El convenio fue suscrito en el 2010 y en el 2011. El primero incluía 108
plazas para guardias civiles en la reserva que en el segundo quedaron reducidas
a una veintena. El del año pasado, que tenía una asignación de 200.000 euros a
cargo de la DGA, no fue aplicado de derecho --liquidado-- pero sí de hecho
--agentes y suboficiales ocuparon sus puestos--.
Sin embargo, su renovación resultó imposible al no responder el equipo que
dirigía en Interior Antonio Camacho (PSOE) a los requerimientos de los nuevos
responsables de Justicia de la DGA (PP) para negociar la posibilidad de
prorrogarlo.
DESTINOS En la práctica, la Guardia Civil ha comenzado a suprimir la
presencia de los agentes según va caducando su destino --duran cuatro años-- o
cuando alcanzan la edad de jubilación. De hecho, salvo que los gobiernos central
y autonómico alcancen un inesperado acuerdo, los agentes del instituto armado
dejaran de prestar servicio en los juzgados aragoneses la próxima primavera.
Hasta hace unas semanas, los guardias civiles ocupaban ocho plazas de
vigilancia en los tribunales aragoneses: seis en Zaragoza --en los juzgados de
Violencia de Género, de Vigilancia Penitenciaria y en los Contenciosos-- y dos
en Teruel.
Fuentes del cuerpo atribuyeron la baja demanda al reciente retraso de la edad
de jubilación en el instituto armado --de los 58 a los 62 años--, a la escasez
de efectivos en Aragón --sus tres provincias son de las pocas en las que
Interior va a cubrir vacantes-- y a la competencia del Banco de España
como destino para esos agentes.
La continuidad de los guardias civiles en los juzgados fue forzada por los
jueces, especialmente los de Zaragoza, al considerar necesaria su presencia en
determinados órganos judiciales. Ocurrió cuando, a finales del 2009, el Gobierno
de Aragón aumentó de 908.232 euros a 1.395.003 la partida destinada a pagar la
seguridad privada en las sedes judiciales.
El Periódico de Aragón 12.01.2012
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