Que no
te cuenten cuentos…, pues, si se aprueba este texto de reforma de la LOPJ , retrocederemos a los
tiempos en los que las condiciones de trabajo dependían de la voluntad del jefe
o responsable de turno.
CCOO EXIGE A GALLARDÓN
QUE EL PROYECTO DE REFORMA DE LA LOPJ INCLUYA EL MANTENIMIENTO DE TODOS LOS
PARTIDOS JUDICIALES, LA
GARANTÍA DE QUE NO HABRÁ MOVILIDAD FORZOSA FUERA DEL
MUNICIPIO Y QUE LAS OFICINAS JUDICIALES DE PAZ,
QUE DEBERÁN CREARSE DONDE EXISTA UN JUZGADO O UNA AGRUPACIÓN DE JUZGADOS
DE PAZ, SE INCLUIRÁN EN LA
LOPJ COMO CENTRO DE DESTINO.
Hay preacuerdos y preacuerdos… y desde luego
el preacuerdo firmado entre el Ministerio de Justicia de Gallardón y tres
sindicatos el pasado 10 de julio –comprometiéndose a ello incluso sin ver
siquiera el texto, o al menos sin verlo en la mesa de negociación- dice mucho
de quién lo firma pero poco de qué es lo que se firma.
Porque si hacemos caso a la reciente cita de
Mariano Rajoy “lo que no está en la ley
es que no existe”, a continuación deberíamos preguntarnos,…si no está
escrito en la ley (en este caso en el texto de la reforma de la LOPJ , ya sea Anteproyecto de
ley o ya sea Preacuerdo firmado), ¿porqué algunas organizaciones sindicales se
creen a pie juntillas lo que DICE Gallardón?
Porque tanto de la lectura del citado preacuerdo como de la propia nota de
prensa del flamante ministro del día 31 de julio –que por cierto, omite
cualquier referencia al preacuerdo como detonante de su cambio de posición–
nada refleja que se mantendrán todos y cada uno de los partidos judiciales, o
que las Oficinas Judiciales de Paz se crearán en cada localidad dónde exista un
Juzgado de Paz o una Agrupación de Juzgados de Paz ni que éstas
serán centros de destino como lo son en la actualidad los Juzgados de
Paz.
CCOO
sabe muy bien, y el resto de organizaciones sindicales debieran recordarlo, no solo
lo difícil que es que el ministerio
acepte en un preacuerdo los puntos de una plataforma reivindicativa, sino
también la dificultad que entraña que se recoja expresa y concretamente los
términos de los mismos para que luego no haya dudas ni falsas interpretaciones.
Porque para CCOO no
es lo mismo que el preacuerdo recoja expresamente, “El Ministerio de Justicia se
compromete a “seguir negociando en mesa sectorial el
resto de cuestiones planteadas por las organizaciones sindicales en sus
enmiendas a la reforma de la LOPJ
durante el trámite parlamentario de enmiendas al proyecto de LOPJ …” que no recogerlo. O que “Así mismo, el ministerio y las organizaciones
sindicales firmantes de este preacuerdo negociarán la redacción concreta del
articulado y disposiciones referidos a estos puntos en el texto de la LOPJ ” que no recogerlo.
Y ambas redacciones
sí quedaron perfectamente reflejadas, tras el preacuerdo de noviembre de 2002
firmado por CCOO y también por CSIF Y UGT
–STAJ no formaba parte en ese momento de la mesa sectorial de Justicia pero se
opuso rotundamente al mismo–. Pero, además, el preacuerdo fue ratificado
ampliamente por los trabajadores en referéndum en diciembre de ese año (recordemos que fue convocado solo por CCOO y UGT y el resultado tuvo carácter vinculante), y,
posteriormente, firmado como acuerdo
nuevamente por CCOO, CSIF Y UGT y el gobierno
del PP.
Para CCOO tampoco es lo mismo que el preacuerdo firmado
diga literalmente que “El Anteproyecto reconocerá
expresamente la existencia de partidos judiciales” que
recoja sin ningún género de dudas, como exige CCOO que “El Anteproyecto recogerá expresamente el mantenimiento de todos y cada
uno de los partidos judiciales que existen en la actualidad.”
Y no es lo mismo, porque ni tan siquiera lo
dice así Gallardón en su nota de prensa del pasado 31 de julio, en la cual explica que la nueva
reorganización en Tribunales de instancia y reparto provincial de asuntos “rompe con la noción
tradicional de partido judicial, que a partir de ahora se reserva para
identificar las sedes de los órganos judiciales del Tribunal de Instancia” y que “la posibilidad de crear más
de un Tribunal de Instancia en cada provincia será excepcional y siempre y
cuando se cumplan los criterios territoriales, demográficos y sociales….en localidades con una
importancia judicial igual o superior a la capital….” exigiendo expresamente “…para que sea posible la creación excepcional de
más de un Tribunal de Instancia por provincia que en cada localidad exista un
mínimo de unidades judiciales: una en el orden contencioso-administrativo,
social y civil y al menos cinco en el orden penal…”
Por lo tanto, el pomposo anuncio de Gallardón solo
afectaría en todo el Estado a las localidades de Ferrol, Santiago, Vigo, Gijón, Elche,
Algeciras, Jerez, Ceuta, Melilla y Cartagena, únicas poblaciones que
en la actualidad tienen, al menos, un Juzgado Contencioso-Administrativo, de lo
Social y Civil y 5 juzgados de orden Penal. O sea, si bien hay un mínimo
avance, NO EXISTE GARANTÍA DE QUE SE
MANTENGAN TODOS LOS PARTIDOS JUDICIALES, tal y como viene denunciando CCOO,
multitud de organizaciones sociales y ciudadanas y decenas de ayuntamientos
(también muchos con mayoría del PP), ni que se cree más de un Tribunal de
Instancia pues las condiciones que se deben cumplir para que esto último
sea posible, tan solo las reúnen 6 provincias (Coruña,
Pontevedra, Asturias, Alicante, Cádiz y Murcia) más Ceuta y Melilla. Las 44
provincias restantes tendrán un solo tribunal de instancia, en la capital de
provincia, y ese “municipio” será el centro de destino de todos los
trabajadores que presten servicio en ese Tribunal, a donde previamente los
habrán reordenado al desaparecer el partido judicial original, sin respetar su
municipio de origen, puesto que el preacuerdo tampoco recoge expresamente, como
exigió CCOO, que se vuelva a incluir expresamente en el art. 624
de la LOPJ
que la redistribución y reordenación de efectivos “en ningún
caso supondrá cambio de municipio para el personal”
Menciona
también Gallardón en su nota de prensa que
“las
Oficinas Judiciales de Paz…mantendrán la cercanía de los servicios no
jurisdiccionales al ciudadano” expresión ambigua
dónde las haya de la que, precisamente, no se deduce ni que estas oficinas
serán un centro de destino, ni que se crearán en todas las localidades en dónde
exista un Juzgado de Paz o Agrupación de Juzgado de Paz ni, por asomo, que en las mismas estarán
destinados todas y todos los trabajadores que actualmente prestan
servicios en éstos últimos.
Y
por eso CCOO
exigió que el texto del preacuerdo debía
mencionar expresamente, “EI texto recogerá
la existencia de oficinas judiciales de paz reconociéndolas expresamente como centro de destino
propio en el art. 622 de la LOPJ , donde estarán
destinados todos los funcionarios que actualmente prestan sus funciones en
las agrupaciones o en juzgados de paz de más de 7.000 habitantes creándose tantas Oficinas Judiciales de Paz como Juzgados o Agrupaciones
de Paz existen en la
actualidad; estas oficinas tendrán como principal objetivo reforzar
la presencia de la
Administración de Justicia como servicio público próximo a
los ciudadanos, prestando funciones de apoyo a las oficinas judiciales y
unidades administrativas del partido judicial, así como de
información a la ciudadanía, modificándose por tanto también la Disposición Transitoria
La conclusión para CCOO es clara: hay que seguir presionando con
todas las medidas a nuestro alcance para lograr como mínimo que el proyecto de
reforma de la LOPJ ,
que apruebe el Gobierno (probablemente en septiembre), contenga:
1.- El reconocimiento expreso en el texto legal de que se mantendrán
todos y cada uno de los partidos judiciales actualmente existentes
2.- Que no podrán realizarse movilidades forzosas fuera del municipio
(tal y como consta en la actual LOPJ 19/2003 en su artículo 523)
3.- Que se mantendrán como centro de destino los actuales Juzgados y
Agrupaciones de Juzgados de Paz o, en su defecto, serán centro de destino
las Oficinas Judiciales de Paz, recogiéndolo de manera expresa en el artículo
622 de la LOPJ. Además
4.- Que se reconocerá que los actos de comunicación y ejecución están
reservados al personal de la
Administración de Justicia y solo podrán ser encomendados
a éstos.
5.- La garantía de que no desaparecerá ni un solo puesto de trabajo y
por tanto se mantendrá la plantilla actualmente existente.
Mientras no se
reconozcan estos derechos básicos, CCOO se opondrá frontalmente a este proyecto de
reforma de la LOPJ
y, en coherencia con lo anterior, mantendrá la convocatoria de las
movilizaciones contra la reforma de la
LOPJ.
¡¡DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS!!
¡¡DEFENDAMOS EL SERVICIO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
10 DE SEPTIEMBRE, DÍA DE LA APERTURA DEL AÑO
JUDICIAL,
CONCENTRACIÓN ANTE EN EL TRIBUNAL
SUPREMO
¡¡ACUDE!!
¡¡8 DE OCTUBRE, HUELGA EN TODA LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA EN TODA ESPAÑA, CONTRA LA REFORMA DE LA LOPJ Y CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE
LOS REGISTROS CIVILES¡¡
LUCHEMOS PARA DARLE LA VUELTA
EMPLEA TU FUERZA,
NO LO DUDES, MOVILÍZATE Y LUCHA!!
