Tras la eliminación del derecho a la tutela judicial efectiva que Gallardón aprobó mediante la publicación de la ley de tasas judiciales y su propuesta de entregar a los registradores los registros civiles, en el Consejo de Ministros del pasado viernes 3 de mayo, el Gobierno de Rajoy aprobó el anteproyecto de reforma de la LECivil que consagra la privatización de los actos de comunicación y de los embargos convirtiendo a los procuradores en agentes de la autoridad, lo que conllevará, además de un nuevo paso en el desmantelamiento de la Administración de Justicia como servicio público, la eliminación de miles de puestos de trabajo.
Los trabajadores y las trabajadoras no podemos permanecer impasibles e inmóviles ante lo que pretende el Gobierno: convertir el servicio público de la Justicia en un coto privado donde profesionales al servicio del poder reciben las prebendas que Gallardón y Rajoy les regalan a cambio del servilismo hacia sus decisiones.
No podemos pasar por alto las declaraciones vergonzantes del Presidente del Consejo General de Procuradores que no ha tenido recato en no ocultar su satisfacción con la medida del Gobierno y ha declarado sin vergüenza:
“¿Por qué los ciudadanos deben pagar por los caprichos de particulares? (…). La Justicia no tiene que ser gratuita siempre, esa es una idea muy bonita, pero que no ocurre en ningún país del mundo, es una falacia” y continúa, “la principal ventaja de esta reforma será que el ciudadano que haya ganado un proceso judicial podrá lograr que se ejecute en días lo que hasta ahora suponía una espera de meses”
“No podemos dejar de mostrar nuestro agradecimiento al ministerio de Justicia ya que sin su apoyo incondicional nuestros objetivos no se habrían cumplido”
¿Qué intereses ocultos existen entre el Presidente del Consejo General de Procuradores y el ministro de Justicia para tomar estas decisiones que desmantelan como servicio público la Administración de Justicia, que rompen con el principio básico de su independencia e imparcialidad para la ciudadanía, que condenan a miles de trabajadores y trabajadoras a perder su empleo o a la movilidad forzosa geográfica?
La profundidad de las reformas que ha emprendido el Gobierno solo pueden tener una respuesta: la movilización permanente y contundente contra el desmantelamiento de la Administración de Justicia.
Los sindicatos CCOO, STAJ, CSI.F y UGT convocamos a todos los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia a concentrarnos en las puertas de nuestros puestos de trabajo mañana miércoles de 11.30 a 12.30. En Zaragoza la concentración será en los Juzgados de la Plaza del Pilar.
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