El pasado viernes el Gobierno de Aragón presentó un Programade Incentivos Fiscales que aplicará el Ejecutivo autónomo en 2012 y que
contiene un conjunto de iniciativas para fomentar la inversión y mantener el
empleo en la Comunidad Autónoma que quedarán recogidas en el proyecto de Ley de
Medidas de los Presupuestos para 2012. Entre estas medidas se encuentra la
paulatina supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, que poco tiene que
ver con el fomento de la inversión y el mantenimiento del empleo.
Tal y como anunció el Heraldo de Aragón en su edición del
sábado, el Gobierno de Aragón dejará de ingresar por estas medidas unos 30
millones de euros, sin que haya dicho cómo va a compensar este déficit en sus
ingresos, ya muy mermados por la crisis económica, sin que ello repercuta en
los servicios y prestaciones que ofrece, en los salarios que paga a sus
funcionarios y trabajadores y en la cobertura de las vacantes y bajas por
personal interino.
Aun cuando parece ser que el Gobierno de Aragón está esperando
a que Rajoy anuncie los previsibles nuevos sacrificios que tendremos que
soportar los funcionarios públicos (nos están tratando como si fuésemos los
culpables de la crisis), tras las medidas anunciadas por el Gobierno de Aragón
mencionadas anteriormente sería de muy difícil comprensión y explicación que éste
pretendiera algún recorte adicional en los sueldos de los funcionarios públicos
aragoneses, en los servicios que el Gobierno de Aragón presta o en la cobertura
de plazas y vacantes por personal interino, alegando que no tiene dinero,
cuando es capaz de dejar de ingresar voluntariamente hasta 30 millones de
euros.
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