La pretensión del ministro de imponer nuevas tasas en la Administración de Justicia, volverá a perjudicar notablemente a los ciudadanos y a los trabajadores que pretendan acudir a la vía judicial para defender sus justos y legítimos derechos
Publicamos un resumen de la intervención del ministro de Justicia en el Congreso de los Diputados en el día de hoy, según la nota que ha colgado el Ministerio en su página web (www.mjusticia.es)
Sin poder entrar por la urgencia a hacer un análisis detallado de lo publicado en la web del Ministerio de Justicia, que no recoge el discurso completo del ministro sino tan sólo lo que se destaca desde su gabinete de prensa, podemos afirmar ya nuestro rechazo sobre dos cuestiones, que nos preocupan de forma muy seria:
- El nuevo ministro repite los graves errores de la mayoría de sus antecesores en el cargo, pues vuelve a olvidar a los trabajadores de la Administración de Justicia (funcionarios de todos los Cuerpos Generales y Especiales así como al personal laboral) cuando hace una referencia a establecer "puentes y escuchar" a todos, y por supuesto entre ese todos, para el ministro parece que no existen los trabajadores. Vemos que ésta es una constante intolerable que se reproduce cuando se nombra a un nuevo ministro. No debería ser necesario volver a trasladarle que la Administración de Justicia no puede funcionar si esos puentes no se tienden por el nuevo titular del Ministerio de Justicia, igualmente que al resto de los citados, a los trabajadores que logran cada día que esta Administración no haya caído en el colapso.
-En segundo lugar, si bien a todos nos preocupa el "exceso de litigiosidad" del sistema judicial, utilizando las mismas palabras citadas por el ministro, no compartimos con él que las soluciones que se proponen a ese exceso sea la imposición de más dificultades a los ciudadanos para el acceso a este servicio público imprescindible, como la imposición de nuevas tasas, que en la práctica va a significar que los más pobres tendrán cada vez más dificultades a su derecho a la tutela judicial efectiva, y sólo los que puedan aguantar procesos largos y costosos tendrán acceso a la justicia en condiciones de acceder a ese derecho. No olvidamos, y los grupos parlamentarios, incluido el que sustenta al gobierno, lo saben, porque CCOO ya se opuso a la Ley de medidas de agilización procesal que entró en vigor en noviembre 2011 (Ley 37/2011 de 10 de octubre), pues ya puso en entredicho ese derecho cuando los reclamantes que vieran desestimada su posición en la vía judicial deberán pagar a partir de ahora las costas procesales (salvo decisión en contrario del juez).
Y no olvidamos que medidas como la imposición de costas ya ha perjudicado notablemente también a los empleados públicos cuando pretenden acudir a la vía judicial para defender sus derechos retributivos y sus condiciones laborales.
Se puede afirmar de forma retórica, como afirma el ministro, que todos tenemos que tener las garantías para el derecho a la tutela judicial efectiva, pero cuando para acceder a ese derecho se ponen obstáculos insalvables para los más débiles de la sociedad, en la práctica esas declaraciones se convierten en tan sólo palabras sin ningún contenido.
Esperamos que el nuevo ministro sea sensible a estas reclamaciones tan sensatas como justas.
Madrid, 25 de enero de 2012
