El Gobierno entrega a los Registradores de la
Propiedad y Mercantiles la gestión de los Registros Civiles, cuerpo al que no
casualmente pertenecen el Director y el Subdirector de los Registros y del
Notariado, así como el propio Mariano Rajoy.
El anteproyecto de la Ley de la reforma integral de
los Registros civiles, que está a punto de aprobar el Consejo de Ministros,
contiene modificaciones radicales para la tramitación de todos los actos, hechos
y circunstancias que guardan relación con la identidad de las personas.
Si la movilización no lo impide, a partir de la
entrada en vigor de esta ley, los ciudadanos deberemos pagar por todas las
inscripciones y certificaciones que hasta el momento eran gratuitas, porque
eran prestadas por funcionarios públicos sin ánimo de lucro (Jueces,
Secretarios y Funcionarios Judiciales), mientras lo que pretenden Gallardón y
Rajoy es entregar todas esas actuaciones a los registradores de la propiedad y
mercantiles que cobrarán por esos mismos servicios.
Lo auténticamente escandaloso es que el propio
Director General y Subdirector General de los Registros y del Notariado que han
participado activamente en la dirección de elaboración del texto de la reforma
de la ley de registros civiles, Joaquín
José Rodríguez Hernández y Fco Javier
Vallejo Amo respectivamente, pertenecen al
Cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Tampoco es un secreto
que el propio Presidente del Gobierno pertenece a dicho cuerpo en servicios
especiales y con reserva de plaza.
No se le oculta a nadie que la aprobación de esta
reforma de los registros puede estar plagada de “conflicto de intereses o de captura del regulador”, porque
entregar desde el ministerio de Justicia a los registradores, que son
funcionarios públicos pero que no cobran de los presupuestos del Estado sino de
los aranceles que pagan los usuarios de los servicios que prestan, la gestión
de los registros civiles, plantea como mínimo la duda más que razonable de si
el proceso no está viciado desde su comienzo.
El anteproyecto de reforma integral de los registros
civiles contiene, entre otras, las disposiciones siguientes:
·
Los encargados de los registros serán
los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, a los que se asigna la llevanza de todos los
registros jurídicos. Se les otorgan funciones de coordinación, cooperación,
vigilancia e inspección de los registros.
Serán designados por el Ministerio de Justicia y nombrados
por la Comunidad Autónoma.
Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles cobrarán mediante los
correspondientes Aranceles, a cargo del ciudadano, sus honorarios y los costes
derivados de la prestación del servicio público, que dejará de ser gratuito.
·
Reduce
el número de registros civiles a una por provincia, una en cada isla de las
Baleares y Canarias así como en Ceuta y Melilla. Elimina el Registro civil
central.
·
Atribución a los notarios de la
competencia de celebración del matrimonio civil, así como de la tramitación del expediente previo
y de la escritura pública que será remitida al Registro Civil. Por tanto, el
matrimonio civil, competencia del Juez o Alcalde hasta el momento, deja también
de ser gratuito.
·
Se
introduce una clara discriminación contra el matrimonio civil respecto al
religioso.
·
Mientras
los ciudadanos deberán pagar por las inscripciones y certificaciones, las AAPP
estarán exentas de coste.
·
El personal funcionario que preste
servicios en los registros civiles únicos o en Juzgados con competencias en materia de
registro civil perderán su plaza y
serán reordenados para cubrir las vacantes que existan en los órganos
judiciales. No se garantiza ni siquiera que mantendrán como mínimo las
retribuciones de origen y tampoco que no serán reordenados mediante procedimientos
de movilidad geográfica forzosa.
La privatización de los registros
civiles se hace después de que con cargo a los impuestos de los ciudadanos, el
ministerio de Justicia haya gastado más de 128 millones de euros en la
modernización e informatización de los registros civiles, y ahora se entregue a
los intereses privados no sólo la gestión y cobro a los ciudadanos por actos
obligatorios, sino se les regalen a los registradores esas decenas de millones
de euros que hemos pagado con el sacrificio de todos y con nuestros impuestos.
La desvergüenza del ministro de
Justicia y del Gobierno, tras la aprobación de la infame Ley de Tasas, alcanza
cotas insoportables con este nuevo paso dado en la misma dirección de
privatizar la Administración de Justicia: los ciudadanos con ingresos reducidos
verán imposible en el futuro inmediato su acceso a la Justicia debido a la ley
de Tasas, y ahora, también, no podrán ni siquiera poder solicitar los
certificados obligatorios imprescindibles como los de nacimiento, defunción,
matrimonio….., al tener que pagar por ellos doblemente, con los impuestos y con
los aranceles.
Ante esta privatización de los
registros civiles es necesario recordar, que los registradores de la propiedad
ya han demostrado su falta de preocupación por los intereses de los ciudadanos
cuando organizaciones de consumidores denunciaron el cobro excesivo de los
registradores por la cancelaciones hipotecarias, cuyas cantidades indebidamente
cobradas ascendían, según estas mismas denuncias, a más de 400 millones de
euros.
Los registros civiles realizan
anualmente alrededor de 1.300.000 trámites anuales. Si el arancel por cada
trámite fuera, según todas las informaciones, de entre 10 y 40 euros, no es
difícil obtener el resultado de la recaudación obtenida en la privatización que
pretende el Gobierno. Incluso, aunque fuera verdad que algunos de estos
trámites siguieran siendo gratuitos, la recaudación sería millonaria.
¡¡¡DENUNCIAMOS
QUE EL MINISTRO DE JUSTICIA Y EL GOBIERNO PRETENDEN ACABAR CON LA JUSTICIA COMO
SERVICIO PÚBLICO Y GRATUITO PARA LOS CIUDADANOS!!!
¡¡¡DESPUÉS
DE LA LEY DE TASAS, AHORA PRETENDEN PRIVATIZAR LOS REGISTROS CIVILES!!!
¡¡¡MOVILICÉMONOS PARA IMPEDIRLO!!!
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