La Dirección General de Administración de Justicia tiene previsto aplicar el
año que viene una fórmula nada habitual para garantizar el refuerzo de los
colapsados juzgados de Familia de Zaragoza y, al mismo tiempo, cumplir las
directrices del Departamento de Hacienda, contrarias a ampliar las
plantillas.
El Departamento de Presidencia y Justicia --del que depende la dirección
general, gestionada por Tomasa Hernández-- tiene previsto sacar a concurso a
comienzos del año que viene un convenio por el que una empresa privada cubrirá
dos plazas de psicólogo que se integrarán en los equipos técnicos que asisten a
los juzgados de Familia.
Estos tribunales se han visto desbordados por las demandas de revisión de
medidas generada por la Ley de Custodia Compartida, la cual, al añadirse al
trabajo ordinario, ha disparado la demanda de informes psicológicos hasta hacer
que los juicios acumulen un retraso de ocho meses. La elaboración de esos
documentos, fundamentales para que los jueces decidan qué cónyuge debe hacerse
cargo de los niños, recae en dos equipos integrados cada uno de ellos por tres
psicólogas y una trabajadora social. Dos de las primeras --una por grupo-- se
incorporaron el pasado otoño como refuerzo hasta final de año.
MANTENER Presidencia y Justicia quiere mantener esas dos plazas de refuerzo,
aunque las restricciones de plantilla hacen imposible renovarlas mientras no se
amorticen otras --ya sea por jubilación o por otros motivos--, explicaron
fuentes de la consejería, cuyos responsables han optado por la fórmula del
convenio para cubrirlas mientras no les sea posible crear los puestos.
El contrato, que tendrá una duración de dos años, está pendiente del visto
bueno de la Intervención para salir a concurso.
En ese acuerdo es donde la consejería introducirá el requisito de los
objetivos de producción. La empresa adjudicataria deberá garantizar la
elaboración de un número determinado de informes, que, en principio, se situará
en torno a los 120 anuales por facultativa. Ese volumen de trabajo es
notablemente superior al que soportan los actuales equipos, que es de alrededor
de 70 documentos por especialista al cabo del ejercicio.
Por otro lado, Justicia prevé mantener el año que viene los funcionarios de
refuerzo que tiene asignados a los dos juzgados de lo Mercantil de Zaragoza y el
mixto que asume esa jurisdicción en Huesca, así como en los dos tribunales de
Alcañiz --una plaza de medio año de duración en cada uno--. Mantendrá el
juzgado bis en el Penal de Huesca y creará un grupo de empleados que
actualizará los datos de los nueve juzgados de lo Penal de la capital aragonesa.
El Periódico de Aragón, 30.12.2011
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