Aparece publicado en el BOA de hoy la ORDEN PRE/862/2018, de 14 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo del Gobierno de Aragón de 8 de mayo de 2018, por el que se aprueba la creación de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito de Zaragoza, Huesca y Teruel.
El objeto de esta norma es crear las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito de Zaragoza, Huesca y Teruel, para garantizar el servicio multidisciplinar de atención a las necesidades de las víctimas de delito, de carácter público y gratuito, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito y el Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, en los que se regulan dichas Oficinas.
Estas Oficinas ya existían adscritas a los Decanatos en cada una de las tres capitales de provincia, contando cada una con un funcionario correspondiente al Cuerpo de Gestión, que han venido desarrollando las funciones propias de las Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito. Lo que se pretende ahora es crear estas Oficinas con un carácter multidisciplinar, incluyendo en las mismas un abogado del turno de oficio designado por el Colegio de Abogados competente en cada caso, y el personal técnico especializado que, en cada momento, se considere pertinente adscribir por parte de la Dirección General de Justicia e Interior, mediante las fórmulas de gestión directa o indirecta contempladas por el ordenamiento jurídico aplicable, especialmente en el ámbito de la psicología y del trabajo social. Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito se configuran como una unidad especializada y un servicio público cuya finalidad es prestar asistencia y /o atención coordinada para dar respuesta a las víctimas de delitos en los ámbitos jurídico, psicológico y social, así como promover las medidas de justicia restaurativa que sean pertinentes.
Nada hay que objetar a la finalidad de estas Oficinas. Sin embargo, su creación y dotación no ha sido negociada con los representantes de las organizaciones sindicales. El personal de la Administración de Justicia destinado en estas oficinas seguirá adscrito al Decanato.
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