CCOO ha solicitado la semana pasada a la Dirección General de Justicia de Aragón una mejora sustancial de la actividad preventiva en los centros y oficinas de la Administración de Justicia de Aragón. CCOO ya se había dirigido a mediados de abril y a primeros de mayo a la DGA reclamando un incremento de las medidas preventivas, habiendo hecho la DGA caso omiso a nuestras reclamaciones. Pero ahora, ante el incremento del personal que va a acudir a las oficinas judiciales presumiblemente a partir del 26 de mayo (entre el 60 y el 70 %) y la apertura paulatina de los centros de trabajo a usuarios de la Administración de Justicia, si quiera sea con cita previa, hace falta mejorar y mucho las medidas preventivas adoptadas hasta la fecha.
No
debemos engañarnos: la mejor medida preventiva, hasta la fecha, ha sido el
cierre de los edificios judiciales junto con la reducción drástica desde
finales de marzo del personal que debía asistir de forma presencial para la
atención de los llamados servicios esenciales. A la DGA le ha bastado con mantener
las ratios de personal presencial que establecía el Ministerio (algunas veces
frente al criterio de la Comisión de Seguimiento del TSJA que ha pretendido
casi siempre una dotación mayor de personal, mientras que la mayoría de los
Jueces siguen en sus casas tras 60 días de estado de alarma), distribuir
mascarillas, guantes y geles, y la colocación de plásticos a modo de mamparas
en los mostradores de atención al público, para evitar el contagio dentro del
seno de la Administración de Justicia de Aragón.
Pero
estas medidas no bastan. En primer lugar, porque consideramos que los equipos
de protección suministrados a quienes trabajan en los Juzgados de Guardia y
Violencia sobre la Mujer no son los adecuados para prevenir contagios, sino sólo
para evitar que el personal de Justicia contagie a terceros. En segundo lugar,
porque las medidas de protección como los plásticos de los mostradores del público
sólo valen de forma provisional, pero no son mamparas de material fijo y
resistente, por lo cual su limpieza y su asepsia dejan mucho que desear. Y en
tercer lugar, porque ante el incremento del personal que ha de atender de forma
presencial en cada centro de trabajo, unido al incremento de los usuarios que
empiezan a venir a los edificios judiciales, exigen la adopción de otra serie
de medidas.
La
crisis del coronavirus ha venido para quedarse un tiempo con nosotros, al menos
hasta que se encuentre una vacuna eficaz. Los estudios de seroprevalencia en
Aragón y el conjunto de España demuestran que estamos muy lejos de la inmunidad
grupal, y que el descenso de la curva de contagios se debe esencialmente a
las medidas de confinamiento adoptadas
en los dos últimos meses. Pero aun cuando estas medidas hayan sido eficaces
para prevenir los contagios, y el aumento de las temperaturas también dificulten
la expansión del virus, el Ministerio de Sanidad y todos los expertos lo dice:
va a haber repuntes de contagios, en especial en el próximo otoño. Y la mejor
medida a día de hoy sigue siendo la prevención: hay que evitar el contagio con
todos los medios posibles.
La
DGA ha demostrado a lo largo del estado de alerta que los servicios de
prevención de riesgos laborales con que cuenta para prevenir el contagio en el
seno de su Administración, no solo en la de Justicia, son totalmente
insuficientes. Estos servicios estaban diseñados poco más que para los riesgos
derivados del sedentarismo y trabajo ante una pantalla de ordenador, pero no
son los adecuados para una crisis de esta magnitud, y carecen de los medios
personales y materiales para realizar su función con la mínima eficacia. La DGA
ha incumplido a lo largo del estado de alarma numerosos artículos de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, de los que CCOO que ha dado cuenta a la Inspección Laboral. Los técnicos del servicio de prevención de
Administración General y Educación, en que se encuadra Justicia, sólo han
podido visitar las sedes de Fueros de Aragón y del Imla en Zaragoza, porque están
completamente desbordados de trabajo. No se ha realizado una evaluación de los riesgos
laborales. CCOO ha reclamado la creación de un servicio propio de prevención de
la Administración de Justicia de Aragón, porque está demostrado que el servicio
de prevención general desconoce completamente las necesidades y riegos de
nuestra administración y porque conforme la legislación vigente, así nos
corresponde.
No obstante debemos
reconocer que la DGA, tras más de 50 días desde la declaración del estado de
alarma, dio pasos, por fin, en materia de prevención de riesgos del personal de
la Administración de Justicia la semana pasada:
A) El martes 12 de mayo la DGA remitió para alegaciones
un borrador de la Guía de Aplicación de Medidas Preventivas
para la prevención del Contagio por Covid-19 en centros y sedes judiciales del
Gobierno de Aragón, que no es sino copia de la Guía de igual nombre para
centros administrativos del Gobierno de Aragón con tres ligeras modificaciones
dedicadas a Juzgados de Guardia, Salas de vistas, Forenses y poco más. Una vez que se publique la guía definitiva colgaremos un enlace a su contenido.
B) El miércoles
13 de mayo la DGA remitió para nuestro conocimiento el Plan de seguridad y medidas de
protección ante el Covid-1 en los Edificios Judiciales de la Comunidad Autónoma
de Aragón, documento conceptuado como dinámico y que por tanto “deberá adaptarse, por
una parte, a las instrucciones y disposiciones legales que se adopten por las
autoridades competentes en cada una de las materias y, por otra, a las mejoras
técnicas que fruto de la experiencia propia y de otras organizaciones se
considere oportuno incorporar”. VER PLAN DE SEGURIDAD.
C) Y el jueves 14 de mayo
tuvo lugar la primera reunión, en todo el Estado de Alarma, del Comité de
Seguridad y Salud del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, órgano
paritario Administración – Sindicatos y de carácter informativo, en el que se
encuadra la Administración de Justicia de Aragón, reunión que había reclamado
CCOO hacía más de 20 días y que en su momento no se quiso convocar por parte de
la DGA.
Y aun cuando para CCOO los dos documentos pueden y deben ser
sustancialmente mejorados y haya
cuestiones con las que no estamos de acuerdo, algo hemos avanzado porque hasta
la fecha la Administración de Justicia de Aragón carecía de documentos propios
de referencia mediante los cuales se implementaran las medidas preventivas
establecidas con carácter general por el Ministerio de Justicia y por la propia
DGA para el conjunto de su Administración.
CCOO ha presentado alegaciones tanto a la Guía de Medidas Preventivas
como al Plan de Seguridad, solicitando el incremento de las medidas previstas
en estos documentos. Las principales medidas solicitadas por CCOO son las
siguientes:
- Distribución
de mascarillas tipo FFP2, así como pantallas de protección ocular, al personal
de los Juzgados de Guardia, Juzgados de Violencia sobre la Mujer, SACE y demás
personal que realice actos de comunicación fuera del edificio judicial, por ser
los únicos EPIs que evitan el contagio a quienes los portan.
- Provisión
a cada trabajador de un bote de gel hidroalcohólico, de su uso personal, así
como puesta a disposición de cada oficina de mascarillas higiénicas y guantes
de protección, para el caso de que se considere preciso o recomendable su uso.
- Establecimiento
de mamparas fijas, de material resistente, en los mostradores de atención al público
y registros civiles, sustituyendo a los plásticos colocados hasta la fecha, tal
y como recomiendan los técnicos del servicio de prevención de la DGA.
- Dotación a los funcionarios de material de limpieza adecuado, para la
limpieza del mostrador, mesas, otros elementos accesibles por el público o
elementos compartidos con otros funcionarios (fotocopiadoras, teléfonos,
teclados, etc) si ello fuere preciso.
- Implantación de terminales de teléfonos para uso individual.
- Realización
de comparecencias, vistas y juicios en salas de vistas u otros espacios amplios
que permitan mantener en todo caso la distancia de seguridad entre todos los asistentes.
- Uso
obligatorio de mascarillas propias y gel desinfectante en las manos para todos los
particulares y profesionales que accedan a los edificios judiciales, con
dispensación en las puertas de acceso a los edificios judiciales. Colocación de
carteles informativos en los accesos a los edificios judiciales. Realización de tareas
de vigilancia en el interior de los edificios, a fin de que los usuarios
mantengan todas las medidas de protección establecidas.
- Colocación de balizamientos o señalización en el suelo en todos los edificios
judiciales para indicar la separación mínima a sus usuarios.
- Recomendación
al personal de la Administración de Justicia del uso de mascarillas en todos
aquellos desplazamientos por el centro de trabajo en que no se pueda asegurar
la distancia de seguridad
- Distribución de
cuestionarios para la autoevaluación de riesgos laborales en caso de
teletrabajo, que sustituya la obligación que tiene la DGA de efectuar la
evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (al hilo de este
tema, adjuntamos enlace sobre lo que está sucediendo con el teletrabajo en
muchos ámbitos).
- Mantenimiento en todas las oficinas judiciales de espacios separados para
la atención al público y el trabajo de los funcionarios.
- Apertura de ventanas en todos los edificios judiciales que carezcan de
ella (Ciudad de la Justicia de Zaragoza) o sea insuficiente (Audiencia
Provincial de Zaragoza), que permita su ventilación natural al final de la
jornada, conforme las recomendaciones del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo
- Establecimiento
de jornada de tarde, de forma voluntaria en todo caso, que permita compatibilizar y
conciliar de una forma más adecuada la vida laboral y familiar, en especial a
quien tiene hijos menores.
- Establecimiento de un calendario para la implementación efectiva de
todas estas medidas.
- Revisión por los técnicos del servicio de prevención
de riesgos laborales de todos los edificios judiciales y fiscales de Aragón,
para comprobar la adopción de las medidas preventivas.
CCOO reiteró sus reclamaciones en el Comité de Seguridad y Salud celebrado el jueves 14 de mayo. En dicha reunión CCOO reiteró la solicitud de la realización, previa al regreso a la actividad ordinaria, de la prueba serológica o PCR a todas las personas que desempeñan su actividad laboral dentro de cualquier edificio judicial, independientemente de la Administración o empresa de que se dependa.
La DGA es consciente de que las medidas preventivas adoptadas hasta la fecha no son suficientes. Hay medidas que tienen un coste económico (algunos insignificantes, como el uso de mascarillas tipo FFP2), pero al igual que a los comercios se les exigen una serie de medidas para proceder a su reapertura, las Administraciones deben ser coherentes con las exigencias que establecen a las entidades privadas y adoptar igualmente las medidas preventivas necesarias. Ya no estamos al principio del estado de alerta, en el que creíamos ilusamente que esto se solucionaba en un par de semanas, y que con unas pocas mascarillas y plásticos bastaba. Hacen falta medidas eficaces que limiten al máximo la posibilidad de contagio de todas las personas que trabajamos en los edificios judiciales, por el bien de nuestra salud, de la salud de nuestras familias y amigos, y de la sociedad en su conjunto. La DGA tiene que aprovechar ahora para adaptarse a lo que nos viene, no caben más excusas ni improvisaciones. Que tras superar lo más duro de la crisis hubiera ahora contagios en el seno de nuestra administración, por falta de medidas preventivas, no sólo sería un drama, sino que además comportaría la responsabilidad de quienes tienen que proveerlas y que CCOO no dudaría en exigir. No basta con paños calientes.
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