA
El plazo para la remisión de las firmas será el próximo 18 de abril de 2018.
Os explicamos a continuación todo lo sucedido respecto de esta reforma
En el mes de octubre de 2017 se presentó ante el Congreso por el Grupo popular una proposición de Ley para modificar la LOPJ que tenía como único objeto la recuperación de permisos de jueces y personal al servicio de la Administración de Justicia. Una reforma, por tanto, simple, pero que después de casi seis meses aún no se ha tramitado
Desde ese momento las organizaciones sindicales y siendo conscientes de que era una reforma parcial de la LOPJ presentamos al Ministerio y a los distintos Grupos Parlamentarios propuestas de enmiendas para recuperar, entre otras, el 50% de la promoción interna, las sustituciones de Gestión a Letrados, la regulación de la carrera profesional, la supresión de los descuentos de baja por IT, etc.
El 23 de febrero el Ministerio de Justicia informó a las organizaciones sindicales que quería introducir una serie de modificaciones “concretas y de carácter técnico” en algunos artículos de la LOPJ. El Ministerio de Justicia mintió a los representantes de los trabajadores.
El Ministerio de Justicia mintió a los representantes de los trabajadores porque el 27 de febrero presentó en el Congreso más de 50 enmiendas a la LOPJ que van mucho más allá de modificaciones concretas y de carácter técnico que anunció. Además, el Ministerio ha sido incapaz de hacer suya ninguna de las enmiendas presentadas por las organizaciones sindicales de mejora de las condiciones laborales y profesionales de los funcionarios de la Administración de Justicia. Y lo que ya no tiene justificación es que el Ministerio proponga reformas que afectan a las condiciones laborales de los trabajadores sin que las mismas hayan sido negociadas con los representantes de los trabajadores
Por todo ello, desde CSIF, STAJ, CCOO y UGT como medida previa lanzamos una campaña de recogida de firmas entre todos los trabajadores de la Administración de Justicia para que con su apoyo y entre todos frenemos este nuevo ataque a nuestras condiciones laborales, de las que entre otras destacamos:
• Supresión de los actuales centros de destino, limitándolos al conjunto de los puestos que radiquen en el mismo municipio. Lo que supone la discrecionalidad a la hora de encomendar funciones y tareas y en contra del principio de especialización que se proclama en la propia LOPJ.
• Incremento de la capacidad discrecional de los Letrados a los que se atribuye no sólo la dirección técnico procesal de la oficina sino también la funcional, lo que puede tener consecuencias en la posibilidad de disfrutar de permisos, vacaciones y licencias, así como para castigar o premiar discrecionalmente y para atribuir la “ejecución” de funciones (lo que consagra el principio de que unos trabajan y otros cobran) y a mover a “sus” funcionarios a su antojo.
• Incremento de la politización y control político de la oficina judicial, reforzando el carácter jerarquizado de toda la oficina en lo que se refiere a las órdenes dictadas desde el propio Ministerio. Un camino que sigue la estela de la perniciosa introducción de los puestos de libre designación, especialmente, de Secretarios de Gobierno y coordinadores y del nombramiento a dedo de los Letrados del Tribunal Supremo.
• Indeterminación del destino real (y en consecuencia de las funciones y tareas atribuidas, así como de la posibilidad de establecer castigos y premios relacionados con el destino) con:
➢ La creación de secciones dentro del mismo orden jurisdiccional, servido por dos o más jueces
➢ La creación de órganos comarcalizados, que asuman su competencia sobre varios partidos judiciales
➢ Que una única UPAD preste servicio a varios órganos unipersonales del mismo orden jurisdiccional
➢ Restringe las causas de nombramientos del personal interino, limitando el nombramiento de refuerzos a un plazo máximo de seis meses
➢ La imposibilidad de nombrar personal de refuerzo de los cuerpos generales cuando se nombren jueces de refuerzo en un órgano, sobrecargándose así de forma inaceptable el trabajo del personal del juzgado.
Por todo ello, no podemos consentir que estas propuestas salgan adelante, porque nuestro destino actual y futuro quedaría en las manos discreccionales de la Administración, porque volvemos a la situación anterior al año 2003 respecto de nuestra dependencia dentro del órgano judicial, porque se vulneran los derechos de los interinos.
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