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| Ramón Alvaré y Ramón Gorríz - CC.OO |
5.000 plazas van a desaparecer de Justicia de un plumazo (Ramón Alvaré - CC.OO.)
Finalmente habrá convocatoria de huelga en los Registros Civiles dependientes del Ministerio de Justicia?
Sin lugar a dudas, la huelga está fijada para el 8 de octubre y será en todo el ámbito estatal, no sólo en aquellos territorios dependientes del Ministerio de Justicia. La privatización de este servicio público afecta a toda España, a todos los trabajadores/as de la Administración de Justicia y a todos/as los ciudadanos/as que van a perder otro servicio público a manos privadas.
¿Qué significaría para el ciudadano la externalización de este servicio, ya que el propio Ministerio dice que serán más eficaces y no tendrá ningún coste adicional?
Ya de partida el Ministerio ha reconocido que el servicio no será tan directo como se da en la actualidad ya que estará centralizado en las capitales de provincia, con lo que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas dejarán de tener ese acceso tan directo que tienen a día de hoy desde los registros civiles y los Juzgados o Agrupaciones de Paz. El ciudadano perderá la profesionalidad de los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia, que tan bien han llevado el servicio durante más de 100 años pese a la escasez de medios que han tenido que padecer. Resulta curioso que pretendan llevar la modernidad y los avances informáticos al Registros Civil cuando se pretende privatizar y no cuando es un servicio público servido por funcionarios y funcionarias como ha sido hasta ahora.
Tampoco nos queda nada claro cuando se habla de la “gratuidad”. Desde el principio han querido vender a la opinión pública que iba a seguir siendo un servicio gratuito pero hace escasos dos meses se ha demostrado que no es así. Para temas de nacionalidad habrá que ir previamente a los notarios y ahí ya empezamos con unos pagos superiores a los 50 euros, cuando hasta ahora ese servicio es completamente gratuito.
¿Cuántos empleados públicos podrían verse afectados por esta medida?
Entre personal de Juzgados de Paz y Agrupaciones de Juzgados de Paz, y personal que presta sus servicios en los diferentes Registros Civiles de toda España hay más de 5000 funcionarios/as afectados. 5000 plazas que van a desaparecer de un plumazo.
¿Qué pasaría con estos empleados públicos, sería recolocados en otros servicios?
El Ministerio a la fuerza recolocará al personal titular que presta sus servicios en esos puestos de trabajo. El problema se plantea con el personal no titular, los compañeros y compañeras que son interinos. A los que sirven en estos puestos que van a desaparecer no tienen la obligación de reubicarlos, y los que sirven en otros destinos verán cómo a sus plazas llegará personal reubicado de las plazas que se pierden, difícilmente el Ministerio de Justicia o las Comunidades correspondientes mantengan a dos personas en una misma plaza.
¿Cree que esta decisión tiene vuelta a atrás?
Desde Comisiones Obreras estamos convencidos de que sí. Sobran ejemplos en los que la lucha de los diferentes colectivos ha servido para dar marcha atrás medidas como la que nos afecta por la privatización del Registro Civil. El Ministerio de Justicia ha dejado marcado el camino que nos queda para dar marcha atrás a esta decisión: ¡La lucha!
El Gobierno de Rajoy, con su Ministro a la cabeza, está poniendo patas arriba la actual estructura judicial ¿Cree que con todo lo que está ocurriendo la Justicia está siendo cada vez más injusta y más alejada de los ciudadanos?
Sin lugar a dudas la Justicia cada vez está más alejada de los ciudadanos y ciudadanas, a la vista está con la privatización del Registro Civil, la creación de los tribunales de instancia, la ley de Tasas... Lamentablemente este camino ya fue trazado por el anterior Gobierno. El último Ministro socialista en materia de Justicia decidió imponer costas en los procedimientos Contencioso-Administrativo, aquella medida significó un bajón espectacular en los procedimientos de esa materia, sobre todo en temas laborales de los empleados y empleadas públicos que vieron cercenada su opción de ir a los tribunales a exigir sus derechos laborales. Se ve que el actual Gobierno tomó buena nota y sigue por ese camino marcado. Da la sensación que hay un acuerdo PSOE-PP para que los ciudadanos y ciudadanas no acudamos a la Justicia, o al menos que sólo acudan los que la pueden pagar.
Por último, ¿Tienen ustedes datos sobre como está afectando la Ley de Tasas Judiciales en cuando al número de recursos presentados?
Nosotros esos datos no los tenemos, en repetidas ocasiones se las hemos pedido al Ministerio, al igual que las diferentes comunidades autónomas pero no hemos obtenido respuesta. En los diarios hemos visto publicados datos sobre las tasas pero desconocemos si son o no oficiales.
Publicado el 19 septiembre en http://canaldelfuncionario.laverdad.es/
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