Las retribuciones de todo el personal de la Administración
de Justicia de España únicamente difieren en aquellos complementos de naturaleza autonómica,
es decir, aquellos cuya determinación no se fijan por la Ley de Presupuestos
del Estado (salario, trienios, complemento general de puesto). Corresponde a
las Comunidades Autónomas con competencias determinar la cuantía del complemento
específico (o complemento autonómico transitorio, si es previo a la implantación
de la rpt), productividad y gratificaciones.
Es en esta determinación de los complementos autonómicos
donde Aragón se ha quedado en la cola de todas las Comunidades Autónomas con
competencias en Justicia. Su complemento autonómico (pues no percibimos ni
productividad ni gratificaciones) es el más bajo de toda España. Por el
contrario nuestro PIB está el quinto de toda la España autonómica. Los
funcionarios de Justicia de Aragón somos los que menos cobramos de toda la
Justicia transferida.
Esta situación no es repentina: desde la firma del Acuerdo
Marco 2008 entre el Gobierno de Aragón y las organizaciones sindicales,
comandadas por CCOO, que estableció un incremento lineal para todos los cuerpos
de 250 € en dos años en el mes de abril de 2008, el complemento autonómico
transitorio no ha sido revisado, pues desde la Administración siempre se dejó
tal cuestión para la implantación de la nueva Oficina Judicial, y las
organizaciones sindicales fuimos sensatas y coherentes con la grave situación
de crisis económica.
No obstante, y una vez se fueron reduciendo los efectos de
dicha crisis, prácticamente todas las Comunidades Autónomas procedieron a
revisar sus complementos autonómicos. En la presente legislatura, que comenzó
en mayo de 2015, La Rioja, Asturias, Valencia y Galicia han actualizado sus
complementos autonómicos, dejando a Aragón en el tercero por el final desde enero
de 2017, el segundo por el final desde el 1 de enero de 2018 y el último, el
peor, desde mayo de este año. Llevamos, pues, mucho mucho tiempo perdiendo
dinero respecto de lo que cobran en otras Comunidades autónomas. ¿O es que
acaso los de Aragón (con complemento autonómico de 465/448/437) somos menos que
los de Cantabria (636/615/607, con el puesto 9º en el PIB nacional), Andalucía
(573/542/523, con el penúltimo puesto en el PIB) o Canarias (577/541/505, con
el puesto 13 en el PIB nacional), por poner tres ejemplos que además no son los
que más cobran, cuando además en estas dos últimas Comunidades se van a iniciar
negociaciones para aumentar dichos complementos?
CCOO, junto a las demás organizaciones sindicales, reclamó
hace meses al Gobierno de Aragón la revisión del complemento autonómico
transitorio, pues no es de recibo esta discriminación respecto de los
compañeros y compañeras de otras comunidades autónomas que hacen el mismo
trabajo que nosotros, y en esa negociación estamos. La DGA no tiene excusa para
poner fin a esta situación discriminatoria desde ya (son numerosísimos los
casos de acuerdos firmados a mitad de año y de vigencia inmediata, sin
necesidad de aprobar los nuevos Presupuestos de la Comunidad Autónoma, hay
herramientas presupuestarias para ello), ni tiene excusa para condenar al
personal de Aragón a estar en el pelotón de cola de la España transferida cuando su PIB es el
quinto de toda España. Somos 1300 funcionarios y funcionarias, no las decenas
de miles que hay en Sanidad, Educación o Administración de la Comunidad Autónoma.
No estamos reclamando los elevados salarios que tienen en Sanidad o Educación los
profesionales de categorías análogas a las nuestras, sino que no estemos nunca por
debajo de la media de retribuciones autonómicas de las Comunidades Autónomas
con competencias en Justicia. CCOO ha sido muy prudente en su reclamación, ahora
la pelota está en el tejado de la DGA.
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