El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado este jueves que devolverá otro día de libre disposición a los funcionarios a través de una enmienda que el Grupo Popular presentará al proyecto de ley de Racionalización de la Administración, de modo que cuando concluya la tramitación de la norma podrá disfrutarse de ese nuevo 'moscoso'.
El ministro ha hecho este anuncio durante su defensa del proyecto de ley en el Pleno del Congreso, debate que ha aprovechado para reconocer, hasta en dos ocasiones, la "aportación" de los funcionarios a la salida de la crisis, ya que este colectivo "ha soportado en buena parte los esfuerzos para devolver a España al crecimiento económico y la creación de empleo".
"Por eso, me complace anunciar que el Gobierno propondrá al Grupo Popular que use la tramitación de este proyecto de ley para que los funcionarios recuperen un día de libre disposición, que se añade al que ya recuperaron a finales de 2013, para que tengan dos días de libre disposición recuperados al final de la tramitación de esta ley", ha apostillado.
Menos 'moscosos' desde 2012
En julio de 2012 el Gobierno aprobó un decreto ley con medidas "antidéficit" que, entre otras cosas, incluía la reducción de seis a tres de los días de libre disposición de los funcionarios públicos (en Justicia de nueve a tres) y la supresión de los días adicionales de asuntos propios y vacaciones por antigüedad. Se suprimieron con la artificial justificación de que suponía un ahorro del coste de las administraciones porque así no tenía que cubrir con personal adicional estos permisos, cuando de todos es sabido que salvo en sectores excepcionales (sanidad de urgencia, entre otros) los permisos y las vacaciones no se cubren con personal adicional sino con el esfuerzo adicional de los funcionarios y funcionarias que no están de permiso o vacaciones.
En noviembre, se devolvió uno de estos días de libre disposición a los funcionarios a través de una enmienda incorporada en el Senado a la ley de Control de la deuda comercial en el sector público, con la que se estableció que los empleados públicos contarían con cuatro días para asuntos propios.
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