Un centenar de funcionarios de Justicia se concentraron al mediodía del viernes frente al Registro Civil de Zaragoza, para sumar a la habitual protesta contra las tasas la queja por la futura ley que regulará este organismo. Gran parte de sus atribuciones pasarán a manos de los registradores de la propiedad, lo que para los funcionarios supone "dejar en manos pseudoprivadas los datos" e implicará, "necesariamente, el cobro de un arancel ". Así lo resumió ayer José Ignacio Franco, de CCOO, presidente de la Junta de Personal de los funcionarios de Justicia en Zaragoza.
