Aparece publicado en el BOA de hoy
24 de enero el Decreto 1/2019, de 15 de
enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura y la
organización de la Oficina Fiscal en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Más allá de su estudio y contenido, este Decreto no ha sido negociado con
los representantes de los trabajadores en la Mesa Sectorial correspondiente. El
último párrafo de la exposición de motivos del Decreto dice que .”…oídas
las organizaciones sindicales más representativas”, pero eso es mentira: se
dio traslado a las organizaciones sindicales del borrador del Decreto antes del
verano y nos dijeron que nos convocarían para que hiciésemos nuestras
propuestas o enmiendas. Aun estamos esperando a que nos llamen.
Es evidente que cualquier diseño de la Oficina Judicial va a condicionar la
prestación del servicio por parte de los funcionarios y las funcionarias que
están o estén destinados en el futuro en estas Oficinas. El texto permite que
personal que no sea de la Administración de Justicia pueda desempeñar puestos
en la Oficina Fiscal (así se controla políticamente una Fiscalía); permite la
designación “a dedo” por parte del Fiscal del funcionario de Tramitación que
haya de desempeñar las funciones de coordinación, en defecto de Gestor Procesal.
En la atribución de funciones a la Oficina de apoyo no sigue lo dispuesto en el Manual de la Oficina
Fiscal publicado por el Ministerio de Justicia, tal y como hace la normativa
equivalente en Madrid, Galicia y Valencia. Define qué puestos de trabajo tienen
carácter singuralizado, sin ninguna negociación con las organizaciones
sindicales, etc.
Más allá de las correcciones
técnicas y defectos que tiene el Decreto, para cuya redacción sí se ha
atribuido carácter negociador a la Fiscalía de Aragón pero no a los
representantes de los trabajadores, resulta a nuestro juicio impresentable que
la Dirección General de Justicia de Aragón y el Gobierno de Aragón aprueben una
norma que va a afectar de forma directa al trabajo de los funcionarios y
funcionarias destinadas en las Oficinas Fiscales de Aragón sin previa
negociación, ni siquiera audiencia, con sus legales representantes. La
Directora General de Justicia de Aragón, María Angeles Julvez, y el Consejero
de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén Izquierdo, han optado
por el peor camino posible para empezar a implantar la nueva oficina judicial y
fiscal en Aragón. Esta es una muestra más de la forma de actuar, a lo largo de
toda la legislatura, de la Directora General de Justicia de Aragón, y de la
incapacidad del Consejero de Presidencia para supervisar su actuación.
Es por ello que CCOO va a reunirse
de forma inmediata con los servicios jurídicos del sindicato a fin de estudiar
la interposición de un recurso contencioso administrativo contra este Decreto, así
como la suspensión cautelar del mismo mientras se resuelva dicho recurso.
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