El pleno del Congreso vota hoy el 14 de noviembre la Ley de Eficiencia con los gravísimos recortes de derechos pactados entre los sindicatos Csif, Staj, Ugt y Cig y el Ministerio de Justicia, sin consulta alguna a los/as trabajadores/as. Solo CCOO permanece al pie del cañón, defendiendo los derechos de todos y todas.
Tras la traición del resto de sindicatos, CCOO en solitario hemos seguido defendiendo las reivindicaciones de la dura huelga indefinida que los/as trabajadores/as secundaron en defensa de los derechos conquistados en años de movilización y lucha. Para ello, y hasta el último segundo, hemos mantenido contactos con los grupos políticos para intentar minimizar las gravísimas consecuencias de esta Ley.
CCOO ha reclamado a los grupos parlamentarios votar en contra del proyecto de Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia; y subsidiariamente el apoyo a las enmiendas del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar que reducen el impacto altamente negativo del proyecto en las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración de Justicia y mejoran claramente la prestación de este servicio público a la ciudadanía.
Con esta reforma se pierde una oportunidad histórica de obtener la mejora de nuestras condiciones de trabajo y que dieron lugar a la huelga general del año pasado.
- El reconocimiento profesional y retributivo de las funciones.
- Subidas retributivas generalizadas en el Complemento General del Puesto, similares a las conseguidas por Jueces y LAjs. .
- Inmediato reconocimiento y retribución de la carrera profesional.
- Eliminación total de las diferencias retributivas por grupos de población.
Dirigentes de CSIF, UGT Y STAJ: De nada sirve estar en cada manifestación con toda la parafernalia de petos, banderas y altavoces, y haciendo declaraciones a los medios de comunicación, si cuando llega el momento de la verdad, dejáis tirados al conjunto del personal de la Administración de Justicia. El Ministerio de Justicia se ha amparado en el acuerdo que firmaron con estos tres sindicatos para no permitir ninguna reforma sustancial del proyecto de ley, y para no incluir en el mismo ninguna de las reivindicaciones que nos llevaron a la huelga.
CCOO no comparte el contenido de este proyecto de ley porque fía la eficiencia del servicio público de Justicia a unas modificaciones organizativas que, en lo relativo a la oficina judicial, son absolutamente innecesarias y deterioran aún más los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la Administración de Justicia. Por ello, ha solicitado a los diputados y diputadas que voten en contra del proyecto de ley o, en su defecto, apoyen las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar.
Para CCOO, además, ni con este nuevo modelo organizativo, ni con el que se pretendió implantar en 2003 con la llamada Nueva Oficina Judicial, ni con el que aún permanece de etapas anteriores con juzgados unipersonales atendidos por un equipo de personas en exclusividad, se va a conseguir la eficiencia del servicio público de Justicia, mientras no se arregle el gravísimo problema de falta de jueces y juezas en España: con datos de Eurostat, la ratio de jueces y juezas por cada 100.000 habitantes alcanza una media aproximada de 18 en la Unión Europea, mientras que en España es de algo más de 11. Así la Justicia nunca va a funcionar en términos aceptables.
Entre los aspectos más lesivos de este proyecto de ley para las condiciones de trabajo, CCOO remarca la posibilidad de reducción del número total de puestos de trabajo, especialmente de aquellos con mayores complementos retributivos, y la drástica reducción de la movilidad voluntaria al eliminar cientos de centros de destino y, con ello, la imposibilidad de elegir un puesto de trabajo en una jurisdicción o especialidad concreta, lo que deja al personal a expensas de tener que realizar tareas de cualquier orden jurisdiccional o especialidad, según disponga en cada momento la jefatura del servicio correspondiente.
Los centros de trabajo quedarán constituidos con centenares de efectivos (más de 1.000 en el caso de Madrid), lo que los convertirá en ingobernables e impedirá a la ciudadanía y a profesionales de la abogacía y la procura conocer la oficina concreta en la que se tramita “su asunto”, diluido en las macrooficinas en manos de una persona funcionaria que ni se sabrá quién es.
Por contra, el proyecto de Ley de Eficiencia no supone ningún avance en el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que cada funcionario o funcionaria realiza ni en otras condiciones de trabajo fundamentales, como la carrera profesional.
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