La Justicia ha quedado en gran parte paralizada. 5000 personas en la manifestación de Madrid, varios miles concentrándose en sus centros de trabajo en toda España a lo largo de dos semanas, alrededor de 30.000 huelguistas y otros 10.000 trabajadores y trabajadoras en servicios mínimos garantizando los derechos fundamentales de toda la ciudadanía, han demostrado con su civismo y su compromiso que la reforma de la LOPJ la podemos parar.
También en Aragón. Pese a las enormes dificultades en organizar una huelga con poco tiempo, pese a los fallos que hemos tenido en la difusión y movilización del personal de Justicia de Aragón, pese a los servicios mínimos abusivos (en oficinas con personal de guardia se designó para servicios mínimos al personal que no estaba de guardia), pese a las presiones de algunos Secretarios que días antes nos habían pedido su colaboración para su huelga tuviese cierta repercusión en la ciudadanía aunque se tratase de actuaciones en las que nunca suelen estar presentes, pese a los numerosos controles a que nos somete la DGA los días de huelga, etc, ayer en numerosos centros de trabajo en Aragón apenas hubo actividad o quedó reducida a los servicios mínimos y esenciales. A todos y todas que de alguna forma han participado en las movilizaciones de estas dos últimas semanas, muchas gracias y seguir luchando.
Pero la lucha continúa. El próximo día 20 de noviembre finaliza el plazo para presentar enmiendas en el Senado a la Proposición de Ley que contiene la reforma del art. 521 LOPj. CCOO exigimos en nombre de todo el colectivo del personal de justicia que ha mostrado su enérgica protesta que la Ministra Dolores Delgado y el responsable de justicia del Partido Popular, Rafael Catalá, se reúnan de forma urgente para acordar la retirada de las enmiendas a la LOPJ que ha provocado una indignación sin precedentes en la Administración de Justicia.
Ayer varias calles del centro de Madrid quedaron colapsadas durante dos horas por la manifestación convocada por CCOO y el resto de sindicatos mayoritarios del sector de justicia, en la que más de 5000 manifestantes pertenecientes al colectivo del personal funcionario de la Administración de Justicia han mostrado su enérgica protesta y su indignación por las medidas acordadas en el Congreso de los Diputados y pendientes de aprobar por el Senado que afectan gravemente a sus condiciones de trabajo.
Con estas medidas recogidas en la reforma de la LOPJ, presentadas por el Grupo Popular y apoyadas en el Congreso por el Partido Socialista, Unidos-Podemos y PNV, se establecen mecanismos de traslado forzoso del personal funcionario y se impide la contratación de personal interino en los mismos términos en que se venían produciendo hasta ahora para la atención a juzgados especialmente sobrecargados de trabajo o para la sustitución de personal que se encuentre de baja o excedencia.
CCOO señala como uno de los máximos responsables de esta situación, por acción, al actual responsable del PP en materia de Justicia y exministro, Rafael Catalá, que fue el autor de la presentación de estas medidas en el congreso utilizando además artimañas legales para saltarse el derecho del personal funcionario a la negociación colectiva de sus condiciones de trabajo: presentó a través del Grupo Popular en el Congreso estas enmiendas en una proposición de Ley que solo estaba prevista para la recuperación de los permisos y licencias del personal funcionario.
También la Ministra de Justicia Dolores Delgado, es señalada por CCOO como responsable de este ataque a los derechos y condiciones laborales, en este caso por omisión, al haberse desentendido de lo que estaba ocurriendo en el Congreso a pesar de las denuncias sindicales y dejando actuar a espaldas del Ministerio al Grupo Socialista en el Congreso que incomprensiblemente votó a favor de una modificación sustancial de condiciones de trabajo que no se había negociado con los sindicatos como obliga la Ley. La ministra ha estado más pendiente de otros “menesteres” que de dar solución a los problemas que aquejan a la justicia española.
Por estas razones, en defensa de las condiciones de trabajo del personal y del servicio público de la Administración de Justicia que también resulta afectado por la reducción de personal y por el deterioro de la especialización del funcionariado que estas medidas suponen, CCOO exige a ambos, Sr. Catalá y Sra. Delgado que pacten la retirada de las mismas a través de sus grupos parlamentarios del Senado y recompongan la situación a través de la negociación colectiva con los representantes sindicales de los trabajadores y las trabajadoras.
Para ello, CCOO y el resto de sindicatos convocantes solicitamos en el día de ayer a la Ministra de Justicia una reunión urgente que tendría lugar el próximo lunes, día 19, y estamos a la espera de la contestación a dicho requerimiento.
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