Aun cuando la Semana Santa se augura como un periodo tranquilo (por ser sólo tres los días laborales), lo cierto es que la DGA y la Comisión de Seguimiento del TSJA siguen teniendo sobre su mesa asuntos que afectan al conjunto del personal de la Administración de Justicia de Aragón, y que, desafortunadamente, no están resolviendo de la mejor manera. Sorprende, una vez más, como se adoptan decisiones que afectan al personal de la Administración de Justicia sin contar con la opinión de quienes legalmente les representan, y se interpretan normas y acuerdos, alguno de ellos supuestos, según como mejor conviene a los intereses de quien manda.
Teletrabajo
La Directora General de Justicia de Aragón, por medio de las Secretarias Coordinadores Provinciales, ha solicitado a los LAJ de los Juzgados Civiles (ignoramos si también a los de otras jurisdicciones) una relación de personas de cada Juzgado que pudieran trabajar desde su casa en vez de forma presencial, debiendo contener la relación 1 ó 2 Gestores/as y 2 Tramitadores/as. Según el citado correo, si la opción de teletrabajo fuese la preferida por muchos de los funcionarios del Juzgado, deberá primarse a aquellos que hayan hecho declaración responsable por tener a su cuidado menores o ancianos, o una enfermedad de riesgo. Acaba el correo diciendo que quien desee incorporarse al inicio con este sistema, deberá contar con ordenador en su casa con acceso web.
CCOO había solicitado hace varios días la posibilidad de trabajar desde casa, dado que el sistema Avantius es una aplicación online y así lo están haciendo los y las Jueces durante esta crisis desde el principio, como un sistema que evitaría la atención presencial en el centro de trabajo. Ayer mismo, ante la falta de respuesta de la Directora General a la posibilidad de trabajar desde casa, CCOO le envió a primera hora de la mañana un correo electrónico solicitando que se estudiase la posibilidad de trabajar con Avantius desde casa, permitiendo con ello que aunque subsistan las presentes medidas de confinamiento u otras que se puedan acordar con posterioridad el personal de la Administración de Justicia de Aragón pueda poner al día el trabajo que haya pendiente sin perjuicio de su notificación cuando proceda, así como coadyuvar en el plan de agilización judicial cuando se alcen los plazos procesales. La Directora General contestó que se había realizado una experiencia piloto con un resultado excelente, y que “en fechas próximas se extenderá el piloto”. Lo que no informó fue de que ya había dado orden de recopilar datos del personal que quisiera trabajar desde casa. Ante la remisión de los correos al personal de Justicia de los Juzgados Civiles, CCOO reclamó en la tarde de ayer a la Directora General que se informase a las organizaciones sindicales al respecto (jurisdicciones afectadas, personas por juzgado, previsiones para su implantación, equipamiento y sistema operativo necesario, etc.).
Oficina del Centro Penitenciario de Zuera
CCOO se dirigió ayer a la Directora General, con copia al Presidente del TSJA, Juez Decano de Zaragoza y Secretaria Coordinadora Provincial de Zaragoza, solicitando que se mantuviese una dotación presencial en la Oficina Judicial del Centro Penitenciario de Zuera, para poder seguir atendiendo los actos de comunicación que realizan con los internos. La Directora General se escuda, para justificar que no se establezca esa dotación presencial y como anticipo de su intención de cerrar de la Oficina, en que el Ministerio de Justicia ha trasladado al Secretario General de Instituciones Penitenciarias la necesidad de que las comunicaciones dirigidas desde los Centros Penitenciarios a los órganos judiciales competentes se remitan a través de los Juzgados de Guardia durante la vigencia del período de alarma, documento que ya conocíamos; y que el Ministerio de Justicia también ha acordado que se hagan de igual forma las comunicaciones desde los órganos judiciales a los Centros Penitenciarios, documento que nadie ha visto. CCOO ha reclamado a la Directora General copia de ese segundo acuerdo, que supuestamente regula las comunicaciones a efectuar desde las Oficinas Judiciales a los Centros Penitenciarios y también a los presos e internos de los mismos.
Mientras tanto, la semana pasada personal del Juzgado de Guardia de Zaragoza ya tuvo que desplazarse al Centro Penitenciario de Zuera para llevar a cabo mandamientos de libertad. A juicio de CCOO resulta injustificable que la DGA y la Comisión de Seguimiento del TSJA se amparen en la tramitación de las causas con preso para establecer que un funcionario o funcionaria de cada Juzgado de Instrucción lo atienda cada día de forma presencial , pero se permita suprimir la dotación presencial de la Oficina del Centro Penitenciario de Zuera que tanto trabajo descargó a los Juzgados de la Jurisdicción Penal de Zaragoza, oficina que no olvidemos acoge a presos y presas, internos e internas, a disposición de todos los Juzgados y Tribunales de España, incluida Audiencia Nacional. El personal preso e interno son los acaban sufriendo las decisiones de quienes gestionan esta crisis.
Guardia de LEIS de Zaragoza
CCOO reclamó ayer a la Directora General de Justicia de Aragón y a la Comisión de Seguimiento del TSJA el mantenimiento de la dotación para atender de forma presencial la llamada Guardia de Delitos Leves Inmediatos (LEIS) del partido judicial de Zaragoza. Siendo dicha actividad parte sustancial del servicio de guardia, CCOO no comparte y entiende contraria a derecho la decisión de la Comisión de Seguimiento del TSJA de entender que no se incluyen entre los servicios esenciales la atención de la guardia de LEIS, cuando hasta la semana pasada Magistrados, LAJs, y personal de Justicia acudía a hacerla. La DGA se ampara para no regular su atención presencial en que la Comisión de Seguimiento del TSJA, en acuerdo de 3 de abril, no la considera “servicio esencial” (pese a que muchas veces viene acompañada la celebración de juicio inmediato de delitos leves con la puesta a disposición de personas detenidas), consideración basada en una interpretación que omite pronunciamientos tanto del CGPJ como del Ministerio de Justicia para que el servicio de guardia se siga atendiendo durante esta crisis, reforzándolo incluso con más personal si fuese preciso.
CCOO reiteró en su escrito la reclamación de que sean quienes han de gestionar los LEIS (1 Gestor/a o Tramitador/a y 1 Auxilio) quienes atiendan de forma presencial el resto de Juzgados de Instrucción que no están de guardia, decisión reforzada porque los y las LAJ de los Juzgados de Instrucción de Zaragoza, al amparo de nuestra solicitud, así se han organizado para atender uno solo de ellos y ellas dichos Juzgados de Instrucción. Resultaría paradójico, por no decir palabras más gruesas, no aceptar para el personal de Justicia lo que se permite para los y las LAJ.
Dotación de los Juzgados Mixtos ubicados fuera de las capitales de provincia
CCOO también reclamó en el día de ayer la modificación de la dotación presencial de los citados juzgados, a fin de establecer 1 funcionario o funcionaria en las poblaciones en que sólo existe un Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción, y 2 funcionarios o funcionarias del Juzgado que esté de guardia en las poblaciones en que existe más de un Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción. A juicio de CCOO la dotación de los primeros es excesiva a la vista de la carga de trabajo, y en cualquier caso la dotación debe ser por funcionarios y no por cuerpos, para no cargar con demasiados días de atención presencial a los funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Auxilio Judicial, que son los menos numerosos en cada Juzgado y que con la última decisión de la DGA tienen que acudir más que nadie a trabajar.
Planes de actuación para la vuelta al trabajo
En estos días ya se empieza a hablar de la vuelta al trabajo presencial, de la reanudación de los plazos y de planes de actuación para poner al día las diversas jurisdicciones. Para CCOO la vuelta a la atención presencial en las Oficinas Judiciales y Fiscales se ha de realizar de acuerdo con las decisiones de las autoridades sanitarias, y primando sobre todo el derecho a la salud de quienes trabajamos en dichas oficinas y sus familiares, por encima de intereses corporativistas de algunos colectivos. Hablar de volver a trabajar el día 12 de abril, tal y como propone algún colectivo, no sólo es prematuro, sino que es una temeridad contra la salud pública.
No podemos ni siquiera aventurar cuándo y cómo se volverá a la atención presencial en las Oficinas judiciales y Fiscales, ni si afectará a todo el personal por igual o se mantendrán las posibilidades de permisos por deber inexcusable y excusas a grupos de riesgo.
La vuelta a la Oficina Judicial y Fiscal ha de ser en condiciones de seguridad que minimicen la posibilidad de contagio, y si el número de contagiados y contagiadas en la Administración de Justicia de Aragón ha sido bajo es debido, principal y esencialmente, al cierre de los edificios judiciales, a los que sólo se permite el acceso para la atención de los servicios esenciales (agradecemos la labor desempeñada estos días a los y las guardias de seguridad, y al personal de la Guardia Civil que, en muchos casos desprovistos de los más esenciales equipos de protección personal, han evitado con su actuación el trasiego de gente por los edificios judiciales y con ello minimizado la posibilidad de contagio).
En cuanto a los planes de actuación, el Ministerio de Justicia ya ha avanzado que quiere establecer actuaciones en los ámbitos social, contencioso-administrativo y mercantil, los órdenes que se verán más afectados tras el parón de la actividad económica que ha supuesto el confinamiento, y se estudiará también su aplicación en los órdenes civil y penal. Estos planes, según informa el Ministerio de Justicia, se aprobarán por el Gobierno en los 15 días posteriores al fin de las medidas excepcionales, como establece la disposición adicional 19ª del Real Decreto-Ley 11/2020 (que dice lo siguiente: Una vez que se haya dejado sin efecto la declaración del estado de alarma y de las prórrogas del mismo que, en su caso, se hayan acordado el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, aprobará a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo máximo de 15 días, un Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo así como en el ámbito de los Juzgados de lo mercantil con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis).
Por último, cualquier plan de actuación que implique extender nuestro horario de trabajo más allá del legalmente previsto o que afecte a las condiciones de trabajo del personal de la Administración de Justicia (y el posible teletrabajo fuera de la jornada laboral lo sería) debe ser negociado con las organizaciones sindicales. Si de algo estamos hartos en esta crisis es de las decisiones que se toman que afectan al conjunto del personal de la Administración de Justicia sin negociación ni información previa de sus representantes, tanto por la DGA como por las Comisiones de Seguimiento.
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