CCOO ha remitido en el día de hoy al Consejero de Presidencia de la DGA y a la Directora General de Justicia e Interior de la DGA el siguiente correo electrónico, en relación con la propuesta de la DGA de revisión del complemento autonómico transitorio:
"Recibida
la ultima propuesta de DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA, rechazamos su
firma y enviamos nueva propuesta de CCOO, que creemos hace justicia a
los compañeros de Aragon y es asumible perfectamente por la
Administración de la DGA.
El
personal de la Administración de Justicia de Aragón tiene las
retribuciones más bajas de todas las Comunidades Autónomas con
competencias en Justicia, mientras que su Gobierno presume de estar en
el quinto puesto del PIB respecto de todas las Comunidades Autónomas.
En
la presente legislatura, que comenzó en mayo de 2015, La Rioja,
Asturias, Valencia y Galicia han actualizado sus complementos
autonómicos, dejando a Aragón en el tercero por el final desde enero de
2017, el segundo por el final desde el 1 de enero de 2018 y el último,
el peor, desde mayo de este año. Llevamos, pues, mucho mucho tiempo
perdiendo dinero respecto de lo que cobran en otras Comunidades
autónomas. ¿O es que acaso los de Aragón (con complemento autonómico de
465/448/437) somos menos que los de Cantabria (636/615/607, con el
puesto 9º en el PIB nacional), Andalucía (573/542/523, con el penúltimo
puesto en el PIB) o Canarias (577/541/505, con el puesto 13 en el PIB
nacional), por poner tres ejemplos que además no son los que más cobran,
cuando además en estas dos últimas Comunidades se van a iniciar
negociaciones para aumentar dichos complementos?
La
DGA no tiene excusa para poner fin a esta situación discriminatoria
desde ya (son numerosísimos los casos de acuerdos firmados a mitad de
año y de vigencia inmediata, sin necesidad de aprobar los nuevos
Presupuestos de la Comunidad Autónoma, hay herramientas presupuestarias
para ello), ni tiene excusa para condenar al personal de Aragón a estar
en el pelotón de cola de la España transferida cuando su PIB es el
quinto de toda España. Somos 1300 funcionarios y funcionarias, no las
decenas de miles que hay en Sanidad, Educación o Administración de la
Comunidad Autónoma. No estamos reclamando los elevados salarios que
tienen en Sanidad o Educación los profesionales de categorías análogas a
las nuestras, sino que no estemos nunca por debajo de la media de
retribuciones autonómicas de las Comunidades Autónomas con competencias
en Justicia.
Creemos
que nuestra propuesta es justa y contribuiría con un gasto no excesivo
al aseguramiento de la paz social y el reconocimiento del trabajo de los
compañeros en igualdad con el resto de España."
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