Esta reforma es la de mayor calado en la Administración de Justicia
desde hace más de 20 años, pues la anterior fue la establecida en la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, que tenía por objeto la implantación de
la nueva Oficina Judicial en el ámbito de la Administración de Justicia. Cuando
se negoció dicha Ley Orgánica 19/2003, la gente más veterana lo recordará, se
convocó una huelga general en todo el ámbito de la Administración de Justicia,
huelga que se desconvocó de madrugada unas horas antes de su efectividad. Las
organizaciones sindicales entendimos que si el Ministerio de Justicia, entonces
con un Gobierno del PP, quería implantar una reforma profunda de la
Administración de Justicia, era el momento de presionar para conseguir algunas
de nuestras reivindicaciones históricas y mejorar nuestras condiciones de
trabajo.
Tras una dura negociación, a
cambio de aceptar la implantación de la nueva Oficina Judicial y sin perjuicio
de obligar a la Administración a negociar la implantación de la NOJ territorio
a territorio, las organizaciones
sindicales en el año 2003 , con CCOO a la cabeza, conseguimos importantísimos
avances en nuestras condiciones de trabajo. La más importante, la
reclasificación de nuestros Cuerpos, pasando a ser los Oficiales (antes grupo
C1) Gestores (en ese momento grupo B), los Auxiliares (antes grupo C2)
Tramitadores (grupo C1) y los Agentes judiciales (antes grupo E) Auxilios
Judiciales (Grupo C2). Ello no sólo supuesto un importante incremento
retributivo mensual, sino que además se ve reflejado en los trienios y supone
que la pensión de jubilación de quienes entonces ya estaban trabajando será de
media unos 200 € al mes superior. Además se procedió a la definición de
nuestras funciones en cada Cuerpo, se suprimieron las habilitaciones genéricas
y gratuitas que hacían los Secretarios Judiciales en los Oficiales de Justicia
para todo tipo de actos, etc.
Mucho ha llovido desde entonces y
muchos cambios menores ha habido en nuestra Administración, que en Aragón
mantiene el mismo esquema que en el año 2003 pues la Nueva Oficina Judicial no
se ha implantado en nuestro territorio, advertidos del fracaso que ha supuesto
en la mayoría de aquellos territorios en que se ha implantado. Sólo se ha
implantado la Nueva Oficina Fiscal para mantenerlo todo igual que estaba, y sin
crear una Sección dentro de ella de Fiscalía de Menores, cuya constitución cree
CCOO necesaria.
Pues bien, entre los años 2022-2024 las organizaciones sindicales nos hemos encontrado con una situación muy similar a la producida hace 20 años: un Ministerio de Justicia, esta vez del PSOE, que quiere implantar a toda costa, tras numerosos proyectos al respecto, los Tribunales de Instancia. Además, a ello confluyó las subidas retributivas a Jueces, Juezas, Fiscales y LAJS a cambio de nada, mientras que la subida propuesta para el personal de Justicia fue y es cero euros.
En esta tesitura, convocada
huelga general de la Administración de Justicia en todos los territorios por
CSIF, STAJ, CCOO y UGT, inicialmente en días sueltos y luego con carácter
indefinido, el comité de huelga elaboró una plataforma de reivindicaciones que es de sobra conocida:
Aun cuando la huelga tuvo un desigual y poco seguimiento, y se desconvocó la misma tras la convocatoria de elecciones generales para julio de 2023, las organizaciones sindicales mantuvimos nuestras reivindicaciones… hasta que CSIF y UGT dieron la espantada y firmaron por su cuenta en abril de 2024, y sólo para el ámbito no transferido, un acuerdo de mejora económica de su complemento específico, olvidándose del conjunto de reclamaciones que nos llevaron en unidad de acción a la convocatoria de la huelga, y que permitió al Ministerio dar por zanjado el conflicto.
Ver foto del Ministro con los representantes de CSIF y UGT, tras la firma del acuerdo de abril de 2024.
Iniciada la presente legislatura, el Ministerio de Justicia volvió a presentar el proyecto de Ley de Eficiencia, dando por válidos los informes previos recabados en la legislatura anterior y con idéntico texto. De nuevo, se abrió ante las organizaciones sindicales la posibilidad de negociar en esta ley todas las cuestiones que nos llevaron a la convocatoria de huelga, así como de paliar todos los efectos perniciosos que dicha Ley tiene para el conjunto del personal de la Administración de Justicia.
Y de nuevo, CSIF y UGT, y esta vez también STAJ, suscriben un "acuerdo" con el Ministerio de Justicia que, a cambio de limitadísimos avances en algunas de las cuestiones más lesivas de la reforma y asunción de compromisos por parte del Ministerio a los que por Ley estaba ya obligado, le ha permitido al Ministerio y al PSOE afirmar en el Congreso de los Diputados que el Proyecto contaba con el aval de la mayoría de las organizaciones sindicales del personal de la Administración de Justicia.
Es evidente que la culpa de todo
lo que nos va a venir a partir de ahora es de quienes han elaborado esta Ley. Pero CSIF, UGT y STAJ son cómplices de
la aprobación de esta ley, por haber suscrito un acuerdo respecto de la misma
que ha permitido al Gobierno alegar su apoyo en sede parlamentaria, y cuyos primeros efectos ya vamos a notar al
no convocarse en el concurso de traslados todas las plazas vacantes que hay en
los Juzgados de Paz, Agrupaciones de Secretarias de Juzgados de Paz y Juzgados
que se convertirán en Tribunales de Instancia a partir de junio de 2025,
que en Aragón son todos los que no están en capitales de provincia.
CSIF, STAJ y UGT han renunciado a que a cambio de la paz social para la
aprobación de esta Ley, el personal de Justicia pudiéramos conseguir:
· - Una subida del Complemento General del Puesto en
cuantías similares a las concedidas al cuerpo de LAJ y vinculada al reconocimiento
de las funciones que realmente desarrollamos el resto de cuerpos
· - La libre elección de destino en jurisdicciones,
especialidades y centros de trabajo concretos
· - El mantenimiento de la totalidad de los puestos
de trabajo existentes en la implantación de la Ley de Eficiencia y el
mantenimiento también del número de puestos con retribuciones complementarias
especiales o que realizan guardias
· - El desarrollo inmediato del derecho a la carrera
profesional y el abono de su complemento retributivo con efectos retroactivos
desde enero de 2024
· - La eliminación de las diferencias retributivas
por grupos de población también con carácter retroactivo desde enero de 2024
· - La recuperación para la Promoción Interna del
50% de las plazas de la Oferta de Empleo Público
Ahora dirán que casi todo esto se
puede negociar en cada ámbito, pero lo cierto es que hemos regalado la
aprobación de la Ley Orgánica de Medidas en materia de eficiencia del Servicio
Público de Justicia, que supone un empeoramiento de nuestras condiciones laborales,
a cambio de nada. Hay cuestiones, como la subida del complemento general de
puesto, el reconocimiento de las funciones que realizamos, el desarrollo
inicial de la carrera profesional, o la recuperación de la promoción interna,
que no serán objeto de negociación en Aragón. En Aragón las personas que
trabajan en Zaragoza seguirán cobrando menos que las que trabajan en Barcelona
y Madrid, y las que trabajan en Huesca, Teruel, Calatayud, Alcañiz, Barbastro,
etc, menos que los de Zaragoza. En Aragón negociaremos el nuevo esquema de Tribunales de Instancia,
servicios comunes, áreas, y dotación de personal, sin más marco de referencia
que el establecido en la LOPJ, que deja absoluta libertad a la
Administración competente.
CSIF, UGT y STAJ callan sobre todo esto; omiten en sus informaciones (no hay más que ver sus páginas web y blogs) todo lo relativo a la aprobación de la Ley de Medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (salvo STAJ para hablar de la regulación del teletrabajo, que en Aragón y en otros territorios no les sirve, pues mantenemos el Teletrabajo), cuando estamos ante una ley esencial, fundamental, que afecta como nunca a nuestras condiciones de trabajo. Eso sí, nos inundarán a informaciones sobre cualquier otra cuestión.
Hoy, casi 20 años más tarde, hemos dado un enorme paso atrás, con la complicidad de CSIF, UGT y STAJ. Para ganar elecciones basta con decir a cada uno y cada una lo que quiere oir, o inundarles de información como que se hace algo. Pero, para avanzar en nuestros derechos, hace falta luchar y comprometerse, y esto ahora sólo lo está haciendo CCOO.
Y mientras tanto, una parte importante del colectivo seguirá aplicándose en primera persona el refrán: "NO HAY MAS CIEGO QUE AQUEL QUE NO QUIERE VER"
Feliz Navidad y suerte para el año 2025 a todo el personal
de la Administración de Justicia de Aragón. La vamos a necesitar.
