Por su interés damos publicidad a una carta que ha dirigido el Sector de Justicia de CCOO de Castilla La Mancha al Presidente de su Tribunal Superior de Justicia y Secretaría de Gobierno ante la incoación de expedientes disciplinarios a funcionarios destinados en dicha Comunidad, pues refleja fielmente la situación que sufrimos los funcionarios de Justicia de otras Comunidades (afortunadamente, sin la presión hasta ahora de expedientes disciplinarios) ante el incremento sustancial de nuestro trabajo, la falta de medios personales y materiales puestos por las Administraciones competentes para poder gestionar el trabajo diario y el intento de determinados Jueces y Secretarios de salvar su responsabilidad echándole las culpas a los funcionarios.
Durante este año estamos comprobando con alarmante preocupación cómo se han abierto expedientes disciplinarios contra trabajadores de la Admón. de Justicia en Castilla-La Mancha, concretamente contra funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, a los que se imputan retrasos en la tramitación de procedimientos; la fase instructora de estos expedientes ha concluido en algún caso con propuestas de sanción de hasta un mes de suspensión de empleo y sueldo, que en el caso de los funcionarios interinos conlleva la expulsión de la bolsa y la prohibición de acceder a la misma durante 3 años, por considerarles culpables de retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones inherentes a su puesto de trabajo...
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Ante este estado de cosas no podemos sino mostrarle nuestro más absoluto rechazo por esta actuación, transmitirle el sentimiento de profundo enfado y preocupación de los trabajadores y formularle las siguientes consideraciones:
1º.- Un expediente disciplinario constituye un drama para el funcionario que lo padece, cuestiona su profesionalidad, afecta a su autoestima y, preciso es decirlo, a su medio de vida; por lo tanto un expediente disciplinario ha de ser siempre la solución última, sobre todo cuando, como es el caso, la razón de incoarse la constituye la existencia de retrasos en la tramitación, y los retrasos y disfunciones de toda clase son la regla general de nuestros Juzgados, en muchos casos muy superiores a los que han sido objeto de expediente. Las dilaciones derivadas de problemas estructurales de los órganos judiciales, esencialmente, excesivo volumen de trabajo, falta de Juzgados, exiguas plantillas, aplicaciones informáticas defectuosas que dan más trabajo que el que resuelven, continuas delegaciones de funciones de Jueces y Secretarios en perjuicio de los trabajadores, inspecciones del CGPJ o TSJ que paralizan los Juzgados durante meses, alardes cada vez que un Juez cambia de destino, etc., no pueden ni deben ser causa de exigencia de responsabilidades disciplinarias a los trabajadores de los Juzgados afectados, por la vía de parcializar el problema en contra de los trabajadores, individualizando el retraso y luego repercutiéndolo sobre cada trabajador, para después pasar a presionarlo con exigencias subjetivas, inasumibles y arbitrarias de mejoras de rendimiento, mayor agilidad, superiores objetivos, etc., para, finalmente, acabar responsabilizando al trabajador del mal funcionamiento del Juzgado y procediendo disciplinariamente contra él, convirtiendo lo que es un problema estructural del órgano judicial en negligencia y retraso injustificado del funcionario.
2º.- Sospechamos que estos expedientes no son sino un intento de Jueces y Secretarios Judiciales por salvar su propia responsabilidad por el mal estado de los órganos judiciales en que sirven, con el argumento fácil de la falta de rendimiento del resto del personal; ciertamente causa sorpresa que, a pesar del penoso estado que presentan la mayoría de los órganos judiciales de la Comunidad por el excesivo volumen de trabajo que soportan, y salvo que estemos en un error, no se hayan abierto todavía expedientes disciplinarios por esta razón a Jueces o Secretarios de nuestro territorio y sí a los trabajadores, cuando es sabido que estos profesionales acumulan retrasos, en algunos casos, muy superiores a los que han sido objeto de expediente o que incluso se han tenido que repetir juicios por no haberse dictado Sentencia. Impunidad que no se compadece con las altas responsabilidades que les corresponden según las funciones que les asigna la Ley en el ámbito de sus competencias, baste recordar aquí la obligación de resolver en los plazos que marca la Ley, las responsabilidades en lo relativo al impulso procesal, dación de cuenta, consignaciones y depósitos, documentación, formación de autos, cumplimiento de horario, etc.
3º.- En nuestra opinión, la situación que atraviesan muchos de los órganos judiciales y fiscales de nuestra región no se va a solucionar a golpe de mando ni a base de voluntarismo, sino que ha de intentar resolverse procurando mejorar su funcionamiento desde la corresponsabilidad de todos los funcionarios que integran las unidades judiciales y fiscales y no buscando culpar únicamente a los trabajadores, sometiéndolos a una presión que compromete seriamente sus derechos y afecta a sus condiciones laborales, y por supuesto exigiendo al Ministerio, con contundencia, tanto desde la Sala de Gobierno como desde las Juntas de Jueces, Fiscalías y Juntas de Personal el cumplimiento de sus obligaciones en materia de recursos humanos y materiales para con nuestra región.
En atención a las razones expuestas solicitamos de los responsables de las oficinas judiciales, corresponsabilidad en las obligaciones, mesura y tranquilidad de ánimo a la hora de enfrentar los problemas de funcionamiento de sus Juzgados de destino, y por supuesto, de nuestro Tribunal Superior de Justicia, la realización de las gestiones necesarias para el archivo de los expedientes abiertos por los motivos citados y un ejercicio de serena ponderación y proporcionalidad ante la siempre grave tesitura de remitir las denuncias a la autoridad competente para la incoación de unos expedientes que responsabilizan a los trabajadores de las consecuencias de las propias carencias del Ministerio.
