Tras la huelga de LAJS, el Gobierno pactó con dicho colectivo subirles su salario entre 430 y 450 € al mes. Esta subida sería dentro de un complemento de "eficiencia", que se incluiría dentro de su complemento específico.
Mientras tanto, el Gobierno ofrece 0 € de subida al personal de la Administración de Justicia, es decir, a más del 90 % del personal que servimos en esta administración, y que somos quienes en realidad realizamos la parte central y esencial del trabajo de juzgados, tribunales, fiscalías y registros civiles. Se ve que ser "progresista" para este Gobierno es ofrecer más a quienes más cobran, y nada a quienes menos cobran; más a quienes incumplen de forma generalizada los horarios de audiencia pública o de trabajo, a quienes en muchos casos se limitan a firmar resoluciones y actas confeccionadas 100 % por el resto del personal, a quienes cobran la productividad del trabajo que los demás realizamos.
El Ministerio de Justicia, la Administración de Justicia en España, es una vergüenza. La Ley de Eficiencia Organizativa no busca sino consolidar los privilegios de los de siempre. Tienen razón quienes afirman que la Democracia no ha llegado a nuestra Administración, porque mantiene los mismos clichés de determinados "señoritos" y "señorías" que hace 50 años. Que además haya un gobierno que se dice "progresista" que ampare, defienda y trabaje por el mantenimiento de privilegios para unos pocos es, simplemente, decepcionante.
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