La reforma de los partidos judiciales en Aragón, que ayer adelantó en detalle este diario, se cobra por el momento una primera --y habitual-- víctima en la comunidad: el desarrollo de la nueva oficina judicial. El consejero de Justicia, Roberto Bermúdez de Castro, ya advirtió en las Cortes a primeros de mes que su implantación como prueba piloto en Teruel dependería, entre otros factores, de la modificación de la Ley de Planta y Demarcación Judicial, que está dando sus primeros pasos.
Así pues, los juzgados mantendrán por ahora la estructura habitual de trabajo --el proyecto agruparía servicios de distintos órganos judiciales--, aunque contarán con refuerzos de personal. Concretamente de 20 funcionarios para este año, cinco en el Juzgado de lo Penal de Huesca bis.
En cuanto al previsible aumento de asuntos de lo Social por la reforma laboral, Bermúdez de Castro aseguró en respuesta parlamentaria que por el momento no tienen datos estadísticos que avalen un refuerzo de funcionarios. "La repercusión que una medida legislativa provoca en la realidad social no es algo que pueda aventurarse", dijo.
REACCIONES En cuanto a los planes que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene para Aragón, en el marco de la reducción del 50% de partidos judiciales en España, la judicatura aragonesa no ve con buenos ojos que pretendan agrupar los 16 actuales en tan solo seis. Las fuentes consultadas se muestran cautelosas en las valoraciones, ya que es un primer borrador que aún no ha sido votado siquiera por el propio CGPJ, y aún tendrá que pasar por otras instancias.
Así, el magistrado Alfonso Ballestín, de Jueces para la Democracia, exponía que la reducción, "en principio", es positiva, pero que en el caso de Aragón, dada la dispersión poblacional, "quizá convendría más dejarlo como está" o plantear alternativas como jueces itinerantes. Luis Ignacio Ortega, decano del Colegio de Procuradores, era de similar opinión y destacaba la "infraestructura complicada" en Aragón.
Bastante más crítico es el presidente del Consejo General de la Abogacía en Aragón, Ignacio Gutiérrez, que ve con "inquietud" que el CGPJ no cuente con otros colectivos, "aunque sea un borrador". "El papel lo soporta todo, pero si solo usan criterios de población, sin tener en cuenta la geografía, Aragón va a ser la antítesis del espíritu de la reforma", resumió.
Nota: ante la reforma de la demarcación y planta judicial es preciso hacer varias precisiones:
1.- El estudio del Consejo General del Poder Judicial es un estudio realizado motu propio, sin solicitud alguna del Ministerio de Justicia. Además, el Consejo carece de competencia alguna para modificar la demarcación y planta judicial, lo que sólo se puede hacer por Ley. Por tanto, más o menos acertado, no deja de ser un estudio cualificado pero que puede o no ser tenido en cuenta por el Ministerio de Justicia, al que en definitiva corresponde la iniciativa de la modificación de la demarcación y planta judicial.
2.- El Ministerio de Justicia ha constituido una comisión encargada de elaborar las propuestas de textos articulados de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de Ley de Demarcación y de Planta Judicial. Dicha comisión tiene como objetivo fundamental configurar una organización más racional y eficaz de la Administración de Justicia para que contribuya a la reactivación económica y a la protección de los derechos civiles, sociales y económicos. Con la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial se pretende superar el obsoleto modelo basado en el partido judicial, organizar la Justicia con arreglo a criterios de flexibilidad, y adaptar la organización territorial a los tiempos actuales de acuerdo con el modelo de organización judicial. Las propuesta de esta comisión pueden coincidir o no con las efectuadas por el Consejo General del Poder Judicial, pero previsiblemente, a la vista de la resolución de su constitución, irá más allá que una mera reforma de la demarcación de los partidos judiciales. La comisión presentará sus conclusiones en el plazo máximo de 8 meses desde su constitución.
3.- En la legislatura anterior ya se constituyó una comisión para el estudio de la demarcación y planta judicial, que presentó unas conclusiones que van en la línea del estudio del CGPJ. En dicho estudio no sólo se sugería la ampliación de la demarcación de los partidos judiciales, sino también la supresión de los juzgados actuales y la creación de tribunales de base y de instancia.
4.- No tiene sentido hacer una reforma de la oficina judicial para cambiarlo todo de nuevo al cabo de año y medio. La DGA debería esperar a que el Ministerio de Justicia clarifique el futuro de la demarcación y planta judicial en España, y luego hacer su propia reforma de la oficina judicial.
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