El Gobierno de Aragón prevé congelar los salarios a los funcionarios públicos en el año 2012


19 oct 2011



La auditoría de las cuentas de la administración aragonesa elaborada por la intervención general del Ejecutivo autónomo ha detectado graves desajustes presupuestarios y financieros y, si se mantuviera la tendencia de gastos e ingresos, el déficit a final de año podría alcanzar los 943 millones de euros.

Así lo ha indicado en la presentación del informe el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Mario Garcés, quien ha subrayado que esos "gravísimos desequilibrios" exigen la adopción de medidas correctoras "inminentes", aunque el déficit previsto a final de año está sujeto a modificaciones en función de los resultados de las medidas de contención del gasto que se están poniendo en marcha.

Para cuadrar las cuentas, ha señalado, el Gobierno prevé para el año próximo un recorte sustancial en partidas no esenciales de los presupuestos y congelar los salarios a los empleados públicos, y no descarta recaudar el impuesto de Patrimonio ni adoptar medidas ejemplarizantes como la renuncia al cobro de dietas de los miembros del Ejecutivo, como ya ha hecho el propio Garcés.

Los responsables de los principales sindicatos aragoneses fueron contundentes en su rechazo a la congelación salarial anunciada por el consejero de Hacienda, Mario Garcés. "Nos hemos enterado por los medios de comunicación, pero estamos totalmente en contra. Sobre todo porque este año ya nos congelaron el sueldo y el anterior nos lo bajaron un 5%. No entendemos que siempre se opte por cargar la crisis sobre los empleados públicos", explicó Pablo Asín, de CISF.

Para Julio Moreno, de CCOO, la medida es "totalmente equivocada porque no ayudará a salir de la crisis". En su opinión, los funcionarios han perdido un 10% del poder adquisitivo, "lo que afecta directamente en el consumo". "El consejero Garcés debería saber que estas cosas primero deben ser negociadas, no pueden adoptarse medidas de este calado sin contar con los agentes sociales", lamentó.

Daniel Alastuey, de UGT, dudó de que el Gobierno tenga capacidad para adoptar una medida de estas características sin contar con el beneplácito del Estado. "Es un error optar por congelar salarios porque al incidir en el consumo repercute negativamente en la economía", aseguró. Por ello apostó por incrementar los ingresos, en lugar de incidir en la reducción del gasto.

El Periódico de Aragón, 18.10.2011
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