El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer un documento de
principios para la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, que data
de 1998. Básicamente se trataría de reducirlos a menos de la mitad, para
redistribuir la carga de trabajo y facilitar el acceso a la Justicia a los
ciudadanos. En España, pasarían de 431 a 200.
En Aragón, el primer borrador del proyecto, según ha podido saber este
diario, habla de seis partidos judiciales en los que se agruparían los 16
actuales. Zaragoza y Huesca contarían con dos cada una, otro en Teruel y uno
interprovincial en Zaragoza y Teruel.
En la circunscripción de mayor población, Zaragoza, se daría un aumento. El
nuevo partido judicial, que conservaría el nombre, incluiría no solo los 33
juzgados de la capital sino los dos de Ejea y el de Tarazona. En total,
atendería a 857.142 personas, según los datos que maneja el CGPJ. La segunda
unidad provincial sería la de Cuenca del Jalón, que reuniría a los dos juzgados
de La Almunia, otros tantos en Calatayud y el de Daroca, para una población
total de 93.840 personas.
Caspe, por su parte, agruparía su juzgado con los dos de Alcañiz para formar
una circunscripción interprovincial --dada la lejanía del municipio caspolino de
Zaragoza-- que daría servicio a una población de 82.275 personas. El resto de
Teruel, contando el actual partido judicial de la capital --con tres juzgados--
y el de Calamocha, con uno, atendería a 85.672.
HUESCA En Huesca, el nuevo partido judicial del Pirineo Oriental sería el que
más antiguas divisiones agrupara, y es uno de los mejores ejemplos de la
dispersión que el CGPJ quiere paliar. Unirían los juzgados de Fraga, Monzón,
Barbastro y Boltaña, dando servicio a una población de 111.112 personas. La
segunda unidad oscense, que agruparía a la capital y Jaca, congregaría a 117.454
personas en otros siete juzgados.
Esta primera distribución no adquiere cierta oficialidad hasta el
próximo 3 de mayo, cuando los vocales del CGPJ la sancionarán en una sesión
plenaria extraordinaria. De ahí, el documento pasará a los órganos de gobierno
de los tribunales superiores de justicia de las comunidades, para que realicen
las valoraciones que estimen oportunas, antes de que la propuesta prospere.
La reordenación que plantea el CGPJ sería a largo plazo y de forma
"flexible", y se inscribe en el proceso de modernización tecnológica, por lo que
entre otros aspectos no haría falta comparecer en persona siempre.