- El ministro asegura que quien recurra en segunda instancia deberá hacerse cargo de los gastos
- Invoca el consenso para realizar la reforma anunciada ayer por sorpresa por Santamaría
- El Gobierno estudiará una posible instauración de la prisión permanente revisable
Alberto Ruiz-Gallardón se ha estrenado como ministro de Justicia en el Congreso de los Diputados con el anuncio de una profunda reforma que, en la práctica, supone dar un giro conservador a la administración de Justicia.
El plan expuesto por el ministro de Justicia incluye una reforma del sistema de tasas que las eleve hasta hacerlo disuasorio y, así, acabar con lo que llama abuso de los ciudadanos; la modificación de la ley del aborto para volver al modelo previo a la ley de plazos; el cambio en el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que elijan los jueces, que mayoritariamente son conservadores; el establecimiento de una especie de cadena perpetua o sistema de reclusión revisable y la modificación de la Ley del Menor, entre otras medidas.
Para completar el giro conservador le faltó anunciar la modificación de la ley de matrimonios homosexuales, pero no dijo ni palabra de esta norma, sobre la que se mantiene la incógnita de si el Gobierno de Mariano Rajoy la derogará o no.
Gallardón pidió y ofreció consenso, pero según el sentido de las intervenciones del resto de grupos, va a tener dificultades para tener apoyos, porque todos los partidos, salvo UPyD rechazan tajantemente propuestas como la del sistema de elección del Poder Judicial. El PP tiene mayoría suficiente para aprobar en solitario todas estas reformas que, en el peor de los casos, requieren mayoría absoluta, pero si quiere estar acompañado en la reforma de la Justicia tendrá que emplearse a fondo o renunciar a gran parte de sus propuestas.
Respecto a las tasas judiciales, Gallardón detalló un sistema muy parecido al del copago en el que los ciudadanos deben pagar por tener determinados servicios. En este caso, el que no pague unas tasas que intenten cubrir el coste del procedimiento no podrá recurrir a la segunda instancia.
No afectará al ámbito penal pero sí a otros como, por ejemplo, el laboral. Es decir, si un ciudadano quiere recurrir un despido confirmado en primera instancia por un juez de lo social tendrá que pagar y solo recibirá el depósito si gana en segunda instancia.
En este momento ya hay unas tasas que no superan los 50 euros y, por tanto, son casi simbólicos. Según Gallardón, el año pasado se recaudaron por este concepto 172 millones de euros. Ahora, según explicó, se trata de recaudar lo que llamó el "coste no racional" de este servicio público, mediante la imposición de barreras económicas. Es verdad que precisó que para los que no tengan medios se habilitarán medidas de justicia gratuita, pero habrá que acreditar esa situación casi de indigencia. El resto de ciudadanos tendrá que pagar.
Para Gallardón no hay merma del derecho a la tutela judicial porque es solo para recursos en segunda instancia.
Los demás portavoces rechazaron con dureza esta idea de copago y, por ejemplo, Gaspar Llamazares (IU) habló de "Justicia de dos velocidades".
El ministro en su estreno se encontró también de frente a todos los grupos en el sistema de elección del Poder Judicial. Desde el socialista Julio Villarrubia al portavoz del PNV, Emilio Olabarría, para quien es inconstitucional el sistema de elección que limite la intervención del Parlamento.
Gallardón dejó sobre la comisión toneladas de buena voluntad en forma de propósitos sobre la renovación no partidaria del CGPJ y el Tribunal Constitucional. En este último hay vacantes aún porque el PP frenó bloqueó esa renovación, aunque ahora con mayoría absoluta ha impuesto prisa para aplicarlo.
Ahora el PP juega a favor de corriente porque en la carrera judicial son mayoría abrumadora los conservadores y tiene asegurado que los vocales que se elijan entre jueces y magistrados tendrán esa adscripción de forma casi unánime.
Gallardón, portador de propuestas conservadoras, fue el encargado también de exponer medidas incluidas en su programa como la de reclusión revisable cada 20 años y la reforma de la ley del aborto. En el primer caso para imponer algo parecido a la cadena perpetua, a pesar de que en España ya hay condenas de 40 años que han de cumplirse de forma íntegra y sin posibilidad de revisión.
En el segundo para establecer la necesidad de permiso paterno o materno para que las jóvenes de entre 16 y 18 aborten y para eliminar la ley de plazos. En esta norma, no obstante, no llegó al extremo de los sectores más conservadores del PP que son partidarios de derogar la ley completa.
Significativamente, esta norma ya no se hará en el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales o antes Igualdad, sino que procederá de nuevo de Justicia, como una ley penal de nuevo.
En la ley del menor no especificó cómo se modificaría, más allá de anunciar que cuando por un hecho haya menores y mayores de edad, toda la causa se instruirá y juzgará en un solo procedimiento.
Como todos los ministros de Justicia, Gallardón anunció una nueva ley de Enjuiciamiento Criminal. El anterior Gobierno llegó a concluir un anteproyecto, pero decayó por el final de la legislatura. El PSOE proponía que el fiscal asumiera la investigación, pero el PP siempre se ha opuesto y ayer introdujo un pequeño matiz para que los miembros de la carrera fiscal colaboren en la investigación e instruyan casos urgentes. Todo un cambio en el PP.
Gallardón se fue con el compromiso de entablar el diálogo para sacar adelante esas reformas legales. Si lo hace puede convertirse en una de las estrellas de este Gobierno, porque su apuesta reformista da para los cuatro años de legislatura. Incluye también otras normas como la ley mercantil o la mediación, entre otras.
Publicado el 25/01/2012 en www.elpais.com
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