Hoy está convocada en toda la Administración de Justicia de España una huelga general contra la reforma del art. 521 LOPJ, que establece la desaparición del actual catálogo de centros de destino (lo que puede poner en serio riesgo todo aquello que no sea estrictamente "oficina judicial") y constituye en cada municipio un único centro de destino, de forma que la Administración podrá mover libremente a los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia de un centro de trabajo a otro.
Más allá de las cifras de seguimiento de la huelga, pues la Administración no computa para su seguimiento aquellos que están de servicios mínimos o permisos de cualqueir tipo, últimamente se está utilizando como indicador del seguimiento de las huelgas el número de notificaciones que se realizan desde los programas de gestión (ayer LexNet, hoy Avantius).
Por eso CCOO recomienda que, salvo en aquellas actuaciones que tengan carácter urgente o inaplazable, hoy no se realice notificación alguna desde los Juzgados y Tribunales. Es esencial que la DGA vea y aprecie el rechazo unánime de la reforma de la LOPJ auspiciada por el PP y con la complicidad del PSOE en el Congreso de los Diputados. Dejar en manos de la DGA una herramienta de movilidad forzosa de los funcionarios de este calibre supondría un desastre para nuestra Administración, una conculcación de nuestro derecho al puesto de trabajo, y un límite a nuestra independencia como personal público. No dejéis que la DGA utilice las notificaciones que puedan realizarse hoy en beneficio propio.
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Más allá de las cifras de seguimiento de la huelga, pues la Administración no computa para su seguimiento aquellos que están de servicios mínimos o permisos de cualqueir tipo, últimamente se está utilizando como indicador del seguimiento de las huelgas el número de notificaciones que se realizan desde los programas de gestión (ayer LexNet, hoy Avantius).
Por eso CCOO recomienda que, salvo en aquellas actuaciones que tengan carácter urgente o inaplazable, hoy no se realice notificación alguna desde los Juzgados y Tribunales. Es esencial que la DGA vea y aprecie el rechazo unánime de la reforma de la LOPJ auspiciada por el PP y con la complicidad del PSOE en el Congreso de los Diputados. Dejar en manos de la DGA una herramienta de movilidad forzosa de los funcionarios de este calibre supondría un desastre para nuestra Administración, una conculcación de nuestro derecho al puesto de trabajo, y un límite a nuestra independencia como personal público. No dejéis que la DGA utilice las notificaciones que puedan realizarse hoy en beneficio propio.
