El Gobierno aprobó en el
Consejo de Ministros del pasado 30 de marzo un anteproyecto de ley por el que se revisan las tasas judiciales vigentes desde
2002, reguladas por la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social. Podéis acceder a la nota informativa publicada por el Ministerio de
Justicia a través del enlace nuevas tasas judiciales.
En virtud de este anteproyecto, todas las personas que
quieran presentar una demanda en vía civil (incluidos monitorios) o contenciosa
tendrán que pagar una tasa de entre 100 y 350 euros; además si quieren recurrir
en apelación tendrán que pagar una tasa de 800 euros (500 en suplicación
laboral). Sólo quedan excluidos de estas tasas quienes tengan reconocido el
derecho a la justicia gratuita.
Con esta brillante medida el Ministerio de Justicia quiere
paliar el colapso que tienen los juzgados y tribunales españoles, dificultando
el derecho a la tutela judicial efectiva al hacerla cada vez más inabordable
para los ciudadanos, que ya pagan por la administración de Justicia mediante
sus impuestos. Esta medida es tremendamente injusta y desproporcionada; sólo
podrán acudir a la segunda instancia los ricos, porque los demás, si no tienen
justicia gratuita, no se atreverán a apelar por miedo a pagar la tasa judicial,
los profesionales propios y los de la parte contraria en caso de perder el
pleito. Además, por mucho que luego la tasa la tenga que pagar la parte que haya perdido el pleito y se le condene en costas, si ésta es insolvente no habrá forma de recuperarlas.
