«Es importante que, para que la soberanía
y la justicia continúen residiendo en el pueblo, lo hagan también en su espacio
y no en el de un fondo de inversión».
Que a nuestra pobre Zaragoza le está costando
digerir eso que los gurús locales llamaron ‘el legado urbano de la Expo’ no es
un secreto para nadie. Y no resulta demasiado preocupante si se tiene en cuenta
que las ciudades (parabién o para mal) con el tiempo lo acaban digiriendo casi
todo. Mucho peor es que las administraciones sigan apostando, para lograr
ingresos, por los viciados instrumentos de la especulación del suelo que tanto
daño han hecho al país y a la justicia social. La constatación del desastre
económico, social y cultural a que nos ha conducido el modelo que trata al suelo
como un mero material de combustión ”debería haber generado, al menos, una
reflexión en la búsqueda de nuevas soluciones.
Pero no, las administraciones siguen alimentando
el negocio de la especulación. La DGA anuncia ahora una rocambolesca operación
inmobiliaria que no deja de ser absurda aunque esté de moda. Después de decidir
el traslado de las sedes judiciales de Zaragoza a los pabellones de Ranillas por
ser de su propiedad, el Gobierno de Aragón los quiere poner a la venta por 52,6
millones de euros para Quedar seguidamente como arrendatario del fondo de
inversión que los adquiera. A partir del momento de la enajenación, a ese fondo
de inversiones irá a parar el alquiler de 622.072 euros al mes que hasta
entonces el Gobierno va apagarse así mismo. Pues bien, en siete años el Gobierno
habrá perdido los 52,6 millones que prevé ganar al vender el espacio de la
Justicia y a partir de entonces pagará 7,5 millones y medio de euros al año por
mantener allí los órganos judiciales. ¿Son estas las políticas a medio y largo
plazo a las que se refería la estrategia 2025 de la presidenta Rudi? ¿Por qué
aceptan o promueven estas cuentas las administraciones si nos empobrecen a todos
y solamente enriquecen a los especuladores?
La operación suscita también muchas dudas en
otros órdenes. Nadie aclara qué va a pasar con el interesante construcción de
Regino Borobio con una ampliación proyectada por Alejandro de la Sota que
constituye la única obra en Zaragoza de uno de los mejores arquitectos españoles
del siglo XX. Grave irresponsabilidad sería, y atentado contra el patrimonio
cultural, pretender otro negocio destructor con un edificio cuyo uso es además
estratégico para el casco histórico de la ciudad.
Pero quizás más importante que todo ello es la
consecuencia simbólica de la venta. La Justicia no es un servicio más. El
espacio en el que se desarrollan sus trabajos y se despliegan sus ritos no
debería ser gestionado como mercancía, pues es un espacio que, como ningún otro,
debe mantener una exquisita neutralidad respecto de todo tipo de poderes y
presiones. ¿Qué pasaría si un día los tribunales tuvieran que juzgar a los
dueños de su casa? ¿Cómo sería la justicia que los jueces tendrían que impartir
entonces a sus patronos (que así llama la RAE a los dueños de la casa donde se
reside)? ¿Acaso no se vende en algo la Justicia si se vende el techo que la
alberga? Si la Justicia tiene ya serios problemas de credibilidad, medidas como
ésta la alejan más todavía del pueblo del que constitucionalmente emana.
Los gobiernos no deben olvidar la importancia
simbólica de la gestión del espacio. El artículo más solemne de la Constitución,
el primero, al proclamar que «la soberanía nacional reside en el pueblo» utiliza
un verbo de evidentes implicaciones espaciales, pues «residir» significa «estar
establecido en un lugar». El uso de una metáfora que remite al espacio y al
alojamiento para fijar la relación entre la soberanía y su titular viene a
explicitar la relación natural entre el lugar en que la soberanía se manifiesta
y su titularidad. La residencia del as cosas tiene causas y consecuencias
simbólicas, por cuanto esas cosas se ven afectadas por la naturaleza del espacio
que las alberga. Y el discurso espacial que la comunidad despliega en la ciudad
es herramienta fundamental que le sirve para reconocerse a sí misma como lo que
es o aspira a ser. La residencia metafórica de la soberanía en el pueblo
conlleva la residencia literal de sus poderes en el espacio público. Y es
importante que, para que la soberanía y la justicia continúen residiendo en el
pueblo, lo hagan también en su espacio y no en el de un fondo de inversión. Que
la justicia pase a residir en el lugar de los mercados quizás no sea lo de
menos, sino, invirtiendo la metáfora, un paso más en a construcción de eso que
podría ya denominarse la ‘soberanía mercantil’.
Por Carlos Bitrián Varea, arquitecto y
presidente de Apudepa.
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