El anteproyecto de ley de reforma integral de los registros
civiles, del que os hemos venido informando desde hace semanas, es uno de los
ataques más graves contra los derechos de los trabajadores de la Administración
de justicia y de los ciudadanos, ataque que no podemos ni vamos a tolerar.
Que el Gobierno tenga la desvergüenza de pretender convertir
un derecho obligatorio y fundamental de los ciudadanos en otra fuente de
ingresos de grupos privados, con claras y directas conexiones con intereses de
miembros del Gobierno, es un ataque al Estado de Derecho ante el que CCOO no va
a permanecer de brazos cruzados (recordamos nuevamente, que entregar los
registros civiles a la gestión privada de los registradores de la propiedad y
mercantiles, cuando los máximos responsables de la Dirección General de los
Registros y del Notariado y el propio Presidente del Gobierno, que son los
que otorgan ese traspaso de la gestión
pública a la privada, son registradores, sería en cualquier país democrático del
mundo una tropelía que llevaría a estas personas a ser investigadas por si de
sus actos se dedujeran responsabilidades graves o muy graves, incluso del orden
penal).
Ese anteproyecto de Ley de reforma integral de los registros
civiles, si finalmente no logramos detener su aprobación, constituye para CCOO
no sólo la privatización de un servicio fundamental y obligatorio para los
ciudadanos, sino que constituye un paso más, de enorme gravedad, en la
dirección de desmantelar el Servicio Público de la Justicia como derecho básico
e imprescindible del Estado Social y de Derecho.
Junto a la Ley de Tasas Judiciales, que impide el acceso a
la Administración de Justicia a los ciudadanos con menos recursos (se estima
que más del 60% de las personas que tengan que realizar una reclamación
judicial, no podrían hacerlo, a partir de la entrada en vigor el pasado lunes,
17 de diciembre, por falta de medios), el anteproyecto de reforma de los
registros civiles que será aprobado en Consejo de Ministros próximamente, u
otros proyectos que ya se anuncian como la privatización de las notificaciones
o ejecuciones de sentencias, representan el cambio radical de modelo de la
Justicia, convirtiéndola en un reducto para los intereses privados y reservada
solo para una exigua minoría de la población española.
De la misma forma que desde el 4 de diciembre, pusimos en
marcha una campaña de recogida de firmas entre trabajadores, profesionales y
ciudadanos por la defensa del Servicio Público de la Justicia y para exigir la derogación de la Ley de
Tasas Judiciales y la retirada de todos los proyectos que, como el anteproyecto
de reforma de los registros civiles, pretendan convertir la Justicia en un
negocio, desde CCOO proponemos al resto de sindicatos de la Administración de
Justicia y a los trabajadores intensificar, a partir del 8 de enero, la
movilización e iniciar una campaña de Asambleas en los registros civiles y en
el resto de órganos judiciales para conseguir el máximo seguimiento en las
movilizaciones, sin descartar las más contundentes, para defender los registros
civiles de su privatización y para garantizar los miles de puestos de trabajo
en riesgo con este proyecto.
¡¡¡¡CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES!!!
¡¡¡ EN DEFENSA DEL EMPLEO EN LOS REGISTROS CIVILES Y EN LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA!!!!
¡¡¡ EN DEFENSA DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA JUSTICIA!!!
¡¡¡¡CON LA MOVILIZACIÓN, PAREMOS EL ANTEPROYECTO DE LEY DE
LOS REGISTROS CIVILES!!!!
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